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El exministro del Interior Juan José Santiváñez salió del Perú con destino a Estados Unidos el último sábado 29 de marzo, en medio de las investigaciones que conduce la Fiscalía en su contra. El viaje de Santiváñez se produjo luego de que el juez Juan Carlos Checkley rechazara el pedido de impedimento de salida del país presentado por el Ministerio Público. A 10 días de ser censurado por el Congreso debido a su mala gestión en materia de seguridad ciudadana, el exministro continúa en la mira de la Fiscalía por casos que son materia de investigación. El diario La República consultó a Santiváñez por el motivo de su viaje, pero el exministro solamente respondió que se encontraba de vacaciones. Dos investigaciones fiscales a Juan José Santiváñez La primera investigación está relacionada con el presunto delito de abuso de autoridad, a raíz de unos audios con el capitán Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, en los que se escucha a Juan José Santiváñez pedirle a su entonces amigo que se encargue del periodista del programa ‘La encerrona’, Marco Sifuentes. La otra investigación está vinculada al presunto delito de tráfico de influencias. De acuerdo con la tesis fiscal, habría solicitado US$20.000 como soborno para intervenir en el Tribunal Constitucional y obtener sentencias favorables para sus patrocinados. La Fiscalía investiga a Juan José Santiváñez por un supuesto soborno de 20.000 dólares para poder influir en la decisión del Tribunal Constitucional a favor de sus patrocinados. Pese a que el último lunes 24 de marzo el juez supremo Juan Carlos Checkley desestimó la solicitud del Ministerio Público para prohibirle salir del país, el expediente fiscal contiene conversaciones de Santiváñez y una persona vinculada al expolicía sentenciado en 2021 por pertenecer a una banda criminal, Miguel Salirrosas. Los chats entre el exministro del Interior y la persona identificada como cercana a Salirrosas describen el comienzo de gestiones en favor del imputado por su supuesta implicación en una organización delictiva. De acuerdo con la tesis fiscal, los resultados de estas acciones serían comunicados a través de un intermediario, conocido como un “primo”, quien, según la Fiscalía, sería Juan Alfonso Mendoza Moreno. En el transcurso de la conversación, Santiváñez Antúnez advirtió sobre la delicadeza del asunto y sugirió que cualquier tema pendiente se discutiera en persona, evitando el uso de teléfonos.

Dos testigos protegidos presentaron ante el Ministerio Público declaraciones detalladas que implican al hoy ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, en una presunta red de sobornos para manipular resoluciones judiciales a favor de sus clientes, cuando ejercía como abogado. Los testimonios, respaldados por audios, videos y documentos, señalan que el hoy funcionario habría cobrado coimas para «arreglar» casos penales, aprovechando su influencia en el Poder Judicial, de acuerdo con un informe de Cuarto Poder. Según los relatos de los testigos 01-2025 y 02-2025, Santiváñez habría solicitado hasta $ 60,000 dólares a familiares de investigados para asegurar fallos favorables mediante jueces y fiscales corruptos. Uno de los casos mencionados involucra al capitán Francisco Johnny Arévalo Quispe, procesado por el caso El Escuadrón de la Muerte, cuyo familiar habría pagado al ministro con la promesa de obtener su libertad mediante hábeas corpus. Sin embargo, los recursos fueron denegados pese al desembolso. Los testigos señalan que Santiváñez operaba con la exjueza superior Enma Benavides Vargas como intermediaria. Según uno de los declarantes, el hijo de Benavides, José Luján Benavides, trabajaba en el estudio jurídico del ministro bajo un «arreglo» para favorecer decisiones judiciales a cambio de dinero. “Entre llantos le contó que Juan José Santiváñez Antúnez le había pedido $ 60,000.00 dólares para arreglar a los jueces que tenían a su cargo unos habeas corpus que él había presentado en favor de su familiar, porque él le dijo expresamente a ella que adentro del Poder Judicial tenía como persona de confianza a la jueza Enma Benavides Vargas, y que ella era la intermediaria para arreglar con diversos jueces y que estos a su vez saquen resoluciones a su favor a cambio de dinero”, relató el testigo 01-2025. Otro episodio grave involucra al general PNP Héctor Javier Petit Amesquita, investigado por compras irregulares de mascarillas durante la pandemia. El testigo 01-2025 asegura que Santiváñez recibió S/ 64,000 soles del militar en su propio estudio, dinero destinado a sobornar al fiscal del caso. La entrega se habría realizado en efectivo, ante testigos. “Juan José Santiváñez Antúnez le pidió S/. 64,000 soles al General PNP Héctor Javier Petit Amesquita en circunstancias que se encontraban en la oficina de Juan José Santiváñez Antúnez, y que dicho requerimiento de dinero era para evitar que se requiera en contra del General PNP Héctor Javier Petit Amesquita, una medida coercitiva en el marco de su proceso penal que se le venía siguiendo por la compra irregular de mascarillas en época de pandemia. Este dinero era el pago para el pago de coima al fiscal que estaba a cargo del caso”, relató.