Ministerio Público

ANC anula suspensión del fiscal José Domingo Pérez y lo repone en el Equipo Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró fundado en segunda instancia la apelación de José Domingo Pérez y anuló la suspensión preventiva emitida hace un mes como fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato. El funcionario fue apartado por seis meses del cargo el pasado 7 de abril, por una afectación a su idoneidad para permanecer en el cargo, ello debido a que “actuó en un proceso a sabiendas que se encontraba impedido de hacerlo”. Sin embargo, el fiscal presentó a los pocos días una apelación para conseguir que la medida sea revertida. José Domingo Pérez podrá volver de forma inmediata a sus labores en la Fiscalía y además podrá continuar a cargo de las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa Susana Villarán así como a Keiko Fujimori. La decisión de la ANC también exhorta a la fiscal responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro que actúe con mayor rigor en el análisis de los recursos que reciba. ¿Por qué fue suspendido José Domingo Pérez? La Autoridad Nacional de Control (ANC) suspendió a José Domingo Pérez Gómez porque consideró que habría actuado en un proceso contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de saber que estaba legalmente impedido de hacerlo.  La defensa de Oré Guardia reclamó ante el Equipo Especial Lava Jato que Pérez Gómez no podía investigar al abogado de una probable obstrucción a la justicia en el caso ‘Cócteles’ porque argumentaban que de hacerlo, el mismo fiscal se convertía en parte interesada en el resultado de la investigación al ser el agraviado del supuesto delito. Sin embargo, este continuó con sus diligencias con la facultad que le dio el fiscal superior Rafael Vela. Arsenio Oré acudió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de amparo y conseguir que se separe a José Domigo Pérez de la investigación en su contra. El TC finalmente falló a su favor en agosto del año pasado, declarando además nulas las acusaciones realizadas por el Equipo Especial Lava Jato contra el abogado durante un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses. La ANC tomó este fallo del TC para decidir la suspensión de Domingo Pérez por seis meses. En esa línea, señalaron que si un fiscal conoce de forma personal, directa y previa los hechos que debe investigar, la legitimidad de su investigación queda afectada, pues desnaturaliza sus fines, que son “reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que le permitan decidir si formula o no acusación”.

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TC ordena reponer a Tomás Aladino Gálvez como fiscal supremo titular

El Tribunal Constitucional (TC) declaró nulo el procedimiento disciplinario de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que concluyó con la destitución de Tomás Aladino Gálvez Villegas como fiscal supremo titular y, en consecuencia, ordenó su reposición. El TC declaró nulos el procedimiento disciplinario PD 002-2020-JNJ y todas las resoluciones emitidas en el marco de dicho procedimiento, «quedando a salvo la competencia de la Junta Nacional de Justicia para iniciar un nuevo procedimiento disciplinario». «En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo», precisa la resolución. El tribunal resolvió que se violaron los derechos de Gálvez Villegas al no realizar una investigación preliminar y que la resolución mediante la cual se le destituyó no fue debidamente motivada. La sentencia tuvo los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.  Los magistrados Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich votaron por declarar infundado el recurso. Tomás Aladino presentó un recurso de agravió constitucional contra el procedimiento disciplinario que le abrió la JNJ por sus presuntos vínculos a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y otras faltas en el ejercicio de su cargo, el cual concluyó con su destitución el 23 de abril del 2021. Sostuvo que se instauró en su contra el procedimiento inmediato con menores garantías procesales puesto que no se cumplieron los requisito establecidos. Aseguró que se basó únicamente en pruebas ilícitas y recortes periodísticos por lo que no existió una prueba evidente que justificara un procedimiento de esta naturaleza.

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El 40% de las víctimas de explotación sexual son niñas, niños y adolescentes

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, una de las problemáticas más graves en Perú, tiene cifras preocupantes. En el año 2024, de las 1762 víctimas registradas por este tipo de delitos, se halló que 692 fueron menores de edad, lo que equivale a casi el 40%, según datos del Ministerio Público. En la región Loreto, la situación es incluso más grave: casi el 70% de las 126 víctimas registradas de explotación sexual fueron niños y adolescentes. En 2023, en el distrito limeño de San Martín de Porres, una menor de 15 años fue rescatada por efectivos de la Policía Nacional en un hotel de la avenida Alfredo Mendiola, donde una mujer la había llevado con engaños para un encuentro sexual con un hombre mayor. En Cusco, una niña de apenas 11 años fue rescatada en un hospedaje de Quillabamba cuando estaba a punto de ser víctima de abuso sexual por parte de un hombre de 38 años, que había negociado el encuentro con el propio padre de la menor. Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, destacó que la explotación sexual de menores no solo ocurre en las calles o a través de las tecnologías digitales, sino que también está presente en el ámbito del turismo y los viajes. “Países como Perú, México, Brasil, Colombia y Argentina son destinos donde la niñez y adolescencia son particularmente vulnerables a la explotación sexual”, remarcó. Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha promovido la suscripción del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en el turismo, que fue publicado en 2018 y que ya ha sido firmado por más de 20 000 empresas turísticas en Perú. La explotación sexual de menores está penalizada con severas penas en Perú, que van de 10 a 20 años de cárcel y hasta cadena perpetua, dependiendo de los agravantes. Además, las empresas turísticas involucradas en estos delitos pueden enfrentarse a la cancelación definitiva de sus licencias.

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Piurana Fiorella Ras puede ir a prisión por proferir insultos racistas en Cusco

El Ministerio Público anunció que ha iniciado una investigación penal a Fiorella Elisa Ras Viani, joven piurana que profirió insultos racistas y que atacó físicamente a un vigilante en los exteriores de un establecimiento comercial en la calle Tecsecocha, en Cusco. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, José Mayorga, indicó que la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco inició la investigación por el presunto delito de discriminación. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de condena e indignación entre los usuarios. El Ministerio de Cultura ya formalizó una denuncia contra Fiorella Ras, quien cuenta ya con antecedentes en el Poder Judicial. En el 2019 esta mujer fue imputada en la Corte Superior de Justicia de Piura por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones a la Policía durante una intervención. Según el Código Penal, las personas que cometan actos discriminatorios pueden enfrentar una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres años. Esta pena podría aumentar hasta cuatro años si existen agravantes, como el uso de internet para discriminar o si el acto implica violencia física o psicológica.

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Fiscalía denuncia constitucionalmente a Vizcarra y a exministros por pruebas rápidas

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los exministros; María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía como presuntos autores del delito de colusión agravada, en agravio del Estado. La denuncia fiscal están vinculada al proceso de compra de 1 400 000 (un millón cuatrocientas mil) pruebas rápidas (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, test rápido) durante el gobierno de Martín Vizcarra. La adquisición fue adjudicada a dos personas jurídicas a través de la Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE.  Según la tesis fiscal, hubo una presunta concertación ilegal de los exministros con las empresas, ocurrida a partir de una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas. A Martín Vizcarra Cornejo y a María Antonieta Alva Luperdi se les denuncia como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada por aprovechar sus cargos como presidente de la República y ministra de Economía y Finanzas, respectivamente, para concertar ilícitamente, la adquisición de pruebas rápidas a favor de las empresas Multimedical Supplies S.A.C y Nipro Medical Corporation Perú e intervenir en el proceso de contratación de manera indirecta a través de funcionarios de Perú Compras y del Instituto Nacional de Salud. En tanto, a Zamora Mesía se le imputa ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada porque en su calidad de ministro de Salud, se habría adherido al pacto colusorio que se habría llevado a cabo entre Vizcarra Cornejo con las empresas antes mencionadas y haber realizado acciones que viabilizaron la adquisición y uso de pruebas rápidas por parte del estado peruano. Por otro lado, la Fiscalía dispuso no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente de la República; Alva Luperdi, Pilar Elena Mazzeti Soler, Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, en sus actuaciones como ministros de Economía, Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente; por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado. Los hechos están referidos a la investigación seguida por la presunta demora en adoptar medidas y realizar las gestiones necesarias a fin de adquirir las vacunas contra la enfermedad del coronavirus covid-19 para la inmunización inmediata de la población.  

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José Domingo Pérez es suspendido por seis meses como fiscal del equipo Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender por seis meses a José Domingo Pérez de su cargo de fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato. La medida entrará en vigencia a partir de la notificación de la presente resolución. Durante ese plazo, José Domingo Pérez no podrá ejercer las atribuciones propias de un fiscal provincial establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. “El apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”, se lee en la resolución del 7 de abril. En el documento, de 25 páginas, la Autoridad Nacional de Control, presidida por José Fernández Jerí, indica que “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”. Es decir, el órgano considera que José Domingo Pérez interfirió en el “proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo”, pese a que se le solicitó inhibirse. Sin embargo, continuó abocándose al caso por el periodo de 5 años y 3 meses, aproximadamente. “Se justifica la adopción de la medida cautelar de apartamiento preventivo contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, ello en atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria, así como el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público, en los cuales se debe evitar un desempeño inadecuado que desencadene en el descrédito de la institución”, reza otra parte del documento.

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Fiscalía Penal asume investigación de escolares intoxicados en Piura y determinará responsabilidades

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura asumió la investigación del caso de escolares intoxicados del colegio Elvira Castro de Quiroz, el pasado 3 de abril, para determinar responsabilidades penales. Este despacho acogió la información que recopiló la Fiscalía de Prevención del Delito y ahora investigará a quienes resulten responsables del delito contra la salud pública en agravio de los alumnos de dicha institución educativa. La fiscal Heldy Huaylinos dispuso que agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura reciban las declaraciones de los directivos del colegio. Además, la Dirección Regional de Salud (Diresa) deberá recabar la información contenida en las historias clínicas de los menores afectados, así como los resultados de los exámenes realizados a los insumos utilizados en la preparación de los alimentos para escolares. La semana pasada, más de 60 escolares del colegio Elvira Castro de Quiroz, ubicado en Los Ejidos de Huan, en el Medio Piura, resultaron intoxicados tras ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma). Los menores presentaban síntomas de intoxicación alimentaria, incluyendo erupciones y picazón, por lo que fueron derivados de emergencia a diversos establecimientos de salud de Piura. Esto inmediatamente después de haber ingerido arroz con conserva de pescado frito y una bebida de harina de plátano que provee el programa de alimentación escolar Wasi Mikuna.

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Fiscal que investigó a Pedro Castillo por el golpe de Estado renunció al Ministerio Público

La fiscal que investigó al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de 2022 dejó de pertenecer al Ministerio Público. La abogada Galinka Meza Salas renunció a su puesto como fiscal adjunta suprema provisional transitoria, así como a su cargo de carrera de fiscal provincial titular penal de Lima. Según las resoluciones de la Fiscalía de la Nación publicadas en El Peruano, Meza Salas dimitió por “motivos personales”, siendo su último día en la institución el 20 de marzo. La ahora exfiscal Galinka Meza participó en gran parte de las audiencias judiciales del proceso por el golpe de Estado (prisión preventiva, tutelas de derechos, control de acusación, entre otros), así como el proceso contra el exmandatario por presuntamente liderar una organización criminal. La exmagistrada también participó en las sesiones del juicio oral contra el expresidente, la expremier Betssy Chávez, el exasesor Aníbal Torres y el exministro Willy Huerta. Exfiscal pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo Galinka Meza fue la encargada de sustentar la acusación fiscal con la que solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. En las siguientes sesiones del juicio contra el expresidente, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales adjuntos supremos Luis Felipe Zapata Gonzáles, Alejandra María Cárdenas Ávila y Jaime Alcides Velarde Rodríguez. Trayectoria de Galinka Meza Galinka Meza fue nombrada fiscal penal de Lima por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)en 2003. Fue ratificada en dicho cargo en 2012. No registra sanciones disciplinarias, aunque ha sido cuestionada por algunas disposiciones fiscales que emitió antes de ser promovida a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en setiembre 2022. La resolución de la Fiscalía de la Nación con la que se acepta su renuncia al Ministerio Público dispone notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que proceda a cancelar el título que acredita a Galinka Meza como fiscal.

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Exministro Juan José Santiváñez se va a EE. UU. en medio de investigaciones fiscales

El exministro del Interior Juan José Santiváñez salió del Perú con destino a Estados Unidos el último sábado 29 de marzo, en medio de las investigaciones que conduce la Fiscalía en su contra. El viaje de Santiváñez se produjo luego de que el juez Juan Carlos Checkley rechazara el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público. A 10 días de ser censurado por el Congreso debido a su mala gestión en materia de seguridad ciudadana, el exministro continúa en la mira de la Fiscalía por casos que son materia de investigación. El diario La República consultó a Santiváñez por el motivo de su viaje, pero el exministro solamente respondió que se encontraba de vacaciones. Dos investigaciones fiscales a Juan José Santiváñez La primera investigación está relacionada con el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de unos audios con el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en los que se escucha a Juan José Santiváñez pedirle a su entonces amigo que se encargue del periodista del programa ‘La encerrona’, Marco Sifuentes. La otra investigación está vinculada al presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con la tesis fiscal, habría solicitado US$20.000 como soborno para intervenir en el Tribunal Constitucional y obtener sentencias favorables para sus patrocinados. La Fiscalía investiga a Juan José Santiváñez por un supuesto soborno de 20.000 dólares para poder influir en la decisión del Tribunal Constitucional a favor de sus patrocinados. Pese a que el último lunes 24 de marzo el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud del Ministerio Público para prohibirle salir del país, el expediente fiscal contiene conversaciones de Santiváñez y una persona vinculada al expolicía sentenciado en 2021 por pertenecer a una banda criminal, Miguel Salirrosas. Los chats entre el exministro del Interior y la persona identificada como cercana a Salirrosas describen el comienzo de gestiones en favor del imputado por su supuesta implicación en una organización delictiva. De acuerdo con la tesis fiscal, los resultados de estas acciones serían comunicados a través de un intermediario, conocido como un “primo”, quien, según la Fiscalía, sería Juan Alfonso Mendoza Moreno. En el transcurso de la conversación, Santiváñez Antúnez advirtió sobre la delicadeza del asunto y sugirió que cualquier tema pendiente se discutiera en persona, evitando el uso de teléfonos.

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Cuellos Blancos: 46 imputados por organización criminal y otros delitos son acusados penalmente

Este lunes 31 de marzo, se inicia el control de acusación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una presunta organización criminal que tenía como finalidad obtener y ejercer el control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia para sus propios intereses. Esta acusación corresponde a la carpeta fiscal 05-2018, conocida como la carpeta madre, en la cual se obtuvo conversaciones a través de la interceptación telefónica en tiempo real.  Dicha interceptación, que contó con la autorización judicial, puso al descubierto los diversos actos ilícitos sobre la existencia de la citada organización criminal. Estas conversaciones generaron las investigaciones que lleva a cabo el citado equipo especial. La Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ (Segundo Despacho) culminó la investigación y presentó la acusación penal contra 46 personas por 11 delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. En total, son 113 hechos ilícitos identificados que cometieron los integrantes de esta organización criminal. Esta acusación que corresponde a integrantes de la organización que no están sujetos a ningún tipo de prerrogativa o proceso especial por razón de su función. Ahora, el proceso penal pasará a la fase de control de acusación (etapa intermedia), en la cual se presentarán las imputaciones formuladas, se ofrecerán las pruebas para actuar en juicio oral y se solicitarán las penas a imponerse y la reparación civil. ¿Desde cuándo operaban Los Cuellos Blancos del Puerto? De acuerdo con la acusación fiscal, la citada organización criminal se gestó entre los años 2009 y 2010 al interior de la Corte Superior de Justicia del Callao para cometer actos ilícitos contra la administración pública y corrupción. En dicho período, César Hinostroza Pariachi, como presidente de dicho distrito judicial, se habría aprovechado supuestamente de su cargo para dirigir las citadas actividades ilegales. El exmagistrado es procesado en una Fiscalía Suprema. En la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto, también operaban funcionarios y servidores públicos del distrito judicial del Callao, así como empresarios, abogados litigantes y otros particulares. Entre los principales acusados por este caso se encuentran los exasesores de la presidencia de la Corte del Callao, Gianfranco Paredes y Nelson Aparicio; el exgerente de Administración de la Corte del Callao, Carlos Parra; John Misha, chofer y hombre de confianza de Walter Ríos, expresidente de la referida Corte; así como otros funcionarios y servidores de dicho distrito judicial. Ellos habrían estrechado lazos de confianza y cooperación con los abogados coimputados como Jacinto Salinas, Maximiliano León, Marcelino Meneses, entre otros; y empresarios como Mario Mendoza.  De acuerdo a la acusación fiscal, ellos buscaron beneficiarse y ejercer influencias en los magistrados que llevaban casos judiciales sobre los que tenían interés.

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