Ministerio Público

Exfutbolista Roberto Guizasola es investigado penalmente por violencia contra su expareja

El Ministerio Público anunció que abrió investigación preliminar contra el exfutbolista peruano Roberto Guizasola (40), por los presuntos delitos de violación sexual, difusión de imágenes con contenido sexual, y violencia psicológica en agravio de su expareja. La investigación está a cargo del Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar del distrito limeño de Carabayllo. Según la denuncia policial, el pasado 13 de marzo, Roberto Guizasola agredió psicológicamente a la víctima en su vehículo y luego la amedrentó verbalmente mediante redes sociales. La agraviada denunció también que, en noviembre de 2024, fue víctima de abuso sexual por parte de Roberto Guizasola, quien, además, habría compartido fotos y videos íntimos de ella en internet. El Ministerio Público dispuso que se programe la entrevista única en cámara Gesell y la evaluación psicológica de la víctima; se realice la visualización de su teléfono y sus redes sociales; y se reciba la declaración del investigado con presencia de su abogado; así como la declaración de la madre de la víctima. Se dispuso también que se oficie al Poder Judicial para que otorgue medidas de protección a la denunciante, así como su incorporación al Programa de Protección de Víctimas y Testigos del Ministerio Público; entre otros.

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Fiscalía allana nuevamente casa y oficina del ministro del Interior, Juan José Santiváñez

El Ministerio Público allanó la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por segunda vez. La operación se realizó junto con personal de la Dirección contra la corrupción (Dircocor) la Policía Nacional del Perú (PNP), desde las 5:00 de la mañana de este miércoles 19 de marzo. Las autoridades ingresaron a la vivienda en el marco de las investigaciones que se le sigue al titular del Mininter por el presunto delito de tráfico de influencias. La tesis fiscal refiere que cuando el ministro, antes de ocupar el cargo, habría cobrado 20 mil dólares por facilitar algún proceso en el Tribunal Constitucional. “La Fiscalía insistió en llevar la diligencia sin que mi abogado designado estuviera aquí, para que finalmente no haya ninguna cuestión al respecto, donde se alega algún tipo de entorpecimiento. Han revisado absolutamente todos los vehículos, todas las habitaciones de mi propiedad”, señaló Santiváñez. La primera vez que ocurrió una intervención a la vivienda del ministro, el político cuestionó esta medida. “Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad se realiza un allanamiento”, dijo. Por su parte, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la filtración de información previa al allanamiento de la vivienda y despacho del titular del Mininter. Lamentó que el procedimiento judicial se haya visto comprometido debido a la falta del factor sorpresa, elemento clave en este tipo de diligencias. Espinoza afirmó que la medida se ejecutó únicamente para cumplir con una formalidad, ya que la divulgación anticipada de la operación habría permitido a Santivañez tomar medidas para ocultar posibles pruebas.

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Fiscalía abre investigación por asesinato del cantante Paul Flores de Armonía 10

La Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho, en Lima, inició una investigación y realiza diligencias preliminares contra los que resulten responsables del ataque al bus de la orquesta Armonía 10 y el asesinato del cantante Paul ‘El Ruso’ Flores. El fiscal provincial Miguel Janampa, a cargo de la investigación, informó que dispuso efectuar las pericias de criminalística en el vehículo para identificar los casquillos de bala. Además, solicitó un barrido de las cámaras de seguridad de las zonas por donde transitó el bus. También se recopilan las declaraciones testimoniales de los representantes de la orquesta para tener mayor información sobre los actos extorsivos, entre otras diligencias urgentes que requieren la participación de peritos especializados para el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso la ejecución del Plan Cerco y la movilización de personal operativo para dar con la pronta captura de los responsables del atentado contra el bus de Armonía 10 y la muerte de su vocalista. Mediante un comunicado, señaló que un equipo especializado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP se encuentra investigando en la zona donde ocurrieron los hechos para recabar toda la información e indicios que ayuden para dar con los delincuentes.

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Fiscalía pide prisión preventiva para policía de la Divincri Piura acusado de violación

La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres de Piura presentó requerimiento de nueve meses de prisión preventiva para un efectivo policial acusado de haber violado sexualmente a una detenida en el calabozo. La mujer denunció que el hecho ocurrió el pasado 7 de marzo cuando se encontraba detenida en la Divincri Piura. Según la denuncia, el efectivo policial Edwin P. H. B. (31) le propuso «arreglar» y «colaborar» para ser liberada irregularmente, mientras la forzaba a que toque sus partes íntimas y le quitaba la ropa. El efectivo policial quedó en calidad de detenido y fue puesto a disposición de la Fiscalía al estar siendo investigado por el presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual. La Fiscalía ya recabó el testimonio de la denunciante y de testigos, realizó la constatación del lugar donde presuntamente ocurrió el ilícito penal; entre otros elementos que vincularían al policía como presunto autor del delito.

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FEMA Lambayeque decomisa más de 600 kilos de tiburón martillo en veda

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Lambayeque intervino una carga de 11 troncos de tiburón martillo (Sphyrna zygaena) en el terminal pesquero Ecomphisa, del distrito de Santa Rosa, en Chiclayo. La carga fue hallada en una cámara frigorífica estacionada y tenía un peso total de 623 kilos. Sin embargo, se dispuso su decomiso porque el tiburón martillo se encuentra en veda reproductiva desde el 1 de enero hasta el 10 de marzo, y se procedió a entregarlo en donación al asilo de ancianos de la provincia de Chiclayo. El tiburón martillo es una especie considerada en riesgo de extinción si no se controla su comercio ilegal, de acuerdo con la convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que Perú ha suscrito. El delito de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre está tipificado en el Artículo 308-A del Código Penal. La sanción oscila entre tres y cinco años de pena privativa de libertad para quien adquiera, venda, transporte o almacene este tipo de productos o especímenes sin el permiso correspondiente o en épocas de veda.

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Testigos denuncian sobornos del ministro Santiváñez para resolver casos de forma ilegal

Dos testigos protegidos presentaron ante el Ministerio Público declaraciones detalladas que implican al hoy ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en una presunta red de sobornos para manipular resoluciones judiciales a favor de sus clientes, cuando ejercía como abogado. Los testimonios, respaldados por audios, videos y documentos, señalan que el hoy funcionario habría cobrado coimas para «arreglar» casos penales, aprovechando su influencia en el Poder Judicial, de acuerdo con un informe de Cuarto Poder. Según los relatos de los testigos 01-2025 y 02-2025, Santiváñez habría solicitado hasta $ 60,000 dólares a familiares de investigados para asegurar fallos favorables mediante jueces y fiscales corruptos. Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, procesado por el caso El Escuadrón de la Muerte, cuyo familiar habría pagado al ministro con la promesa de obtener su libertad mediante hábeas corpus. Sin embargo, los recursos fueron denegados pese al desembolso. Los testigos señalan que Santiváñez operaba con la exjueza superior Enma Benavides Vargas como intermediaria. Según uno de los declarantes, el hijo de Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el estudio jurídico del ministro bajo un «arreglo» para favorecer decisiones judiciales a cambio de dinero. “Entre llantos le contó que Juan José Santiváñez Antúnez le había pedido $ 60,000.00 dólares para arreglar a los jueces que tenían a su cargo unos habeas corpus que él había presentado en favor de su familiar, porque él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas, y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero”, relató el testigo 01-2025. Otro episodio grave involucra al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita, investigado por compras irregulares de mascarillas durante la pandemia. El testigo 01-2025 asegura que Santiváñez recibió S/ 64,000 soles del militar en su propio estudio, dinero destinado a sobornar al fiscal del caso. La entrega se habría realizado en efectivo, ante testigos. “Juan José Santiváñez Antúnez le pidió S/. 64,000 soles al General PNP Héctor Javier Petit Amesquita en circunstancias que se encontraban en la oficina de Juan José Santiváñez Antúnez, y que dicho requerimiento de dinero era para evitar que se requiera en contra del General PNP Héctor Javier Petit Amesquita, una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en época de pandemia. Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a cargo del caso”, relató.

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Dina Boluarte pasa cinco horas en silencio ante la Fiscalía por caso Qali Warma

La presidenta Dina Boluarte asistió a declarar ante la Fiscalía por cerca de cinco horas, pero se acogió al silencio en el marco de las investigaciones del caso Qali Warma, por la provisión de alimentos para dicho programa favoreciendo a un allegado cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La mandataria hizo su ingreso a la sede fiscal al promediar las 8:20 a.m., en medio de un despliegue policial menor al de similares ocasiones. El vehículo de la jefa de Estado entró por la cochera de la Fiscalía acompañado por una escolta presidencial. Minutos después de la 1 de la tarde, Boluarte Zegarra abandonó la sede del Ministerio Público, sin brindar declaraciones a la prensa. De acuerdo con la hipótesis fiscal, Dina Boluarte, en su condición de ministra de Estado, habría favorecido con contratos del programa Qali Warma a la Corporación Belcen, empresa que le pertenece a Cluteldo Beltrán Salinas. Los contratos que investiga la Fiscalía son los que obtuvo la compañía para la provisión de alimentos por 4’700′ ‘000 soles en el programa Qali Warma, adscrito al Midis. Cluteldo es hermano menor de Eduvigis Beltrán Salinas, quien, según las acusaciones de la profesora Maritza Sánchez y del empresario Henry Shimabukuro, fue uno de los aportantes de la campaña electoral de Dina Boluarte a la Vicepresidencia de la República en el 2021.

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Piura: Ocho años de prisión efectiva para sujeto que acosaba a su trabajadora

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó una sentencia condenatoria de ocho años de prisión efectiva para un sujeto identificado como Manuel Emilio Siancas Adanaqué (33 años), por el delito de acoso sexual en agravio de una trabajadora de su empresa. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura. Según esta indagación, Manuel Siancas constantemente le hacía proposiciones sexuales a la agraviada desde que ingresó a laborar en la misma empresa, llegando incluso a ofrecerle dinero para que pase un fin de semana con él. El juzgado dispuso la ubicación, captura e internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Siancas Adanaqué, ya que actualmente se encuentra no habido. Asimismo, deberá pagar 3000 soles como reparación civil a la víctima. Además, no podrá acercarse a ella definitivamente, bajo pena de incurrir en un nuevo delito. Es importante indicar que el hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante.

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Piura: Fiscalía y PNP investigan «desaparición» de cuatro lingotes de oro incautados en Suyo

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan la «desaparición» de cuatro lingotes de oro, con un peso total de 12 kilogramos, incautados el 23 de enero de 2024 en Suyo, Ayabaca (Piura). La investigación involucra a altos oficiales de la Policía Nacional, suboficiales y representantes del Ministerio Público, tras detectarse que el oro fue sustituido por cobre. El general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura, explicó que el procedimiento inicial de decomiso se realizó con la intervención de una fiscal y agentes de la Policía de Carreteras, quienes trasladaron los lingotes a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Divincri) en Sullana. Sin embargo, en algún punto del proceso, la cadena de custodia se habría vulnerado. El caso ha generado preocupación, ya que en la fecha de la incautación se detuvo a dos personas –un ciudadano ecuatoriano y otro proveniente de Cajamarca–, quienes fueron liberados por decisión fiscal pese a no contar con arraigo. Según declaraciones del general Farías, la Inspectoría de la PNP inició una investigación administrativa y disciplinaria en su momento, y los agentes a cargo de la intervención fueron rotados. La alerta sobre la desaparición de los lingotes surgió cuando un fiscal solicitó su retiro del Banco de la Nación y el peritaje reveló que los lingotes habían sido reemplazados. Fotografías del decomiso original evidencian que el oro tenía marcas y códigos de identificación, los cuales fueron adulterados.

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Fiscal de la Nación advierte graves riesgos en cambios a la Ley de Extinción de Dominio

Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso de la República buscan excluir los delitos de corrupción, lavado y crimen organizado de la incautación de bienes obtenidos en forma ilícita. Así lo advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. A través de un pronunciamiento público, precisó que de prosperar las modificaciones, pendientes de una segunda votación en el Parlamento, se limitaría la Ley de Extinción de Dominio y llevarían a que el Ministerio Público retroceda en su misión de investigar y perseguir el delito. “Nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373 que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, aseveró. Los cambios, de acuerdo a Espinoza, solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita. Además, permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas cuando es sabido “que un bien ilícito nunca se convierte en legal”. La fiscal de la Nación consideró que representa un riesgo mayor para la lucha contra la criminalidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 1373, sobre Extinción de Dominio. “Esperamos con optimismo sea declarada infundada porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, refirió. ¿Qué permite la Ley la Extinción de Dominio? Delia Espinoza dijo a la población que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración de la legalidad, dado que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente relacionados con corrupción, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas y otros. Lo que facilita la ley, según explicó, es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, más no afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios y personas honestas que con su trabajo legal aportan al desarrollo económico y social del país.  Recordó que con la aplicación de esta ley el país ha podido recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles en bienes y dinero obtenido en forma ilícita y evitó que los delincuentes o testaferros disfruten de fortunas mal habidas.

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