Ministerio Público

Piurana Fiorella Ras puede ir a prisión por proferir insultos racistas en Cusco

El Ministerio Público anunció que ha iniciado una investigación penal a Fiorella Elisa Ras Viani, joven piurana que profirió insultos racistas y que atacó físicamente a un vigilante en los exteriores de un establecimiento comercial en la calle Tecsecocha, en Cusco. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, José Mayorga, indicó que la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Cusco inició la investigación por el presunto delito de discriminación. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una ola de condena e indignación entre los usuarios. El Ministerio de Cultura ya formalizó una denuncia contra Fiorella Ras, quien cuenta ya con antecedentes en el Poder Judicial. En el 2019 esta mujer fue imputada en la Corte Superior de Justicia de Piura por el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones a la Policía durante una intervención. Según el Código Penal, las personas que cometan actos discriminatorios pueden enfrentar una pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de tres años. Esta pena podría aumentar hasta cuatro años si existen agravantes, como el uso de internet para discriminar o si el acto implica violencia física o psicológica.

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Fiscalía denuncia constitucionalmente a Vizcarra y a exministros por pruebas rápidas

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo y los exministros; María Antonieta Alva Luperdi y Víctor Marcial Zamora Mesía como presuntos autores del delito de colusión agravada, en agravio del Estado. La denuncia fiscal están vinculada al proceso de compra de 1 400 000 (un millón cuatrocientas mil) pruebas rápidas (dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, test rápido) durante el gobierno de Martín Vizcarra. La adquisición fue adjudicada a dos personas jurídicas a través de la Compra Directa N.° 001-2020-PERÚ COMPRAS/CE.  Según la tesis fiscal, hubo una presunta concertación ilegal de los exministros con las empresas, ocurrida a partir de una reunión realizada el 18 de marzo de 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas. A Martín Vizcarra Cornejo y a María Antonieta Alva Luperdi se les denuncia como presuntos autores de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada por aprovechar sus cargos como presidente de la República y ministra de Economía y Finanzas, respectivamente, para concertar ilícitamente, la adquisición de pruebas rápidas a favor de las empresas Multimedical Supplies S.A.C y Nipro Medical Corporation Perú e intervenir en el proceso de contratación de manera indirecta a través de funcionarios de Perú Compras y del Instituto Nacional de Salud. En tanto, a Zamora Mesía se le imputa ser presunto autor de la comisión del delito contra la administración pública – colusión agravada porque en su calidad de ministro de Salud, se habría adherido al pacto colusorio que se habría llevado a cabo entre Vizcarra Cornejo con las empresas antes mencionadas y haber realizado acciones que viabilizaron la adquisición y uso de pruebas rápidas por parte del estado peruano. Por otro lado, la Fiscalía dispuso no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Vizcarra Cornejo, en su condición de presidente de la República; Alva Luperdi, Pilar Elena Mazzeti Soler, Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez, en sus actuaciones como ministros de Economía, Salud y Relaciones Exteriores, respectivamente; por la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en agravio del Estado. Los hechos están referidos a la investigación seguida por la presunta demora en adoptar medidas y realizar las gestiones necesarias a fin de adquirir las vacunas contra la enfermedad del coronavirus covid-19 para la inmunización inmediata de la población.  

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José Domingo Pérez es suspendido por seis meses como fiscal del equipo Lava Jato

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público decidió suspender por seis meses a José Domingo Pérez de su cargo de fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato. La medida entrará en vigencia a partir de la notificación de la presente resolución. Durante ese plazo, José Domingo Pérez no podrá ejercer las atribuciones propias de un fiscal provincial establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público. “El apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público”, se lee en la resolución del 7 de abril. En el documento, de 25 páginas, la Autoridad Nacional de Control, presidida por José Fernández Jerí, indica que “existen fundados y razonables elementos de convicción que vinculan al fiscal provincial José Domingo Pérez con el hecho de haber actuado en el proceso penal iniciado contra el abogado Arsenio Oré Guardia”. Es decir, el órgano considera que José Domingo Pérez interfirió en el “proceso a sabiendas que se encontraba legalmente impedido de hacerlo”, pese a que se le solicitó inhibirse. Sin embargo, continuó abocándose al caso por el periodo de 5 años y 3 meses, aproximadamente. “Se justifica la adopción de la medida cautelar de apartamiento preventivo contra el fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, ello en atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y la convicción que existe sobre su responsabilidad disciplinaria, así como el riesgo que implica continuar llevando casos emblemáticos que siempre se encuentran en el ojo público, en los cuales se debe evitar un desempeño inadecuado que desencadene en el descrédito de la institución”, reza otra parte del documento.

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Fiscalía Penal asume investigación de escolares intoxicados en Piura y determinará responsabilidades

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura asumió la investigación del caso de escolares intoxicados del colegio Elvira Castro de Quiroz, el pasado 3 de abril, para determinar responsabilidades penales. Este despacho acogió la información que recopiló la Fiscalía de Prevención del Delito y ahora investigará a quienes resulten responsables del delito contra la salud pública en agravio de los alumnos de dicha institución educativa. La fiscal Heldy Huaylinos dispuso que agentes policiales de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura reciban las declaraciones de los directivos del colegio. Además, la Dirección Regional de Salud (Diresa) deberá recabar la información contenida en las historias clínicas de los menores afectados, así como los resultados de los exámenes realizados a los insumos utilizados en la preparación de los alimentos para escolares. La semana pasada, más de 60 escolares del colegio Elvira Castro de Quiroz, ubicado en Los Ejidos de Huan, en el Medio Piura, resultaron intoxicados tras ingerir alimentos del programa Wasi Mikuna (ex Qali Warma). Los menores presentaban síntomas de intoxicación alimentaria, incluyendo erupciones y picazón, por lo que fueron derivados de emergencia a diversos establecimientos de salud de Piura. Esto inmediatamente después de haber ingerido arroz con conserva de pescado frito y una bebida de harina de plátano que provee el programa de alimentación escolar Wasi Mikuna.

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Fiscal que investigó a Pedro Castillo por el golpe de Estado renunció al Ministerio Público

La fiscal que investigó al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado de 2022 dejó de pertenecer al Ministerio Público. La abogada Galinka Meza Salas renunció a su puesto como fiscal adjunta suprema provisional transitoria, así como a su cargo de carrera de fiscal provincial titular penal de Lima. Según las resoluciones de la Fiscalía de la Nación publicadas en El Peruano, Meza Salas dimitió por “motivos personales”, siendo su último día en la institución el 20 de marzo. La ahora exfiscal Galinka Meza participó en gran parte de las audiencias judiciales del proceso por el golpe de Estado (prisión preventiva, tutelas de derechos, control de acusación, entre otros), así como el proceso contra el exmandatario por presuntamente liderar una organización criminal. La exmagistrada también participó en las sesiones del juicio oral contra el expresidente, la expremier Betssy Chávez, el exasesor Aníbal Torres y el exministro Willy Huerta. Exfiscal pidió 34 años de prisión para Pedro Castillo Galinka Meza fue la encargada de sustentar la acusación fiscal con la que solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema 34 años de prisión para Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. En las siguientes sesiones del juicio contra el expresidente, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales adjuntos supremos Luis Felipe Zapata Gonzáles, Alejandra María Cárdenas Ávila y Jaime Alcides Velarde Rodríguez. Trayectoria de Galinka Meza Galinka Meza fue nombrada fiscal penal de Lima por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)en 2003. Fue ratificada en dicho cargo en 2012. No registra sanciones disciplinarias, aunque ha sido cuestionada por algunas disposiciones fiscales que emitió antes de ser promovida a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en setiembre 2022. La resolución de la Fiscalía de la Nación con la que se acepta su renuncia al Ministerio Público dispone notificar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que proceda a cancelar el título que acredita a Galinka Meza como fiscal.

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Exministro Juan José Santiváñez se va a EE. UU. en medio de investigaciones fiscales

El exministro del Interior Juan José Santiváñez salió del Perú con destino a Estados Unidos el último sábado 29 de marzo, en medio de las investigaciones que conduce la Fiscalía en su contra. El viaje de Santiváñez se produjo luego de que el juez Juan Carlos Checkley rechazara el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público. A 10 días de ser censurado por el Congreso debido a su mala gestión en materia de seguridad ciudadana, el exministro continúa en la mira de la Fiscalía por casos que son materia de investigación. El diario La República consultó a Santiváñez por el motivo de su viaje, pero el exministro solamente respondió que se encontraba de vacaciones. Dos investigaciones fiscales a Juan José Santiváñez La primera investigación está relacionada con el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de unos audios con el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en los que se escucha a Juan José Santiváñez pedirle a su entonces amigo que se encargue del periodista del programa ‘La encerrona’, Marco Sifuentes. La otra investigación está vinculada al presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con la tesis fiscal, habría solicitado US$20.000 como soborno para intervenir en el Tribunal Constitucional y obtener sentencias favorables para sus patrocinados. La Fiscalía investiga a Juan José Santiváñez por un supuesto soborno de 20.000 dólares para poder influir en la decisión del Tribunal Constitucional a favor de sus patrocinados. Pese a que el último lunes 24 de marzo el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud del Ministerio Público para prohibirle salir del país, el expediente fiscal contiene conversaciones de Santiváñez y una persona vinculada al expolicía sentenciado en 2021 por pertenecer a una banda criminal, Miguel Salirrosas. Los chats entre el exministro del Interior y la persona identificada como cercana a Salirrosas describen el comienzo de gestiones en favor del imputado por su supuesta implicación en una organización delictiva. De acuerdo con la tesis fiscal, los resultados de estas acciones serían comunicados a través de un intermediario, conocido como un “primo”, quien, según la Fiscalía, sería Juan Alfonso Mendoza Moreno. En el transcurso de la conversación, Santiváñez Antúnez advirtió sobre la delicadeza del asunto y sugirió que cualquier tema pendiente se discutiera en persona, evitando el uso de teléfonos.

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Cuellos Blancos: 46 imputados por organización criminal y otros delitos son acusados penalmente

Este lunes 31 de marzo, se inicia el control de acusación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, una presunta organización criminal que tenía como finalidad obtener y ejercer el control sobre las instituciones del sistema de administración de justicia para sus propios intereses. Esta acusación corresponde a la carpeta fiscal 05-2018, conocida como la carpeta madre, en la cual se obtuvo conversaciones a través de la interceptación telefónica en tiempo real.  Dicha interceptación, que contó con la autorización judicial, puso al descubierto los diversos actos ilícitos sobre la existencia de la citada organización criminal. Estas conversaciones generaron las investigaciones que lleva a cabo el citado equipo especial. La Fiscalía Supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’ (Segundo Despacho) culminó la investigación y presentó la acusación penal contra 46 personas por 11 delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. En total, son 113 hechos ilícitos identificados que cometieron los integrantes de esta organización criminal. Esta acusación que corresponde a integrantes de la organización que no están sujetos a ningún tipo de prerrogativa o proceso especial por razón de su función. Ahora, el proceso penal pasará a la fase de control de acusación (etapa intermedia), en la cual se presentarán las imputaciones formuladas, se ofrecerán las pruebas para actuar en juicio oral y se solicitarán las penas a imponerse y la reparación civil. ¿Desde cuándo operaban Los Cuellos Blancos del Puerto? De acuerdo con la acusación fiscal, la citada organización criminal se gestó entre los años 2009 y 2010 al interior de la Corte Superior de Justicia del Callao para cometer actos ilícitos contra la administración pública y corrupción. En dicho período, César Hinostroza Pariachi, como presidente de dicho distrito judicial, se habría aprovechado supuestamente de su cargo para dirigir las citadas actividades ilegales. El exmagistrado es procesado en una Fiscalía Suprema. En la red criminal de Los Cuellos Blancos del Puerto, también operaban funcionarios y servidores públicos del distrito judicial del Callao, así como empresarios, abogados litigantes y otros particulares. Entre los principales acusados por este caso se encuentran los exasesores de la presidencia de la Corte del Callao, Gianfranco Paredes y Nelson Aparicio; el exgerente de Administración de la Corte del Callao, Carlos Parra; John Misha, chofer y hombre de confianza de Walter Ríos, expresidente de la referida Corte; así como otros funcionarios y servidores de dicho distrito judicial. Ellos habrían estrechado lazos de confianza y cooperación con los abogados coimputados como Jacinto Salinas, Maximiliano León, Marcelino Meneses, entre otros; y empresarios como Mario Mendoza.  De acuerdo a la acusación fiscal, ellos buscaron beneficiarse y ejercer influencias en los magistrados que llevaban casos judiciales sobre los que tenían interés.

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Fiscalía incauta suero fisiológico de clínica donde se murió una joven en Cusco

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Santiago, en Cusco, incautó 535 botellas de suero fisiológico 0,9 % de la clínica Oxigen Medical Network O2 de la ciudad imperial, donde murió una joven y dos personas se hallan en la unidad de cuidados intensivos (UCI) tras haber haberles suministrado este suero. La fiscal Elsa Girondas Mar confirmó que, del total, unas cinco de las botellas serán sometidas a pericias, como parte de las investigaciones que realiza. Una botella de suero fisiológico se halló vacía y habría sido utilizada en la paciente Melissa Guzmán Alarcón (33), actualmente con muerte cerebral. Al salir de la clínica Oxigen Medical Netword, ubicada en la Urb. Huancaro del distrito de Santiago, donde se procedió al lacrado de la sustancia, la fiscal aseguró que sí hay cooperación del personal de la referida clínica, confirmando que forman parte de las investigaciones. “Sí, se ha incorporado a los representantes (de la clínica) mientras que se determine cuáles han sido las causas de muerte”, subrayó la fiscal, y respecto al cirujano Max Gonzales Saavedra, que intervino a las pacientes, afirmó que se justificó preliminarmente su liberación. “El destino de estos sueros es determinar, que como se indican, son peligrosos y si se comprueba con las pericias se va a hacer la destrucción”, especificó.

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Hallan libretas con números de teléfono para extorsión en el penal de Piura

El Ministerio Público realizó un allanamiento en el penal de Piura (ex Río Seco), donde halló libretas que contenían abundantes números de teléfono para víctimas de extorsión por parte de internos de este establecimiento penitenciario. El equipo de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Piura, encabezado por el fiscal provincial Orlando Urbina Cerqueira, llevó a cabo un allanamiento en la celda del interno Denis M., en el penal de Piura. Durante la diligencia, se encontró una libreta con el número telefónico de la persona que denunció haber sido extorsionada. Según las investigaciones, el número de Yape proporcionado para realizar un depósito de mil soles y evitar atentar contra la vida de la víctima pertenece a Jorge M., hermano del interno. Este, a su vez, envió una parte del dinero a Eduard P., quien, junto con Jorge M., fue detenido. Durante la requisa, con apoyo de personal policial del área de extorsiones de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Piura, se incautaron cuadernos que contenían más números telefónicos y nombres, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que las llamadas extorsivas se originaron en el penal, involucrando a los tres detenidos.

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Prisión preventiva para investigados por muerte de padre de familia frente a colegio en Piura

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para Ítalo Mendoza (21) y Christian Rojas (25), investigados por el presunto delito de homicidio calificado. Ambos son acusados de asesinar a César Ramírez Farfán, quien fue asesinado cuando recogía a su hijo en el colegio Ricardo Palma de Castilla, en Piura. Sin embargo, dictó comparecencia con restricciones para Diana Cruz (26), presunta cómplice de ambos imputados e investigada por los delitos de tenencia ilegal de municiones y tráfico ilícito de drogas. En su vivienda se halló la motocicleta que habrían usado los sicarios. La Fiscalía de Piura dio a conocer que también se investiga penalmente a David Martens y Jhan Morocho, quienes, sin embargo, quedaron en libertad, al no habérseles encontrado vinculación directa con los hechos. A ambos se les efectuó pericias de absorción atómica, sarro ungueal, entre otras diligencias, a fin de determinar la vinculación de ambos con los sucesos materia de investigación. La tesis fiscal que sostiene el representante del Ministerio Público es que el conductor Ítalo Mendoza habría participado en calidad de autor del delito de homicidio calificado, mientras que Christian Rojas habría conducido la moto en el momento que se produjo el asesinato.

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