Poder Judicial

Pedro Pablo Kuczynski no podrá salir del país por los próximos 18 meses

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en la investigación que enfrenta por el delito de lavado activos. La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, Margarita Salcedo Guevara, basó su decisión en que existe peligro latente de fuga, dada la gravedad de los hechos investigados y las altas penas que los tipos penales considera.  Salcedo señaló, además, que, al ser una investigación compleja, ello demanda tiempo, por lo que existe el riesgo que el investigado se aleje del país para evitar que se concluyan las diligencias ordenadas. Durante la audiencia de prisión preventiva, participó el abogado de PPK, Julio Midolo, quien manifestó que el expresidente no se estuvo presente en la audiencia para encontrarse con descanso médico.  Esta audiencia tenía realizarse recién el lunes, pero el Ministerio Público solicitó que se adelantara para el domingo, debido a que Pedro Pablo Kuczynski intentó viajar a Estados Unidos pero fue impedido de hacerlo debido a una alerta migratoria vigente.  El último sábado al borde de la medianoche, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue intervenido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando intentaba salir del país.

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Dos años de prisión preventiva para Liliana Pizán, abogada de alias ‘Cuchillo’

El Poder Judicial (PJ) dictó una orden de 24 meses de prisión preventiva para la abogada Liliana Pizán Chirado, quien viene siendo investigada por los delitos de lavado de activos y organización criminal por su presunto estrecho vínculo con Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’. La medida fue dictada tras el requerimiento del Ministerio Público como parte de las investigaciones a una presunta organización criminal que operaba en la región La Libertad. De acuerdo con las investigación fiscal, Pizán Chirado estaría vinculada a alias «Cuchillo», señalado como líder de una organización criminal dedicada a la minería ilegal, extorsión y homicidios en Pataz (La Libertad). Previamente, se detuvo a la abogada y se le incautó 100,000 soles en efectivo. El nombre de Rodríguez Díaz cobró notoriedad tras la masacre ocurrida en marzo de este año, donde 13 mineros fueron asesinados en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz. Según las autoridades, la abogada Liliana Pizán habría colaborado con la organización en el blanqueo de dinero proveniente de actividades ilícitas, además de cumplir un rol clave en el soporte legal de los miembros del grupo criminal. La Fiscalía sostiene que habría usado su posición profesional para facilitar operaciones financieras encubiertas. Vale mencionar que alias »Cuchillo‘ estuvo prófugo desde el ataque en Pataz, que conmocionó al país por la brutalidad del crimen y el poder armado de la banda delincuencial. Las fuerzas del orden de Colombia lograron su captura, quienes ahora esperan órdenes para su posible extradición.

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Motociclistas presentan demanda judicial para anular uso obligatorio de chalecos

La Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) presentó una demanda de acción popular para dejar sin efecto el uso obligatorio de cascos certificados y chalecos retrorreflectantes con la placa del vehículo en la espalda. Esta exigencia empezó a regir en Lima y Callao y en junio se extenderá en el resto del país. El último viernes, la citada agrupación, a través de la defensa del abogado Alfonso Del Carpio Delgado, presentó la demanda de acción popular contra el Decreto Supremo 006-2025-MTC ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Así, de acuerdo con el expediente 01193-2025-0-1801-SP-DC-01, se pudo conocer que como demandados figura el despacho presidencial de Dina Boluarte y los ministerios del Interior (Mininter) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderados por Carlos Malaver y César Sandoval, respectivamente. Los gremios de motociclistas se sintieron burlados y engañados por el Mininter y el MTC porque, después de diversas mesas de trabajo, no llegaron a ningún acuerdo para suspender la aplicación del uso obligatorio de cascos certificados y chalecos con placa. En un inicio, aceptaron que era una medida desfasada que no iba a servir para combatir la inseguridad ciudadana, pero después cambiaron de posición. Lo cierto es que los delincuentes van a seguir robando y matando con chalecos. No va a tener ningún efecto y se va a afectar a gente honrada”, afirmó David Montes, representante de la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope).

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9 meses de prisión preventiva para ‘El Italiano, presunto asesino de Paul Flores

El Poder Judicial dictó una orden de nueve meses de prisión preventiva para Pierre Panduro Verástegui, alias ‘El Italiano’, quien es investigado por delito de homicidio calificado en agravio del canante Paul Flores García, asesinado el pasado 16 de marzo. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de San Juan de Lurigancho, Elmer Paulino Basilio, consideró que la medida dictada tiene el objetivo de evitar el peligro de fuga del denunciado y por la gravedad de la pena.  El magistrado determinó que la sanción para un caso de este tipo no será menor de 35 años. La orden de nueve prisión preventiva se ha dictaminado además porque Pierre Panduro Verástegui no cuenta con arraigo familiar, domiciliario ni laboral. Panduro Verástegui fue capturado el pasado 8 de mayo en Desaguadero, Puno, cuando intentaba regresar al país para ejecutar un nuevo homicidio. La captura se logró gracias a la información proporcionada por otro integrante de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, quien lo señaló como autor de los disparos contra el bus de la agrupación musical el pasado 16 de marzo. Pier Panduro, ‘El Italiano’, podría ser sentenciado a cadena perpetua (35 años de prisión) por la muerte de Paul Flores, según el requerimiento de la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho. Panduro es considerado uno de los sicarios más peligrosos del país, ya que está vinculado hasta en cinco asesinatos, incluyendo los de José Miguel Jurado Carbajal, Miguel Ángel Salas Briones y Jonathan Malco Oré. Tras su detención, fue trasladado a la División Policial de Lima bajo estrictas medidas de seguridad.

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En agosto inicia el juicio a César Reyes Peña por el desfalco en las maestrías de la UNP

El Juzgado Unipersonal Especializado en Delito de Corrupción de Funcionarios de Piura programó hasta el 22 de agosto el inicio del juicio oral en el proceso penal que se sigue a César Reyes Peña, exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), y otros exfuncionarios de dicha casa de estudios, por el presunto delito de peculado agravado. El juicio está vinculado al caso de las maestrías dictadas en Ecuador, en las que se incurrió en un presunto desfalco económico a la UNP por más de 2.5 millones de soles, y en el que se habrían visto favorecidos César Reyes Peña y compañía. El juicio fue programado después de las elecciones complementarias de la UNP, previstas para el 17 y 18 de junio lo que ha ocasionado dudas entre los docentes de la casa de estudios. «Aparenta ser una casualidad, pero no es así», indicó el catedrático Flavio Gutiérrez, quien cuestionó la fecha seleccionada para el comienzo del procedimiento. Por otro lado, José Ordinola Boyer exigió celeridad en este procedimiento legal. Fiscalía pide 10 años de prisión para César Reyes Peña Por este caso la Fiscalía ha solicitado una pena de 10 años y 8 meses de cárcel para César Reyes Peña. En cambio, para otros involucrados, como Glicerio Taype, Juan Moreano, Juan Cruz, Omar Vences y José Rodríguez, se solicita una sentencia de 9 años de prisión. Además, se pide una sentencia de 8 años de prisión para Bertha Temoche, Reucher Correa, Gaby Martínez, Patricia Valdiviezo y Cristina Carrión. Uno de los elementos esenciales en la denuncia es la declaración de una colaboradora eficaz, quien admitió haber otorgado dinero directamente a César Reyes Peña, derivados del pago de pensiones, asignaturas y otros gastos asociados a las maestrías en Ecuador. Asimismo, ya recibió una condena de cuatro años de prisión suspendida por el mismo caso. “[…] En el caso de Promaina-Machala se cobraba examen de admisión, dos matrículas anuales de 120 dólares […], y pensiones de enseñanza (27 pensiones de 195 dólares cada una); en el caso de Promaina Loja (segunda promoción) eran 25 pensiones de 250 dólares cada una. La sustentación en ambos casos eran de 863.80 soles; algunos han pagado directo y otros a mí, los alumnos ecuatorianos que venían, me pagaban acá en dólares, Reyes me llamaba y pedía el dinero (…)”, confesó.

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Decomisan cuenta bancaria y más de un millón y medio de soles a Vladimir Cerrón

El Poder Judicial incautó una cuenta bancaria y un cheque de gerencia del exgobernador de Junín Vladimir Roy Cerrón Rojas por más de un millón 600 mil soles. La medida fue dispuesta por el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de Lima a cargo del juez Juan Antonio Rosas Castañeda, quien declaró fundada demanda de extinción de dominio  a solicitud de la Fiscalía.  Dicho juzgado dispuso la transferencia de ese dinero a favor del Estado, la cual comprende las cifras de S/ 1’236,543.30 y  S/ 376, 969.13. De acuerdo a la tesis fiscal, no existe una justificación legal para los montos detectados, los cuales estarían relacionados con un incremento patrimonial presuntamente proveniente de actividades ilícitas cometidas durante el mandato de Vladimir Cerrón como gobernador regional de Junín.  Incluso se señala que intentó retirar dichos fondos luego de enterarse de que estaba siendo investigado por lavado de dinero. La Sala de Apelaciones Transitoria Especializada confirmó la decisión judicial que autorizó la incautación del dinero, al considerar que hay indicios razonables que vinculan esos recursos con actos ilegales. Este tipo de medida puede aplicarse incluso sin que exista una sentencia penal firme. Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y actual líder del partido Perú Libre, enfrenta una orden de prisión preventiva por 24 meses en el marco de una investigación por el presunto financiamiento ilegal de su partido.

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Más de 6 años de prisión para sujeto por tala ilegal de cedro en área protegida de San Martín

El Juzgado Penal Unipersonal de Saposoa condenó a seis años y ocho meses de prisión efectiva a Aníbal Pérez Díaz por el delito de tala ilegal de cedro en el área de conservación regional (ACR) Gran Simacache, ubicado en el distrito de Saposoa, provincia de Huallaga, región San Martín. El fallo condenatorio se dictó en audiencia judicial de terminación anticipada del proceso. Este mecanismo permite al imputado reconocer su delito con el objetivo de acelerar el proceso judicial. En este caso, Pérez Díaz fue hallado culpable de atentar contra los recursos naturales en la modalidad de delito contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada. El delito de tala ilegal está previsto en el numeral 1 del artículo 310-C del Código Penal. El sentenciado deberá, además, cumplir 25 jornadas de prestación de servicios a la comunidad y pagar una reparación civil de 2000 soles a favor del Estado. Las investigaciones del caso indican que el atentado ambiental fue cometido en septiembre de 2024. A pesar del tiempo transcurrido, las pruebas contra el acusado fueron contundentes. La destrucción de bosques se produjo en la jurisdicción de la Concesión para la Conservación Gran Simacanche, ubicado en el distrito de Saposoa, provincia de El Huallaga en la región San Martín. La zona afectada tiene una extensión de aproximadamente media hectárea, la misma que presentaba indicios de tala y quema de bosque primario con afectación de especies forestales de cedro, ishpingo, moena, caraña, entre otros. Este tipo de concesiones otorga el derecho de aprovechar productos del bosque no maderables. Además, implica realizar ecoturismo y actividades de conservación. Todo ello se realiza de acuerdo a un plan de manejo aprobado por la autoridad forestal. Aníbal Pérez Díaz continuará recluido en el establecimiento penitenciario de Juanjuí, donde ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva, tras ser detenido el 26 de septiembre del año 2024, en flagrancia delictiva.

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Juzgado de Piura absuelve al policía Elvis Miranda del delito de homicidio

Luego de un proceso legal que duró más de seis años, un juzgado de Piura absolvió al suboficial PNP Elvis Miranda Rojas del delito de homicidio culposo. Durante una intervención en el año 2019, el policía abatió a una persona en el distrito piurano de Castilla. En adelanto de fallo, la jueza del Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Piura, Estela Alva Quinto, declaró inocente del delito de homicidio culposo al suboficial Elvis Miranda. Sin embargo, se le impuso una reparación civil de S/ 20,000 a favor de los deudos de la víctima, decisión que su defensa anunció que apelará. Los hechos ocurrieron el 13 de enero del 2019 en el asentamiento humano Tacalá, cuando el agente policial disparó al cuerpo de Juan Carlos Chocán, quien fue acusado preliminarmente de robar una billetera a mano armada a dos ciudadanos. El presunto delincuente, un desertor del Ejército con antecedentes penales, perdió la vida en el altercado. La respuesta de sus familiares fue violenta: atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos. La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda. El suboficial estuvo internado en el penal de Piura (ex Río Seco), pero a los pocos días fue liberado gracias a un hábeas corpus interpuesto por el Ministerio del Interior. La lectura integral de la sentencia absolutoria será el 9 de mayo de 2025 en la Corte Superior de Justicia de Piura.

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Otra sentencia Lava Jato: 35 años de prisión para el empresario Rómulo Peñaranda

Luego de la sentencia por lavado de activos al expresidente Ollanta Humala, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato logró una nueva sentencia. En adelanto de fallo, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó al empresario Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, directivo de Alpha Consult S.A., a 35 años de prisión por el delito de lavado de activos, pena que cumplirá con detención domiciliaria debido a su edad. El colegiado también sentenció a su hijo, Rómulo Jorge Peñaranda Málaga, a 20 años de prisión.  El tribunal los encontró responsables de haber recibido cerca de US$ 3 millones de procedencia ilícita de la empresa Odebrecht, a través de la Banca Privada de Andorra de Panamá, entre los años 2012 y 2018.    La referida sentencia se ejecutará cuando esta adquiera la calidad de firme y ejecutoriada en tanto ambos deben cumplir reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. El colegiado impuso a ambos sentenciados reglas de conducta como no ausentarse del lugar donde residen e impedimento de salida del país, bajo apercibimiento de ejecutarse de manera provisional la pena impuesta. También, el pago de una reparación civil ascendente a S/ 3 millones 662 mil y una multa de S/ 6 millones 975 mil a la empresa Alpha Consult S. A. El tribunal dispuso, también, el decomiso definitivo de bienes muebles e inmuebles de los sentenciados y de la empresa Alpha Consult S. A., para lo cual ordenó oficiar al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para su ejecución y fines correspondientes.  Rómulo Peñaranda, exgerente de la empresa Alpha Consult, se desempeñó como supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur.  Según la imputación de la fiscalía, cuando ocupó ese cargo, la constructora brasileña Odebrecht le pagó sobornos con el fin de que no entorpezca la ejecución de las obras. La lectura íntegra de la sentencia será realizada el lunes 12 de mayo, a las 16:00 horas.

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Piura: El feminicida que fue condenado a 25 años y 8 meses de prisión

El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria de 25 años, ocho meses y siete días de pena privativa de la libertad efectiva para William Paul Atiaja Zapata, feminicida que acabó con la vida de su expareja en Piura. El fiscal adjunto provincial Deywi Calle Barreto probó en juicio oral que el hoy sentenciado acuchilló ferozmente a su expareja y le causó la muerte de manera instantánea, el 17 de julio del 2024, en la puerta de su domicilio ubicado en el asentamiento humano El Indio del distrito de Castilla. Tras actuar diversos órganos y medios probatorios que demostraron su culpabilidad, obtenidos en la investigación preliminar y preparatoria, en la audiencia de lectura de sentencia, con las partes procesales presentes, el juzgado de Piura también dispuso que el feminicida William Paul Atiaja Zapata pague 85,000 soles por concepto de reparación civil a favor de los herederos de la agraviada. Sin embargo, el Ministerio Público no quedó conforme con la condena impuesta e interpondrá recurso de apelación en el tiempo de la pena y en la reparación civil, ya que considera que debe ser más tiempo de cárcel y mayor el monto a pagar. William Paul Atiaja Zapata ya se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de varones de Piura (exRío Seco), donde cumple una orden de prisión preventiva por este caso.

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