Ministerio Público

Dina Boluarte pasa cinco horas en silencio ante la Fiscalía por caso Qali Warma

La presidenta Dina Boluarte asistió a declarar ante la Fiscalía por cerca de cinco horas, pero se acogió al silencio en el marco de las investigaciones del caso Qali Warma, por la provisión de alimentos para dicho programa favoreciendo a un allegado cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La mandataria hizo su ingreso a la sede fiscal al promediar las 8:20 a.m., en medio de un despliegue policial menor al de similares ocasiones. El vehículo de la jefa de Estado entró por la cochera de la Fiscalía acompañado por una escolta presidencial. Minutos después de la 1 de la tarde, Boluarte Zegarra abandonó la sede del Ministerio Público, sin brindar declaraciones a la prensa. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Dina Boluarte, en su condición de ministra de Estado, habría favorecido con contratos del programa Qali Warma a la Corporación Belcen, empresa que le pertenece a Cluteldo Beltrán Salinas. Los contratos que investiga la Fiscalía son los que obtuvo la compañía para la provisión de alimentos por 4’700′ ‘000 soles en el programa Qali Warma, adscrito al Midis. Cluteldo es hermano menor de Eduvigis Beltrán Salinas, quien, según las acusaciones de la profesora Maritza Sánchez y del empresario Henry Shimabukuro, fue uno de los aportantes de la campaña electoral de Dina Boluarte a la Vicepresidencia de la República en el 2021.

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Piura: Ocho años de prisión efectiva para sujeto que acosaba a su trabajadora

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia condenatoria de ocho años de prisión efectiva para un sujeto identificado como Manuel Emilio Siancas Adanaqué (33 años), por el delito de acoso sexual en agravio de una trabajadora de su empresa. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura. Según esta indagación, Manuel Siancas constantemente le hacía proposiciones sexuales a la agraviada desde que ingresó a laborar en la misma empresa, llegando incluso a ofrecerle dinero para que pase un fin de semana con él. El juzgado dispuso la ubicación, captura e internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Siancas Adanaqué, ya que actualmente se encuentra no habido. Asimismo, deberá pagar 3000 soles como reparación civil a la víctima. Además, no podrá acercarse a ella definitivamente, bajo pena de incurrir en un nuevo delito. Es importante indicar que el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante.

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Piura: Fiscalía y PNP investigan «desaparición» de cuatro lingotes de oro incautados en Suyo

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan la «desaparición» de cuatro lingotes de oro, con un peso total de 12 kilogramos, incautados el 23 de enero de 2024 en Suyo, Ayabaca (Piura). La investigación involucra a altos oficiales de la Policía Nacional, suboficiales y representantes del Ministerio Público, tras detectarse que el oro fue sustituido por cobre. El general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, explicó que el procedimiento inicial de decomiso se realizó con la intervención de una fiscal y agentes de la Policía de Carreteras, quienes trasladaron los lingotes a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) en Sullana. Sin embargo, en algún punto del proceso, la cadena de custodia se habría vulnerado. El caso ha generado preocupación, ya que en la fecha de la incautación se detuvo a dos personas –un ciudadano ecuatoriano y otro proveniente de Cajamarca–, quienes fueron liberados por decisión fiscal pese a no contar con arraigo. Según declaraciones del general Farías, la Inspectoría de la PNP inició una investigación administrativa y disciplinaria en su momento, y los agentes a cargo de la intervención fueron rotados. La alerta sobre la desaparición de los lingotes surgió cuando un fiscal solicitó su retiro del Banco de la Nación y el peritaje reveló que los lingotes habían sido reemplazados. Fotografías del decomiso original evidencian que el oro tenía marcas y códigos de identificación, los cuales fueron adulterados.

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Fiscal de la Nación advierte graves riesgos en cambios a la Ley de Extinción de Dominio

Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso de la República buscan excluir los delitos de corrupción, lavado y crimen organizado de la incautación de bienes obtenidos en forma ilícita. Así lo advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. A través de un pronunciamiento público, precisó que de prosperar las modificaciones, pendientes de una segunda votación en el Parlamento, se limitaría la Ley de Extinción de Dominio y llevarían a que el Ministerio Público retroceda en su misión de investigar y perseguir el delito. “Nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373 que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, aseveró. Los cambios, de acuerdo a Espinoza, solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita. Además, permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas cuando es sabido “que un bien ilícito nunca se convierte en legal”. La fiscal de la Nación consideró que representa un riesgo mayor para la lucha contra la criminalidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 1373, sobre Extinción de Dominio. “Esperamos con optimismo sea declarada infundada porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, refirió. ¿Qué permite la Ley la Extinción de Dominio? Delia Espinoza dijo a la población que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración de la legalidad, dado que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente relacionados con corrupción, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas y otros. Lo que facilita la ley, según explicó, es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, más no afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios y personas honestas que con su trabajo legal aportan al desarrollo económico y social del país.  Recordó que con la aplicación de esta ley el país ha podido recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles en bienes y dinero obtenido en forma ilícita y evitó que los delincuentes o testaferros disfruten de fortunas mal habidas.

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Piura: Policía acusado de recibir coima se va siete meses a prisión preventiva

El Poder Judicial dictó una orden de siete meses de prisión preventiva para el suboficial PNP Renato Gabriel Calle Dioses (32), quien es investigado por el Ministerio Público como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, al haber recibido una supuesta coima en Piura. Los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2024, cuando Calle Dioses y otro efectivo policial intervinieron a un sujeto con requisitoria por omisión de asistencia familiar y, en lugar de entregarlo a las autoridades, lo habrían liberado tras recibir una coima de 2000 soles. El fiscal adjunto provincial José Jiménez Moscol sustentó la medida con pruebas que vinculan a Calle Dioses con el delito imputado. Las pruebas fueron obtenidas tras las confesiones y acuerdos de terminación anticipada de los otros implicados. Así, el fiscal Jiménez consiguió la condena de cinco años de prisión suspendida para el suboficial PNP Jesús Alfredo Franco Peña, como cómplice, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 10 000 por reparación civil. Asimismo, se sentenció a tres años y cuatro meses de prisión suspendida a Carina Jackeline López Riva, quien entregó la coima, como autora del delito de cohecho activo, además del pago de una reparación civil de S/ 1700 a favor del Estado. Tanto ella como Franco Peña deberán cumplir reglas de conducta para evitar su encarcelamiento. Mientras tanto, el suboficial Calle Dioses seguirá siendo procesado y podría enfrentar un requerimiento de hasta seis años de pena privativa de la libertad, según el artículo 393 del Código Penal.

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Fiscalía incauta 36 kilos de oro a empresa minera vinculada a la familia Miu Lei

La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró que se declare fundada la medida cautelar de incautación de tres barras de oro doré que pertenece a la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C. Esta empresa está vinculada a la familia Miu Lei, que viene siendo investigada por minería ilegal y lavado de activos, en complicidad con Andrés Hurtado ‘Chibolín’. Las barras doré son una mezcla de oro, plata y otros metales. El material aurífero está valorizado en aproximadamente en USD 1’500,000 y peso alrededor de 36 kilogramos. La Fiscalía incautó el oro en la sede del Banco de la Nación. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público han revelado que la procedencia del oro sería ilícita, ya que los Miu Lei no han podido acreditar de manera fehaciente su origen legal ante las autoridades aduaneras. Por el contrario, existen múltiples indicios que vincularían el mineral con actividades de minería ilegal. Asimismo, los proveedores de la empresa familiar, como Oscar Renee Ordoñez Gonzales (empresa Norte 505 S.A.C.), José Manuel Atoche Nole, entre otros, presentan serias inconsistencias en sus operaciones, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que el oro proviene de fuentes ilegales. Es importante destacar que, desde el año 2014, la empresa Minera Las Lomas Doradas S.A.C. ha realizado un total de 396 declaraciones aduaneras de mercancías, por el monto de US$ 1,014,322,461.95. Con esta incautación, el Ministerio Público demuestra su compromiso en la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos, delitos que afectan gravemente al Estado y a la sociedad en su conjunto.

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Desarticulan organización criminal que extorsionaba a transportistas en Lima Norte

En un megaoperativo de madrugada, el Ministerio Público, con el apoyo de la Policía Nacional logró la captura de 11 presuntos integrantes de la organización criminal «Antitren», también conocida como D.E.S.A., dedicada a extorsionar a empresas y conductores de transporte público en Lima Norte. Durante el allanamiento simultáneo en 13 inmuebles de San Martín de Porres, 30 fiscales de Lima, Ventanilla y Callao, junto con la Policía, lograron intervenir en flagrancia a seis ciudadanos venezolanos, dos colombianos y un peruano, entre los que se encontraba el presunto cabecilla, identificado con el alias de «Edward», quien sería familiar de sangre del “Maldito Cris”, fallecido sicario venezolano. “El sujeto conocido como Edward es extranjero, de nacionalidad venezolana. Estamos realizando las verificaciones correspondientes para saber si tiene un vínculo con el Maldito Cris”, declaró el general Marco Conde, de la Dirincri. Las investigaciones comenzaron en diciembre del 2024 tras denuncias de transportistas de la empresa Etnolsa, que cubre la ruta San Martín de Porres – Magdalena. Según la tesis fiscal, la organización criminal exigía el pago de 35 soles por cada unidad de transporte para permitirles circular en su ruta. Su base de operaciones estaba en el Cerro Candela, desde donde ejecutaban actos de amedrentamiento contra sus víctimas.     Durante la intervención se hallaron materiales explosivos, una granada y abundantes municiones, además de un celular y una computadora portátil que contenían diseños de stickers utilizados para extorsionar a los transportistas. “El campo de acciones era Lima Norte y Lima Este, querían apoderarse de las rutas extorsionando a los transportistas. Ya habían comprado una cúster y planeaban adquirir más para dominar el transporte”, agregó el general Conde.

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Ministerio Público presenta denuncia constitucional contra el excongresista César Combina

El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el excongresista César Combina Salvatierra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. A través de su cuenta en X (Twitter), la Fiscalía de la Nación informó que la denuncia fue presentada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del organismo. “Los hechos están referidos a que, entre el 16 de marzo de 2020 y el 26 de julio de 2021, de manera continua y permanente, (César Combina) habría incrementado ilícitamente su patrimonio en un importe de S/ 472 868.67”, se lee en el comunicado publicado. De acuerdo con el Ministerio Público, se detectó la existencia de abonos bancarizados de origen y procedencia desconocidos realizados a Combina Salvatierra por un total de S/ 948 063, según lo determinado por una pericia contable financiera. “En ese contexto, no solo resultaría ser un incremento significativo que carece de un ámbito de procedencia ilícito corroborado, sino que también no guardaría relación con sus ingresos legítimos percibidos por todo concepto”, concluye el documento. César Combina se defiende César Combina Salvatierra se pronunció a través de su cuenta de X sobre la denuncia constitucional y aseguró que está basada en una pericia contable con “graves omisiones y fallas”. “Lamento aclarar al Ministerio Público que su pericia contable tiene graves omisiones y fallas que incluyen muchos ingresos y recursos previos a mi cargo como congresista. Además de violar el debido proceso y permitirme una defensa justa”, escribió el exlegislador. “Sobre mi situación contable (antes, durante y después de mis 16 meses como congresista) en donde siempre manejé recursos propios, de mi familia y de mi empresa. La denuncia constitucional es parte de una muestra de abuso que la Fiscalía hace en una investigación incompleta”, añadió. César Combina fue congresista de la República por la región Junín en el periodo 2020-2021 por el partido Alianza Para el Progreso.

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Dina Boluarte cuadruplicó su patrimonio en solo tres años: ingresos anuales suman más de S/ 790 mil

La última declaración jurada presentada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, a la Contraloría General de la República muestra que en el año 2024 sus ingresos anuales alcanzaron los S/ 792,167.99, una cifra que se cuadriplicó en solo tres años, desde que ocupa el cargo presidencial. En 2021, Boluarte reportó un ingreso de S/ 160,415.06, mientras que en 2022 registró S/ 389,519.23, y en 2023 declaró S/ 593,347.31. Todos estos montos consignados en el rubro «otros», incluyen bienes de valor, como autos, joyas, propiedades arrendadas o cedidas, intereses generados por la colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, entre otros. En marzo de 2024, una investigación periodística reveló que Dina Boluarte utilizó relojes de lujo marca Rolex en eventos públicos sin haberlos declarado en su patrimonio. El 18 de marzo de 2024, la Fiscalía inició una investigación preliminar a la presidenta por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos. El 30 de marzo, fiscales y agentes policiales allanaron la residencia de Boluarte en Lima y el Palacio de Gobierno en busca de los relojes no declarados. Boluarte afirmó que los rolex eran préstamos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y que ya habían sido devueltos. Sostuvo que, al no ser de su propiedad, no estaba obligada a declararlos en su patrimonio. Sin embargo, esta explicación no convenció a la opinión pública ni a las autoridades, ya que Oscorima tiene antecedentes de regalar relojes de lujo a funcionarios públicos, lo que incrementó las sospechas de corrupción.

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Derrame de petróleo en Lobitos: Continúan diligencias fiscales por delito de contaminación

El fiscal titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana, Luis Sosa Carrillo, informó que continúan con las diligencias de investigación preliminar por el derrame de petróleo registrado en las playas de Lobitos, Piura, el pasado 20 de diciembre de 2024. La Fiscalía busca determinar la comisión del presunto delito de contaminación del medio ambiente imputado a algunos funcionarios de la empresa estatal Petroperú y a los responsables del buen funcionamiento de la Refinería de Talara. Sosa Carrillo dijo que conforme se recibió la denuncia tras el derrame de petróleo, se llevó a cabo un trabajo de campo en el lugar de los hechos con un equipo forense, que determinó el inicio de una investigación preliminar de 60 días. Los peritos de la Fiscalía especializada realizaron las diligencias para que, junto con los informes de la OEFA, Produce, SERFOR y Osinergmin, entre otros, permitan determinar la comisión del delito de contaminación ambiental, la formulación de la denuncia penal de los autores responsables y la reparación civil. Durante su informe a la Comisión de Fiscalización del Congreso, en asamblea pública desarrollada la tarde del último viernes, el fiscal dijo que los informes técnicos serán determinantes para acreditar la trascendencia y magnitud del daño en el ecosistema marino.

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