Esta semana el gobierno oficializó la convocatoria internacional para contratar la asistencia técnica necesaria para la ejecución del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), una obra emblemática en la región que lleva casi cuatro décadas en espera. Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Proyecto Alto Piura se ejecutará bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y contempla la puesta en marcha de los componentes I, III y IV. Desde 1988 se empezó a hablar formalmente de este proyecto y ya han pasado 37 años. Actualmente la obra está estancada y abandonada, con apenas un 20% de avance. Y lamentablemente varios escándalos de corrupción han acompañado este proyecto desde sus inicios. ¿En qué consiste el Proyecto Alto Piura? El objetivo del Proyecto Alto Piura es irrigar 50 mil hectáreas de cultivo del valle del Alto Piura (31 mil del valle tradicional y 19 mil de tierras nuevas), a través del trasvase de las aguas del río Huancabamba (335 millones de metros cúbicos) al río Piura. Además, se busca generar energía renovable a través de la instalación de centrales hidroeléctricas. El proyecto consta de cuatro componentes. El primero consiste en la perforación de un túnel trasandino de 12.73 km ─de los cuales solo se ha avanzado 2.24 km─ en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, y la construcción de una presa tronera sur. Estos trabajos debieron estar listos en el 2013. Por muchos años el agua de las lluvias ha discurrido hacia el mar. Se desperdicia porque no existen reservorios para almacenar el recurso y tampoco conductos para trasladarlo hacia los campos de cultivo que no tienen una quebrada o río cerca. Es por eso que el Peihap pretender ser la primera gran obra que permita llevar agua hacia el valle más alto de la región. Así empezó el Proyecto Alto Piura La empresa brasileña Camargo Correa (luego incluida en el caso Lava Jato) fue la primera en contratar con el Peihap para ejecutar la primera etapa del proyecto, que no tenía expediente técnico. El avance fue poco significativo, ya que se enfocaron en tareas previas, como construcción de caminos de acceso, campamentos y líneas de transmisión. La firma del contrato se hizo en el 2010, durante el gobierno de Alan García. Los apristas Javier Velásquez Quesquén y César Trelles Lara eran, respectivamente, presidente del Consejo de Ministros y presidente regional. Previamente, vía decreto de urgencia N° 033-2009, se había dispuesto “asegurar el financiamiento” de la obra, con S/ 75 millones. Pese a que el Gobierno Regional Piura aprobó hasta nueve adicionales por más de S/ 76 millones a favor de la firma brasileña, en diciembre del 2013 Camargo Correa paralizó los trabajos aduciendo la no aprobación de otros adicionales, y demandó al Estado. En total a la constructora se le desembolsaron S/ 259’711.193,63, por concepto de pagos por adelanto, valorizaciones, adicionales, laudos arbitrales e intereses legales. Gestión Hilbck y Obrainsa-Astaldi Pasaron dos años para que se reanude la obra, esta vez con el consorcio Obrainsa-Astaldi, de capitales peruanos e italianos. En diciembre de 2015 el entonces presidente regional, Reynaldo Hilbck, suscribió el contrato con los representantes de las empresas privadas. Los meses siguientes no estuvieron exentos de problemas, sobre todo por desavenencias con comunidades aledañas al Peihap, que reclamaban proyectos de impacto social; y por la investigación fiscal iniciada a Obrainsa como parte del ‘Club de la Construcción’. Esto último generó pérdida de liquidez a la firma, que, al verse desfinanciada, se declaró en imposibilidad de continuar con la obra y terminó abandonándola en agosto del 2018, en medio de varias solicitudes de adicionales y ampliaciones de plazo con el Peihap. Más de S/ 3 millones en menos de tres años se terminaron aprobando a favor del consorcio por concepto de adicionales, y en total se le canceló S/ 154’014.902,68. Además, todavía había pendientes de resolver 13 procesos arbitrales planteados por Obrainsa-Astaldi, por S/ 25 millones, al Gobierno Regional Piura. Luego de que el consorcio Obrainsa-Astaldi retirara a su personal y desmontara máquinas y campamentos del proyecto, se hizo público que mantenía deudas por S/ 11’166.558,90 y US$ 4’827.384,40 con un grupo de proveedores piuranos y limeños que habían brindado servicios de transporte y alimentación. En tanto, el proyecto quedaba abandonado, para lo cual se hace necesaria una limpieza del túnel, previa liquidación de la obra. Proyecto Alto Piura: Las denuncias El Proyecto Alto Piura ha ameritado varios procesos administrativos, investigaciones y denuncias penales que incluyen tres gestiones regionales. Una de las más conocidas estuvo a cargo del despacho de la Sexta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, e involucra al ex presidente regional Javier Atkins (2011-2014), en cuya gestión se habría favorecido a Camargo Correa con ampliaciones de plazo que no eran técnicamente procedentes, según las normas de contratación del Estado. En la denuncia se incluye a Reynaldo Hilbck como ex presidente del Consejo Directivo del Peihap, en el 2013, a otros catorce ex funcionarios y tres representantes de la empresa brasileña. Los delitos imputados son colusión agravada y negociación incompatible. Dada la relación de Camargo Correa con el caso Lava Jato, y que el Proyecto Alto Piura inició sin expediente técnico, también se responsabilizó en su momento al ex presidente regional César Trelles Lara (2003-2010) de ciertas irregularidades en el contrato. Ello ameritó un proceso investigativo del Consejo Regional que terminó recomendando al Ministerio Público denunciar penalmente a Hilbck, Núñez y otros funcionarios por los presuntos delitos de colusión, omisión de actos funcionales, negociación incompatible y fraude. Por otro lado, los proveedores impagos presentaron, en noviembre del 2018, una denuncia penal en la Fiscalía de Huancabamba contra el consorcio Obrainsa-Astaldi, acusando los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir, dada la deuda que aún mantiene. Tras una auditoría de cumplimiento, en diciembre del 2018 la Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 77’578.425 en la obra de construcción de la presa tronera y perforación del túnel trasandino. La responsabilidad, según la entidad, alcanza a veinte ex funcionarios. Así las cosas, actualmente, el Proyecto Alto Piura se encuentra
