Tribunal Constitucional

TC ordena reponer a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo titular

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el procedimiento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que concluyó con la destitución de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular y, en consecuencia, ordenó su reposición. El TC declaró nulos el procedimiento disciplinario PD 002-2020-JNJ y todas las resoluciones emitidas en el marco de dicho procedimiento, «quedando a salvo la competencia de la Junta Nacional de Justicia para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario». «En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo», precisa la resolución. El tribunal resolvió que se violaron los derechos de Gálvez Villegas al no realizar una investigación preliminar y que la resolución mediante la cual se le destituyó no fue debidamente motivada. La sentencia tuvo los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.  Los magistrados Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich votaron por declarar infundado el recurso. Tomás Aladino presentó un recurso de agravió constitucional contra el procedimiento disciplinario que le abrió la JNJ por sus presuntos vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras faltas en el ejercicio de su cargo, el cual concluyó con su destitución el 23 de abril del 2021. Sostuvo que se instauró en su contra el procedimiento inmediato con menores garantías procesales puesto que no se cumplieron los requisito establecidos. Aseguró que se basó únicamente en pruebas ilícitas y recortes periodísticos por lo que no existió una prueba evidente que justificara un procedimiento de esta naturaleza.

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Tribunal Constitucional anula condena de Vladimir Cerrón por caso La Oroya

Al día siguiente de haber sido absuelto por la Corte Suprema en el caso Aeródromo Wanka, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor del prófugo exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, y anuló la condena de cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible en el caso La Oroya. El habeas corpus de Vladimir Cerrón contra las sentencias condenatorias fue respaldado por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández (ponente). En tanto, los magistrados Luz Pacheco, Manuel Monteagudo y César Ochoa votaron por rechazar el recurso. De acuerdo con la decisión en mayoría, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al secretario general de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía. Vladimir Cerrón y el caso La Oroya En el caso La Oroya, se acusó a Cerrón por solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano e incumplir sus obligaciones como gobernador regional. Sin embargo, subraya el TC, en las sentencias condenatorias se llegó a la conclusión de que la negociación incompatible se concretó con la ampliación del plazo para que el consorcio ejecute la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, lo que implicó un pago de 850.000 soles adicionales al presupuesto original. “La propia sentencia condenatoria expresa que ese no es el único hecho por el que se acredita la responsabilidad penal del favorecido (Cerrón), sino que también resultan relevantes los hechos previos, pero sin precisar cuáles”, agrega el fallo. Respecto a la sentencia de segunda instancia, el TC determina que también tiene errores de motivación como, por ejemplo, que no se haya desarrollado “de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido” por parte de Cerrón, interés que sea “ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”. Por ello, el TC declaró nulas las sentencias condenatorias y ordenó al Juzgado Penal de primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, es decir, que se determine nuevamente si es culpable o inocente del delito de negociación incompatible.

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