Ministerio Público

JNJ revoca destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundada por mayoría la reconsideración de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y revocó la destitución que se le impuso por la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles. En su lugar, se le impuso una sanción de suspensión por 60 días. La revocación de la destitución fue propuesta por el ponente Jaime de la Puente y respaldada con los votos de sus colegas Cayo Galindo, German Serkovic, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera y Gino Ríos. Solo voto en contra el consejero Francisco Távara. La ponencia de De la Puente también planteaba la suspensión por 120 días de Patricia Benavides; sin embargo, esto se cambió a solo 60 días con los votos de Chanduví, Galindo, Cabrera y Ríos. Cabe precisar que aún está vigente la primera destitución que se le impuso a Benavides Vargas por el trato degradante a la exfiscal Bersabeth Revilla y por interferir en el proceso penal contra su hermana Enma Benavides. Esta última sanción fue impuesta por la anterior JNJ, aunque la exfiscal de la Nación busca que esta decisión sea anulada de oficio por los nuevos consejeros. ¿Por qué sancionaron a Patricia Benavides? Patricia Benavides fue sancionada por haber removido al fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles como represalia por investigar al fiscal Miguel Vegas Vaccaro. Este último había sido promovido a fiscal adjunto supremo por la exfiscal de la Nación pese a que registraba diversas sanciones disciplinarias y había sido investigado por corrupción. Benavides no permitió formalizar esta investigación. Para lograr la remoción injustificada, Benavides se valió de un informe que arrojaba una supuesta baja productividad por parte del fiscal Zapata Gonzáles. Lo mismo hizo para retirar indebidamente a la exfiscal Bersabeth Revilla. La nueva JNJ determinó que, efectivamente, Patricia Benavides se valió de un informe con datos falsos para sacar al fiscal Luis Felipe Zapata de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sin embargo, afirma la ponencia, no se ha podido corroborar que luego de ello el magistrado haya sido víctima de actos de humillación o trato degradante “ni menos aún en actos que permitan concluir que se configuraron actos de coacción laboral”. Por ello, se consideró que, en este proceso disciplinario conta Patricia Benavides, la sanción de destitución “no resulta necesaria”.

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Ollanta Humala enfrenta nueva acusación por lavado de activos en Gasoducto Sur

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó ante el Poder Judicial su acusación contra el expresidente de la república Ollanta Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y el exministro de Economía Luis Miguel Castilla, por el caso denominado Gasoducto Sur Peruano. Para Ollanta Humala y Nadine Heredia, el equipo de fiscales solicitó la pena de 35 años de prisión efectiva por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. En tanto que para el exministro Luis Miguel Castilla, se pide una pena de 29 años de prisión por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. Según las investigaciones fiscales, Humala, Heredia y Castilla habrían favorecido al consorcio integrado por la empresa brasileña Odebrecht con la licitación y concesión del proyecto denominado ‘Gasoducto Sur Peruano’. La tesis fiscal refiere que durante el periodo de gobierno nacionalista, del año 2011 al 2016, se habría enquistado en el Poder Ejecutivo una organización criminal que tenía como cabecillas al expresidente y a su esposa, la exprimera dama, así como a algunos ministros de aquella época y a otros funcionarios. Todos ellos habrían aprovechado sus cargos para adjudicar la buena pro de algunos proyectos de infraestructura pública a algunas empresas beneficiadas.

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La banda criminal que vendía celulares robados y alertaba de operativos policiales en Piura

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura desarticuló la banda criminal ‘Los cachineros telefónicos’, dedicada a los delitos de receptación agravada, adulteración y comercialización de celulares robados o de procedencia ilícita. Durante la diligencia, se detuvo en total a nueve personas: siete por mandato judicial y otras dos en flagrancia delictiva, quienes operaban principalmente en el sector de ‘La Cachina’ (en el mercado central), Inkari y el centro comercial ‘El Bosque’ de Piura, y que utilizaban servicios técnicos de celulares como fachada para comercializar equipos adulterados a bajo costo. Se trata de Félix Guzmán, Christian Morocho, Juan Carlos Narva, Jorge Luis Labán, Frank Morocho, Wilson Tuse, Carlos Chávez, Gerardo Guzmán y Everth Morocho. Según la investigación fiscal, los miembros de esta banda criminal se distribuían roles para clonar y manipular códigos IMEI; captar, recibir y verificar equipos robados; ofrecer y vender tarjetas SIM activadas ilícitamente y celulares alterados; y alertar sobre operativos policiales. Además, contaban con ‘caletas’ y una red de comunicación interna para evadir a las autoridades. El fiscal provincial Orlando Urbina detalló que esta banda criminal operaba en Piura desde el año 2017 y habría expandido sus actividades a otras localidades de la región. Destacó que esta desarticulación representa un golpe directo a las mafias tecnológicas que adulteran teléfonos celulares utilizados por delincuentes para cometer extorsiones. Durante los allanamientos, se incautó dispositivos especializados para desbloquear teléfonos móviles y remover IMEI, usados para burlar controles y dificultar la trazabilidad de los equipos.

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Fiscalía denuncia al ministro Morgan Quero por justificar violaciones a niñas awajún y wampis

La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, por haber justificado la violencia sexual sufrida por niñas awajún y wampis. La denuncia, que también alcanza a la entonces ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Teresa Hernández Cajo, es por el presunto delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada, en agravio de niños y niñas de comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.  Según la denuncia del Ministerio Público, Morgan Quero y Teresa Hernández declararon ante los medios de comunicación expresiones que «promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados». Morgan Quero justificó violaciones contra niñas En enero de 2025, se hizo público más de 500 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares, principalmente niños y niñas indígenas de las comunidades mencionadas, quienes además reportaron casos de contagio por VIH. En ese contexto, el ministro de Educación, Morgan Quero, afirmó que dichas agresiones sexuales podrían ser consideradas una “práctica cultural” en las regiones amazónicas. Estas palabras, emitidas a través del canal estatal TV Perú, fueron ampliamente condenadas por activistas, académicos y legisladores, quienes exigen su renuncia. “Si es una práctica cultural [que] lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”. Por su parte, la entonces ministra Teresa Hernández no solo reafirmó lo expresado por Quero al decir que, en efecto, “se tratan de prácticas culturales que debemos desterrar”, sino que, además, responsabilizó a las niñas y adolescentes del abuso. Ante la ola de comentarios, la exfuncionaria evitó pedir disculpas y trató de justificar sus declaraciones al mencionar que no se publicó la entrevista completa. Hernández manifestó que se refirió al cómo avanzó y se “toleró” la violencia desde hace 40 años, pero no se escucharon sus declaraciones. “Si escuchamos un poco más de mis declaraciones podemos mostrar que yo me refiero que hace 40 años, en el país, no había una ley de violencia familiar, la violencia era totalmente tolerada, y no había una ley contra el acoso”, indicó.

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Piura: 6 meses de prisión preventiva para presunto asesino de joven universitario

El Poder Judicial dictó una orden de prisión preventiva por el plazo de seis meses para Carlos Ramón Mena Piñín (57), presunto asesino del joven universitario Steven Alonso Abad Saavedra (22) en Piura. La víctima recibió un balazo en la cabeza cuando iba como pasajero en una motocicleta en el distrito de Veintiséis de Octubre. La orden judicial responde a la investigación preliminar iniciada por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo del fiscal Dionini Humpiri Huamán. El representante del Ministerio Público logró la detención en flagrancia de Carlos Mena Piñín, actualmente investigado por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio del joven universitario en Piura. La investigación fiscal incluye la declaración de los policías que detuvieron a Mena Piñín y la declaración del primo del joven universitario, quien conducía la motocicleta y fue testigo presencial del homicidio; así como la necropsia de ley practicada a la víctima y las pericias balísticas (luego de localizar el arma), entre otros elementos de convicción. De acuerdo con el estudio preliminar, el ataque tuvo lugar la noche del 15 de mayo, en Micaela Bastidas – ENACE III Etapa, en el que la víctima sufrió una herida de bala en la cabeza. A pesar de que fue trasladado de urgencias al Hospital Santa Rosa, el joven perdió la vida. El caso ha generado conmoción entre la comunidad universitaria y la ciudadanía piurana, quienes exigen una investigación rigurosa para garantizar justicia.

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Lluvia de denuncias contra Dina Boluarte por casos Rolex, Cofre y Qali Warma

La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República varias denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por diversos casos en los que habría cometido delitos en agravio del Estado. Todas las denuncias corresponden al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La primera denuncia fue presentada por las muertes de manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Por este caso, la Fiscalía de la Nación le impua los delitos de lesiones leves y graves. Otra de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte es por el caso Qali Warma, por el que se le imputa el delito de colusión agravada, al haber contratado como proveedor del Estado a un amigo de su hermano Nicanor Boluarte. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación también presentó una denuncia contra la presidenta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones de documentos. Esto por el incremento de su patrimonio de manera irregular e injustificada, al haber ostentado joyas, relojes Rolex y un incremento inusual de dinero en sus cuentas bancarias. Asimismo, Dina Boluarte también fue denunciada constitucionalmente por el caso ‘Cofre’, en el cual habría facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón Rojas a través del vehículo oficial de la presidencia, para que pueda ser trasladado a un condominio ubicado en el distrito de Asia, en Cañete. Todas estas denuncias son presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, debido a que se trata de una alta funcionaria del Estado. En dicha comisión, los congresistas deberán debatir y votar si procede o no la acusación, para su respectiva votación en el Pleno y, consecuentemente, la presidenta pueda ser acusada judicialmente por los delitos imputados.

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Fiscalía de la Nación denuncia a Dina Boluarte por las muertes en protestas

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes de personas durante las protestas 2022-2023. La denuncia, por los presuntos delitos de lesiones leves y graves, se extiende también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda. También a los exministros Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa) César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández (Interior). La denuncia constitucional señala que la presidenta Dina Boluarte y las referidas exautoridades habrían cometido abusos en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros manifestantes durante las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana. Según la investigación preliminar, alrededor de 70 personas fallecieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Este panorama constituyó una grave afrenta a los derechos humanos por la violenta represión policial y de las fuerzas armadas.

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Fiscalía logra detención internacional de Miguel Rodríguez, alias ‘Cuchillo’

La Fiscalía Provincial Corporativa contra la Criminalidad Organizada de La Libertad – Equipo 2 logró la detención internacional de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, en Colombia. Además, en nuestro país se consiguió la detención preliminar de Liliana E. Pizan Chirado. La detención de ambos investigados se produjo en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Policía de Colombia, con la asistencia técnica de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público. Al Miguel Rodríguez, ‘Cuchillo’, se le investiga por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio agravado, y, a Liliana Pizán, por el delito de obstrucción de la justicia.  Ambos son imputados como presuntos miembros de una organización criminal. Asimismo, el Ministerio del Interior informó que Miguel Rodríguez, ‘Cuchillo’, fue detenido en Colombia «tras una acuciosa labor de inteligencia y coordinación entre la Región Policial de La Libertad de la PNP , la Policía Nacional de Colombia e interpol«. A Rodríguez Díaz se le acusa de haber cometido crímenes en agravio de 13 trabajadores mineros en un socavón en la provincia de Pataz, en La Libertad. Los trabajadores mineros permanecieron fallecidos luego de ocho días de búsqueda en los que se sospechaba que estaban secuestrados. ‘Cuchillo’ ha negado haber participado de estos crímenes.

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Fiscalía pide 9 meses de prisión preventiva para ‘El Italiano’ por el homicidio de Paul Flores

La Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho, en Lima, formalizó investigación preparatoria y solicitó al Poder Judicial nueve meses de prisión preventiva para Pier Panduro, alias ‘El Italiano’, principal sospechoso del asesinato del cantante Paul Flores, de Armonía 10. El requerimiento se realiza como parte de la investigación por el presunto delito de homicidio calificado, que incluye a otros cuatro sujetos, quienes también son imputados como presuntos coautores del delito. Pier Panduro, ‘El Italiano’, es considerado uno de los sicarios más peligrosos del país, ya que está vinculado hasta en cinco asesinatos, incluyendo los de José Miguel Jurado Carbajal, Miguel Ángel Salas Briones y Jonathan Malco Oré. Tras su detención, fue trasladado a la División Policial de Lima bajo estrictas medidas de seguridad. Según se conoció preliminarmente, la Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho pedirá para él la pena máxima: cadena perpetua, la cual equivale a 35 años de prisión. Panduro Verástegui, de 30 años, fue detenido en Desaguadero, Puno, cuando intentaba regresar al país para ejecutar un nuevo homicidio. La captura se logró gracias a la información proporcionada por otro integrante de la organización criminal ‘Los Injertos del Norte’, quien lo señaló como autor de los disparos contra el bus de la agrupación musical el pasado 16 de marzo.

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Fiscalía denuncia al ministro Morgan Quero por llamar «ratas» a víctimas de las protestas

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, por haber llamado «ratas» a las víctimas de las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. La denuncia constitucional es por el presunto delito contra la humanidad, incitación a la discriminación, en su modalidad agravada, en agravio de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Morgan Quero hizo esas declaraciones en diciembre de 2024, al finalizar una actividad oficial en la ciudad de Piura, en respuesta a una pregunta de una periodista sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. «Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». Según señala el Ministerio Público en su comunicado, las declaraciones que expresó el ministro de Educación, Morgan Quero, “promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de los agraviados”, ya que los deshumaniza. La denuncia constitucional del Ministerio Público fue presentada ante el Congreso de la República por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, para su trámite correspondiente. Al tratarse de un alto funcionario del Estado, los congresistas son los encargados de votar si procede o no la denuncia constitucional del ministro, para luego poder proceder con la debida acusación fiscal.

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