Ministerio Público

Fiscalía incauta inmuebles vinculados a hijas de Jorge Barata por caso Odebrecht

La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima efectuó la incautación de cuatro inmuebles en el distrito limeño de San Isidro, vinculados a las hijas del corrupto empresario Jorge Barata, como parte de una diligencia judicial vinculada al caso Odebrecht. Los inmuebles, valorizados en 613 mil dólares, están registrados a nombre de Daniela y Gabriela Simões Barata, hijas de Jorge Simões Barata, ex directivo de la constructora brasileña Odebrecht, que durante años pagó coimas a políticos y altos funcionarios en el Perú. Según la investigación fiscal, se presume que las propiedades tendrían origen ilícito, por lo que fueron objeto de la medida de despojo legal a favor del Estado. La diligencia se realizó desde las 10:30 a.m. en el distrito limeño de San Isidro. Estas acciones se desarrollan como parte de las investigaciones del caso Lava Jato, en el que la Fiscalía busca recuperar bienes vinculados a actos de corrupción o lavado de activos mediante el mecanismo de extinción de dominio.

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Golpe al narcotráfico: Incautan más de 258 kilos de droga en el puerto de Paita

Nuevamente incautan droga en el puerto de Paita, Piura. Un trabajo conjunto entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas y Aduanas permitió el hallazgo e incautación de 211 paquetes tipo ladrillo con alcaloide de cocaína. El peso total fue de 258 kilos con 223 gramos. La operación antidrogas se llevó a cabo de madrugada en el Terminal Portuario Euroandinos de Paita, donde al interior del contenedor HLXU83257545G1, que tenía como destino final el Puerto de Valencia (España), se encontraron los paquetes acondicionados en ocho maletines de lona negra. El representante del Ministerio Público participó de la inspección, que fue posible gracias al manejo de fuentes humanas mediante la cual se obtuvo información precisa sobre el contenedor procedente de Colombia, cargado oficialmente con baterías fotovoltaicas, el cual habría sido contaminado con sustancias ilícitas bajo la modalidad conocida como “rip off”, es decir, ocultamiento de droga sin conocimiento del exportador formal. En febrero de este año, un total de 68 kilos con 875 gramos de droga fueron detectados en un contenedor que iba a ser enviado desde el puerto de Paita, en la región Piura. El cargamento de droga tenía como destino Bélgica, en Europa. Esa vez, con la presencia de fiscales y policías se encontró 64 paquetes tipo ladrillo, donde el reactivo determinó que contenían alcaloide de cocaína. Al efectuarse el pesado de la mercancía, se obtuvo 68.875 kilos de droga. El valor de este cargamento en el mercado negro internacional superaría los dos millones de dólares.

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JNJ investiga a la fiscal de la Nación por no reponer ilegalmente a Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, luego de que se negara a reponer ilegal e inconstitucionalmente a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, quien acusa supuestas inconductas funcionales, abuso de poder, usurpación de funciones, rehusamiento de actos funcionales y el uso indebido del personal del Ministerio Público. El oficio concluye que Espinoza tiene diez días hábiles para presentar sus descargos y los medios probatorios que considere pertinentes, mientras la miembro instructora María Teresa Cabrera Vega quedará a cargo del proceso de investigación preliminar. La acción de la JNJ se produce mientras el Congreso mantiene presión contra la fiscal de la Nación, con cuatro denuncias constitucionales que buscan su inhabilitación. Delia Espinoza rechazó cumplir con la reposición de Benavides al señalar que la resolución carecía de las firmas completas de los miembros de la JNJ. En paralelo, el Poder Judicial confirmó la suspensión de Benavides por dos años, dejando a Espinoza como fiscal titular. Durante esta semana, el Congreso avanzó con cuatro denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, todas orientadas a retirarla del cargo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ha convocado repetidamente para responder principalmente a la acusación de Fernando Rospigliosi por presuntamente desobedecer la ley que atribuye a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares. Sin embargo, Espinoza no pudo acudir porque debía viajar a Italia para participar entre el 18 y 19 de julio del «Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino». Además, la bancada Renovación Popular la acusa de beneficiar al ex fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación por los llamados “CNM Audios”, y ha solicitado una inhabilitación de hasta 10 años.

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Lima: Dictan seis meses de prisión preventiva a chofer que atropelló a ‘Furrey’

El Poder Judicial dictó seis meses de prisión preventiva para Pablo César Castillo Tiserán, chofer que atropelló al youtuber Antonio Crespo Galán, conocido como ‘Furrey’, el pasado 9 de julio en el distrito limeño de La Victoria. La medida fue dispuesta por el juez Max Ignacio Cirilo Diestra, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria – Tránsito y Seguridad Vial de la Corte Superior de Lima, quien declaró fundada en parte la solicitud del Ministerio Público. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado nueve meses de prisión preventiva, plazo que será apelado tras la decisión judicial. La medida restrictiva regirá hasta el 9 de enero del 2026. Castillo Tiserán, de 59 años, es investigado por el presunto delito de homicidio simple en grado de tentativa, luego de que impactara con su vehículo al creador de contenido, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Javier Prado, en San Isidro, con ventilación mecánica. El abogado de Crespo Galán informó durante la audiencia que el estado de salud de ‘Furrey’ se ha complicado debido a un daño grave en uno de sus pulmones y que las fracturas en la clavícula y el omóplato no pueden ser operadas hasta que su condición se estabilice. El caso ha generado gran atención en redes sociales bajo el hashtag #CasoFurrey, con miles de seguidores del youtuber exigiendo justicia mientras continúa la investigación del Ministerio Público.

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Policía dice que detiene criminales pero no los registra: El Ministerio Público la desmiente

La Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que, en tan solo 24 horas, detuvo a 886 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales en todo el país. Sin embargo, estos datos no fueron ingresados, como corresponde, en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple). El Renadespple es el registro oficial donde se recaba la información de las detenciones en flagrancia, y que debe ser actualizado según los reportes de instituciones como la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Según la Policía Nacional, esas más de 880 detenciones de criminales, por supuestos delitos contra la seguridad ciudadana, forman parte de la política nacional de lucha frontal contra el crimen organizado impulsada por el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio Público desmintió que la mayoría de detenidos sea por delitos relacionados con la inseguridad ciudadana, ya que, del total de detenciones en todo el país, apenas el 1.39% es por delitos de extorsión, homicidio, secuestro y sicariato. Además, solo el 4.58% de las detenciones es por el delito de hurto agravado, según el Renadespple. El Ministerio Público informó que durante el primer semestre del presente año (enero-junio 2025) se ha registrado 113 084 detenciones en flagrancia en todo el país.

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Exministro Santiváñez denuncia por reglaje a periodistas de Latina que lo investigan

Juan José Santiváñez, el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, denunció penalmente a cuatro periodistas de Latina Televisión, acusándolos del presunto delito de “reglaje”. La acción penal incluye a Mónica Delta, conductora del programa dominical Punto Final; Juan Subauste, director del programa; Carlos Hidalgo, reportero; y Jorge Ramírez, camarógrafo, además de la empresa Latina Televisión. La medida fue presentada luego de la difusión de un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, donde se exhibieron imágenes del exministro, así como de su vehículo y desplazamientos, tomadas en espacios públicos. Pese a ser una figura pública de notable importancia, —no solo por haber sido ministro y mantenerse en el círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, sino al conocerse que mantiene reuniones con distintos funcionarios como congresistas, alcaldes y ministros— alegó un presunto reglaje. Sostuvo que las imágenes del reportaje fueron grabadas sin su consentimiento y que los periodistas habrían actuado en complicidad con una presunta banda criminal dedicada a la extorsión. Según el funcionario, el material audiovisual fue ejecutado con la finalidad de amedrentarlo, y la sanción penal contemplaría penas de entre tres y seis años de prisión de acuerdo con la legislación vigente. Frente a la denuncia, Mónica Delta negó que exista algún sustento legal para la acusación contra el equipo periodístico de Latina y consideró que se trata de un intento de intimidación. “Lo que pretende esta denuncia es intimidar y amedrentar las libertades. No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”, afirmó durante la emisión de ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’. La periodista también señaló que el reportaje forma parte de un ejercicio periodístico legítimo y respaldado por la ley, especialmente tratándose de un funcionario público con presencia permanente en Palacio de Gobierno. “Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder, recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”, explicó. Latina Televisión, a través de un comunicado oficial, lamentó el “más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte” contra periodistas del medio. La empresa señaló que la denuncia es una represalia por la emisión de un reportaje que expuso la influencia de Santiváñez en la toma de decisiones públicas y sostuvo que la libertad informativa se ve afectada “sistemática y reiteradamente” por el gobierno. Latina también reafirmó su respaldo a los acusados y alertó sobre la afectación del derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público.

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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Keiko Fujimori enfrenta nuevo pedido de 35 años de prisión por organización criminal y lavado de activos

El Equipo Especial Lava Jato formuló la acusación penal en el proceso seguido contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado caso ‘Cócteles’. El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los imputados Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C (de Mark Vito). Respecto a la acusada Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento (archivamiento) de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. De esta manera, el equipo de fiscales dan cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional establecida mediante el expediente 02803-2023-HC/TC, por lo que este caso pasará a la etapa de control de acusación.

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Fiscalía incauta celulares, agendas telefónicas y droga en el penal de Piura

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura incautó teléfonos celulares, agendas con números telefónicos y droga encontrados durante una requisa realizada en el penal de Piura (exRío Seco). La intervención contó con la participación de 31 fiscales de diversas especialidades y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un esfuerzo coordinado para combatir las extorsiones en la región. La diligencia se inició a las 7:00 a.m. con el objetivo principal de controlar el uso ilegal de teléfonos móviles dentro del penal de Piura. La intervención fiscal se centró en el pabellón 5, donde se tomó control de la población carcelaria para realizar registros personales. Allí, se encontró agendas telefónicas, ketes de droga y, con el uso de detectores de metales, se descubrió a internos que habían ocultado celulares en cavidades anales. Posteriormente, la requisa se extendió a las celdas del mismo pabellón, donde se halló una cantidad considerable de material ilícito, incluyendo más ketes de droga y armas punzocortantes. Además, se descubrieron «caletas» (escondites) en forados de paredes y pisos, donde se guardaban mini celulares. En total, se incautó siete celulares, cargadores, cables de datos y diversas piezas de teléfonos. Fueron tres los internos que habían escondido equipos celulares y cargadores en sus cavidades anales. Tras ser interrogados y, a pesar de su negativa inicial a colaborar, finalmente entregaron los objetos ilícitos. Todos los hallazgos han sido derivados a las fiscalías especializadas correspondientes para las investigaciones pertinentes. El Ministerio Público recuerda que el uso de equipos celulares dentro de un penal puede incrementar la condena hasta en tres años, y si está vinculado a un acto delictivo, la pena puede aumentar en 10 años adicionales.

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Hallan muerto a José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán

José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión municipal de Susana Villarán (2011-2014), quien era colaborador eficaz en el caso que involucra a la exalcaldesa en una trama de corrupción, fue hallado muerto este domingo en su domicilio del distrito limeño de Miraflores. El hallazgo fue confirmado por la Policía Nacional del Perú, que fue requerida a la vivienda del exfuncionario edil. De momento, se desconoce las causas de la muerte del exfuncionario municipal. Los agentes policiales que realizaron la inspección de la vivienda reportaron el hallazgo de dos cuchillos en la escena, según quedó registrado en un acta. Peritos del Ministerio Público llegaron para el levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias como parte de la investigación fiscal. Hasta el inmueble llegó más personal policial, además de los peritos de Criminalística y trabajadores del Ministerio Público para iniciar las diligencias del caso. José Miguel Castro: Pieza clave en la investigación José Miguel Castro estuvo involucrado en una investigación por corrupción por el caso ‘Lava Jato’ en el cual también aparece como sindicada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La Fiscalía pidió para él 25 años y cinco meses de prisión, mientras que, para Villarán, 29 años. Era procesado por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras corruptas Odebrecht y OAS, para financiar tanto la campaña por el «NO» a la revocatoria de Villarán, como para su campaña de reelección en el 2014. Precisamente sobre este caso, el Poder Judicial rechazó el pasado 29 de mayo un pedido fiscal para adelantar el inicio del juicio contra la exalcaldesa y los exfuncionarios involucrados. Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez Gómez hizo este pedido recordando que, el Tribunal Constitucional instó a fiscales y jueces a actuar con prontitud en los procesos vinculados a presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Lima. Sin embargo, el juzgado señaló que era necesario un “plazo prudencial de cuatro meses” para notificar a los 21 acusados en este proceso, por lo que el juicio oral iniciará el 23 de setiembre a las 9 de la mañana.

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