Poder Judicial

El Poder Judicial declaró infundada la apelación del expresidente de la República Pedro Castillo Terrones contra la resolución que rechazó revisar de oficio el mandato de prisión preventiva que se le impuso tras ser investigado por el delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Esto a causa de su intento de golpe de Estado, el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado supremo César San Martín, argumentó en su resolución que “el riesgo de alejarse de la justicia permanece latente; además de un pedido de pena elevadísima y la procedencia del juicio oral dictado por el juez de la investigación”. Asimismo, precisa el colegiado, que no han surgido nuevos medios de investigación que cambien la situación jurídica de Castillo Terrones, siendo así que, en vía de revisión de oficio, no procede revocar la prisión preventiva, en tanto el recurso de apelación defensivo no puede prosperar. «No existen medios de investigación ulteriores (intervención indiciaria) ni razones basadas en la vigencia del principio de proporcionalidad que permitan variar el mandato de prisión preventiva en curso», se señala en el documento. De esta forma, la Corte Suprema ratificó la decisión del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, que en octubre del año pasado rechazó revisar de oficio la medida restrictiva contra Pedro Castillo y la declaró vigente. En consecuencia el expresidente seguirá recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre del 2022. Pedro Castillo enfrenta un pedido de 34 años de prisión por este delito, por el cual también son investigados los expresidentes del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y Betssy Chávez. El expresidente, además, cumple otra orden de prisión preventiva por 36 meses, por el presunto delito de organización criminal en la investigación por los presuntos actos de corrupción en Petroperú y los ministerios de Transportes y Vivienda.