Ministerio Público

Cuellos Blancos: 46 imputados por organización criminal y otros delitos son acusados penalmente

Este lunes 31 de marzo, se inicia el control de acusación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una presunta organización criminal que tenía como finalidad obtener y ejercer el control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia para sus propios intereses. Esta acusación corresponde a la carpeta fiscal 05-2018, conocida como la carpeta madre, en la cual se obtuvo conversaciones a través de la interceptación telefónica en tiempo real.  Dicha interceptación, que contó con la autorización judicial, puso al descubierto los diversos actos ilícitos sobre la existencia de la citada organización criminal. Estas conversaciones generaron las investigaciones que lleva a cabo el citado equipo especial. La Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ (Segundo Despacho) culminó la investigación y presentó la acusación penal contra 46 personas por 11 delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. En total, son 113 hechos ilícitos identificados que cometieron los integrantes de esta organización criminal. Esta acusación que corresponde a integrantes de la organización que no están sujetos a ningún tipo de prerrogativa o proceso especial por razón de su función. Ahora, el proceso penal pasará a la fase de control de acusación (etapa intermedia), en la cual se presentarán las imputaciones formuladas, se ofrecerán las pruebas para actuar en juicio oral y se solicitarán las penas a imponerse y la reparación civil. ¿Desde cuándo operaban Los Cuellos Blancos del Puerto? De acuerdo con la acusación fiscal, la citada organización criminal se gestó entre los años 2009 y 2010 al interior de la Corte Superior de Justicia del Callao para cometer actos ilícitos contra la administración pública y corrupción. En dicho período, César Hinostroza Pariachi, como presidente de dicho distrito judicial, se habría aprovechado supuestamente de su cargo para dirigir las citadas actividades ilegales. El exmagistrado es procesado en una Fiscalía Suprema. En la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto, también operaban funcionarios y servidores públicos del distrito judicial del Callao, así como empresarios, abogados litigantes y otros particulares. Entre los principales acusados por este caso se encuentran los exasesores de la presidencia de la Corte del Callao, Gianfranco Paredes y Nelson Aparicio; el exgerente de Administración de la Corte del Callao, Carlos Parra; John Misha, chofer y hombre de confianza de Walter Ríos, expresidente de la referida Corte; así como otros funcionarios y servidores de dicho distrito judicial. Ellos habrían estrechado lazos de confianza y cooperación con los abogados coimputados como Jacinto Salinas, Maximiliano León, Marcelino Meneses, entre otros; y empresarios como Mario Mendoza.  De acuerdo a la acusación fiscal, ellos buscaron beneficiarse y ejercer influencias en los magistrados que llevaban casos judiciales sobre los que tenían interés.

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Fiscalía incauta suero fisiológico de clínica donde se murió una joven en Cusco

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Santiago, en Cusco, incautó 535 botellas de suero fisiológico 0,9 % de la clínica Oxigen Medical Network O2 de la ciudad imperial, donde murió una joven y dos personas se hallan en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras haber haberles suministrado este suero. La fiscal Elsa Girondas Mar confirmó que, del total, unas cinco de las botellas serán sometidas a pericias, como parte de las investigaciones que realiza. Una botella de suero fisiológico se halló vacía y habría sido utilizada en la paciente Melissa Guzmán Alarcón (33), actualmente con muerte cerebral. Al salir de la clínica Oxigen Medical Netword, ubicada en la Urb. Huancaro del distrito de Santiago, donde se procedió al lacrado de la sustancia, la fiscal aseguró que sí hay cooperación del personal de la referida clínica, confirmando que forman parte de las investigaciones. “Sí, se ha incorporado a los representantes (de la clínica) mientras que se determine cuáles han sido las causas de muerte”, subrayó la fiscal, y respecto al cirujano Max Gonzales Saavedra, que intervino a las pacientes, afirmó que se justificó preliminarmente su liberación. “El destino de estos sueros es determinar, que como se indican, son peligrosos y si se comprueba con las pericias se va a hacer la destrucción”, especificó.

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Hallan libretas con números de teléfono para extorsión en el penal de Piura

El Ministerio Público realizó un allanamiento en el penal de Piura (ex Río Seco), donde halló libretas que contenían abundantes números de teléfono para víctimas de extorsión por parte de internos de este establecimiento penitenciario. El equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, encabezado por el fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira, llevó a cabo un allanamiento en la celda del interno Denis M., en el penal de Piura. Durante la diligencia, se encontró una libreta con el número telefónico de la persona que denunció haber sido extorsionada. Según las investigaciones, el número de Yape proporcionado para realizar un depósito de mil soles y evitar atentar contra la vida de la víctima pertenece a Jorge M., hermano del interno. Este, a su vez, envió una parte del dinero a Eduard P., quien, junto con Jorge M., fue detenido. Durante la requisa, con apoyo de personal policial del área de extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, se incautaron cuadernos que contenían más números telefónicos y nombres, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que las llamadas extorsivas se originaron en el penal, involucrando a los tres detenidos.

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Prisión preventiva para investigados por muerte de padre de familia frente a colegio en Piura

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Ítalo Mendoza (21) y Christian Rojas (25), investigados por el presunto delito de homicidio calificado. Ambos son acusados de asesinar a César Ramírez Farfán, quien fue asesinado cuando recogía a su hijo en el colegio Ricardo Palma de Castilla, en Piura. Sin embargo, dictó comparecencia con restricciones para Diana Cruz (26), presunta cómplice de ambos imputados e investigada por los delitos de tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas. En su vivienda se halló la motocicleta que habrían usado los sicarios. La Fiscalía de Piura dio a conocer que también se investiga penalmente a David Martens y Jhan Morocho, quienes, sin embargo, quedaron en libertad, al no habérseles encontrado vinculación directa con los hechos. A ambos se les efectuó pericias de absorción atómica, sarro ungueal, entre otras diligencias, a fin de determinar la vinculación de ambos con los sucesos materia de investigación. La tesis fiscal que sostiene el representante del Ministerio Público es que el conductor Ítalo Mendoza habría participado en calidad de autor del delito de homicidio calificado, mientras que Christian Rojas habría conducido la moto en el momento que se produjo el asesinato.

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Exfutbolista Roberto Guizasola es investigado penalmente por violencia contra su expareja

El Ministerio Público anunció que abrió investigación preliminar contra el exfutbolista peruano Roberto Guizasola (40), por los presuntos delitos de violación sexual, difusión de imágenes con contenido sexual, y violencia psicológica en agravio de su expareja. La investigación está a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del distrito limeño de Carabayllo. Según la denuncia policial, el pasado 13 de marzo, Roberto Guizasola agredió psicológicamente a la víctima en su vehículo y luego la amedrentó verbalmente mediante redes sociales. La agraviada denunció también que, en noviembre de 2024, fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto Guizasola, quien, además, habría compartido fotos y videos íntimos de ella en internet. El Ministerio Público dispuso que se programe la entrevista única en cámara Gesell y la evaluación psicológica de la víctima; se realice la visualización de su teléfono y sus redes sociales; y se reciba la declaración del investigado con presencia de su abogado; así como la declaración de la madre de la víctima. Se dispuso también que se oficie al Poder Judicial para que otorgue medidas de protección a la denunciante, así como su incorporación al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público; entre otros.

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Fiscalía allana nuevamente casa y oficina del ministro del Interior, Juan José Santiváñez

El Ministerio Público allanó la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por segunda vez. La operación se realizó junto con personal de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) la Policía Nacional del Perú (PNP), desde las 5:00 de la mañana de este miércoles 19 de marzo. Las autoridades ingresaron a la vivienda en el marco de las investigaciones que se le sigue al titular del Mininter por el presunto delito de tráfico de influencias. La tesis fiscal refiere que cuando el ministro, antes de ocupar el cargo, habría cobrado 20 mil dólares por facilitar algún proceso en el Tribunal Constitucional. “La Fiscalía insistió en llevar la diligencia sin que mi abogado designado estuviera aquí, para que finalmente no haya ninguna cuestión al respecto, donde se alega algún tipo de entorpecimiento. Han revisado absolutamente todos los vehículos, todas las habitaciones de mi propiedad”, señaló Santiváñez. La primera vez que ocurrió una intervención a la vivienda del ministro, el político cuestionó esta medida. “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”, dijo. Por su parte, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la filtración de información previa al allanamiento de la vivienda y despacho del titular del Mininter. Lamentó que el procedimiento judicial se haya visto comprometido debido a la falta del factor sorpresa, elemento clave en este tipo de diligencias. Espinoza afirmó que la medida se ejecutó únicamente para cumplir con una formalidad, ya que la divulgación anticipada de la operación habría permitido a Santivañez tomar medidas para ocultar posibles pruebas.

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Fiscalía abre investigación por asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10

La Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho, en Lima, inició una investigación y realiza diligencias preliminares contra los que resulten responsables del ataque al bus de la orquesta Armonía 10 y el asesinato del cantante Paul ‘El Ruso’ Flores. El fiscal provincial Miguel Janampa, a cargo de la investigación, informó que dispuso efectuar las pericias de criminalística en el vehículo para identificar los casquillos de bala. Además, solicitó un barrido de las cámaras de seguridad de las zonas por donde transitó el bus. También se recopilan las declaraciones testimoniales de los representantes de la orquesta para tener mayor información sobre los actos extorsivos, entre otras diligencias urgentes que requieren la participación de peritos especializados para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso la ejecución del Plan Cerco y la movilización de personal operativo para dar con la pronta captura de los responsables del atentado contra el bus de Armonía 10 y la muerte de su vocalista. Mediante un comunicado, señaló que un equipo especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP se encuentra investigando en la zona donde ocurrieron los hechos para recabar toda la información e indicios que ayuden para dar con los delincuentes.

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Fiscalía pide prisión preventiva para policía de la Divincri Piura acusado de violación

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres de Piura presentó requerimiento de nueve meses de prisión preventiva para un efectivo policial acusado de haber violado sexualmente a una detenida en el calabozo. La mujer denunció que el hecho ocurrió el pasado 7 de marzo cuando se encontraba detenida en la Divincri Piura. Según la denuncia, el efectivo policial Edwin P. H. B. (31) le propuso «arreglar» y «colaborar» para ser liberada irregularmente, mientras la forzaba a que toque sus partes íntimas y le quitaba la ropa. El efectivo policial quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía al estar siendo investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual. La Fiscalía ya recabó el testimonio de la denunciante y de testigos, realizó la constatación del lugar donde presuntamente ocurrió el ilícito penal; entre otros elementos que vincularían al policía como presunto autor del delito.

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FEMA Lambayeque decomisa más de 600 kilos de tiburón martillo en veda

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque intervino una carga de 11 troncos de tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en el terminal pesquero Ecomphisa, del distrito de Santa Rosa, en Chiclayo. La carga fue hallada en una cámara frigorífica estacionada y tenía un peso total de 623 kilos. Sin embargo, se dispuso su decomiso porque el tiburón martillo se encuentra en veda reproductiva desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, y se procedió a entregarlo en donación al asilo de ancianos de la provincia de Chiclayo. El tiburón martillo es una especie considerada en riesgo de extinción si no se controla su comercio ilegal, de acuerdo con la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que Perú ha suscrito. El delito de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre está tipificado en el Artículo 308-A del Código Penal. La sanción oscila entre tres y cinco años de pena privativa de libertad para quien adquiera, venda, transporte o almacene este tipo de productos o especímenes sin el permiso correspondiente o en épocas de veda.

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Testigos denuncian sobornos del ministro Santiváñez para resolver casos de forma ilegal

Dos testigos protegidos presentaron ante el Ministerio Público declaraciones detalladas que implican al hoy ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en una presunta red de sobornos para manipular resoluciones judiciales a favor de sus clientes, cuando ejercía como abogado. Los testimonios, respaldados por audios, videos y documentos, señalan que el hoy funcionario habría cobrado coimas para «arreglar» casos penales, aprovechando su influencia en el Poder Judicial, de acuerdo con un informe de Cuarto Poder. Según los relatos de los testigos 01-2025 y 02-2025, Santiváñez habría solicitado hasta $ 60,000 dólares a familiares de investigados para asegurar fallos favorables mediante jueces y fiscales corruptos. Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, procesado por el caso El Escuadrón de la Muerte, cuyo familiar habría pagado al ministro con la promesa de obtener su libertad mediante hábeas corpus. Sin embargo, los recursos fueron denegados pese al desembolso. Los testigos señalan que Santiváñez operaba con la exjueza superior Enma Benavides Vargas como intermediaria. Según uno de los declarantes, el hijo de Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el estudio jurídico del ministro bajo un «arreglo» para favorecer decisiones judiciales a cambio de dinero. “Entre llantos le contó que Juan José Santiváñez Antúnez le había pedido $ 60,000.00 dólares para arreglar a los jueces que tenían a su cargo unos habeas corpus que él había presentado en favor de su familiar, porque él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas, y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero”, relató el testigo 01-2025. Otro episodio grave involucra al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita, investigado por compras irregulares de mascarillas durante la pandemia. El testigo 01-2025 asegura que Santiváñez recibió S/ 64,000 soles del militar en su propio estudio, dinero destinado a sobornar al fiscal del caso. La entrega se habría realizado en efectivo, ante testigos. “Juan José Santiváñez Antúnez le pidió S/. 64,000 soles al General PNP Héctor Javier Petit Amesquita en circunstancias que se encontraban en la oficina de Juan José Santiváñez Antúnez, y que dicho requerimiento de dinero era para evitar que se requiera en contra del General PNP Héctor Javier Petit Amesquita, una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en época de pandemia. Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a cargo del caso”, relató.

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