JNJ

JNJ investiga a la fiscal de la Nación por no reponer ilegalmente a Benavides

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, luego de que se negara a reponer ilegal e inconstitucionalmente a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. La denuncia fue presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar, quien acusa supuestas inconductas funcionales, abuso de poder, usurpación de funciones, rehusamiento de actos funcionales y el uso indebido del personal del Ministerio Público. El oficio concluye que Espinoza tiene diez días hábiles para presentar sus descargos y los medios probatorios que considere pertinentes, mientras la miembro instructora María Teresa Cabrera Vega quedará a cargo del proceso de investigación preliminar. La acción de la JNJ se produce mientras el Congreso mantiene presión contra la fiscal de la Nación, con cuatro denuncias constitucionales que buscan su inhabilitación. Delia Espinoza rechazó cumplir con la reposición de Benavides al señalar que la resolución carecía de las firmas completas de los miembros de la JNJ. En paralelo, el Poder Judicial confirmó la suspensión de Benavides por dos años, dejando a Espinoza como fiscal titular. Durante esta semana, el Congreso avanzó con cuatro denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, todas orientadas a retirarla del cargo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la ha convocado repetidamente para responder principalmente a la acusación de Fernando Rospigliosi por presuntamente desobedecer la ley que atribuye a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares. Sin embargo, Espinoza no pudo acudir porque debía viajar a Italia para participar entre el 18 y 19 de julio del «Evento Anual Regional en memoria del juez Paolo Borsellino». Además, la bancada Renovación Popular la acusa de beneficiar al ex fiscal supremo Pablo Sánchez al archivar una investigación por los llamados “CNM Audios”, y ha solicitado una inhabilitación de hasta 10 años.

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Nuevo blindaje: Congreso archiva denuncias contra la JNJ por caso Benavides

Un nuevo blindaje. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) del Congreso decidió archivar los informes de calificación de dos denuncias constitucionales contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por intentar restituir por la fuerza a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La primera denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por los congresistas Elías Varas y Alex Flores contra la JNJ porque consideraron irregular la resolución que pretendió reponer a Benavides en la Fiscalía de la Nación, y sacar ilegalmente del cargo a Delia Espinoza. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), había propuesto declarar procedente la denuncia constitucional únicamente en el extremo de señalar a los magistrados de la JNJ por presunta infracción del artículo 38 de la Carta Magna. Sin embargo, no hubo consenso. Solo cuatro congresistas apoyaron el informe, ocho se opusieron y cinco votaron en abstención. La segunda denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por el congresista Alfredo Pariona, quien había señalado al presidente de la JNJ, Gino Ríos, por presunta infracción de los artículos 139 y 158 de la Constitución y abocamiento ilegal, usurpación de funciones y abuso de autoridad. En este caso, la propuesta de la subcomisión fue declararla improcedente en todos sus extremos. Solo dos congresistas se opusieron, mientras que 13 apoyaron enviar al archivo la denuncia constitucional. Los informes de calificación fueron elaborados por la presidenta de la subcomisión, María Acuña. Pero para que el archivo de las dos denuncias constitucionales sea definitivo, la Comisión Permanente del Congreso también tendrá que pronunciarse. Con la improcedencia de ambas denuncias constitucionales, la JNJ quedará blindada en este Congreso. Los congresistas que apoyaron el archivo, son los mismos, en su mayoría, que respaldaron la restitución de Benavides.

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Presidente de la JNJ busca alzarse en armas contra la fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) insiste en reponer por la fuerza a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, incluso alzándose en armas. El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) «hacer uso de la fuerza pública» para retirar a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, para el que fue legalmente elegida en octubre de 2024 por un periodo de tres años. La designación de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación es legítima y cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, conforme lo establece la Constitución. El pedido se realizó por medio de un oficio dirigido al comandante general de la PNP en el que expresamente se solicita «auxilio de la fuerza pública» para cumplir con los dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución N°231-2025-JNJ, en el que se repone a Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La solicitud lleva la firma de Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, quien a la fecha no ha respondido los tres pedidos del Ministerio Público de presentar la resolución con las firmas de todos los integrantes y la grabación de la sesión donde se registre el debate y voto de los mismos. Así lo informó Delia Espinoza durante un mensaje a la ciudadanía publicado en las cuentas oficiales de la institución que preside. «Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias ni atribuciones. El día de hoy (23 de junio) también, la Junta de Fiscales Supremos, acordó por unanimidad solicitar a la JNJ emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión y la misma Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección», dijo. Ilegal resolución de la JNJ contra la fiscal de la Nación El pasado 12 de junio, la JNJ emitió una resolución que busca reponer a Benavides como fiscal de la Nación, pero que es firmada únicamente por el presidente, Gino Ríos Patio, cuando lo que corresponde es que firmen todos los miembros del pleno de la JNJ, dando a conocer el sentido de sus votos y motivando (justificando) su decisión. Además, la audiencia de votación debió ser pública y debió contar con la asistencia de todos los miembros del pleno, a fin de lograr la unanimidad. Sin embargo, en la sesión faltó el magistrado Francisco Távara, quien posteriormente dio a conocer que su voto era en contra de reponer a Benavides. Por si eso fuera poco, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación, ya que esa es una atribución única y exclusivamente de la Junta de Fiscales Supremos, que corresponde al Ministerio Público. Y en caso quisiera reponerla como fiscal supremo, todavía hay en curso dos denuncias constitucionales pendientes contra Patricia Benavides, que deben ser resueltas para decidir su situación.

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Delia Espinoza ratifica la plena legalidad de su cargo como fiscal de la Nación

La fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, sostuvo que su elección en el máximo cargo dentro del Ministerio Público está plenamente vigente y ha sido reafirmada de manera unánime por la Junta de Fiscales Supremos. No obstante, indicó que la decisión emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de imponer en ese cargo a Patricia Benavides afecta su legítima elección, por lo cual solicitó que se la convoque a una audiencia con todo el pleno de dicho colegiado para escuchar su posición.  «No es desacato, es la ley», señaló la fiscal de la Nación. A través de un pronunciamiento publicado en redes sociales, recordó que el pasado 16 de junio fue notificada del fallo que repone a Benavides Vargas. Al respecto, indicó recibió una resolución incompleta que no tenía la firma de todos los miembros del colegiado, «como lo manda expresamente la ley«.  En ese sentido, Delia Espinoza informó que hasta en tres oportunidades ha solicitado a la JNJ el video y el acta de la sesión donde conste la deliberación y votación de los miembros en aras de la transparencia que deben mostrar los funcionarios públicos. Asimismo, refirió que ha presentado una demanda de amparo por la decisión de la JNJ, a la cual calificó de inconstitucional.  La magistrada dio cuenta también que hoy recibió un oficio de la JNJ mediante el cual se le conminó a cumplir con la reposición de Benavides Vargas o de lo contrario recurrirían a la fuerza pública. Ante ello, indicó, se devolvió la documentación «recordando que lo requerido no está dentro de sus competencias y atribuciones». «El día de hoy también la Junta de Fiscales Supremos acordó por unanimidad solicitar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión de reponer a la señora Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Y al mismo tiempo la misma Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección», enfatizó. Mencionó que todo lo informado ha sido puesto de conocimiento al Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, a la presidencia del Poder Judicial, a la presidencia del Consejo de Ministros, el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso de la República y a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. En consecuencia, la magistrada exhortó a todas las instituciones y autoridades no intervenir ni desinformar sobre este caso al advertir que la única vía de solución posible será respetando el ordenamiento jurídico, el estado constitucional y de derecho vigente.

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Junta Nacional de Justicia insiste en sacar ilegalmente a la fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) volvió a insistir en sacar ilegalmente de su cargo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Con ello, busca imponer por la fuerza a Patricia Benavides, con una resolución inconstitucional. La directora encargada de la oficina de procesos disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo envió un oficio en el que amenaza a la fiscal de la Nación con «usar la fuerza pública» si en el plazo de un día no repone y proclama a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, nada dice sobre los reiterados pedidos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que la JNJ exhiba y notifique el acta de la sesión en la que se declaró la nulidad del procedimiento disciplinario de destitución seguido a Patricia Benavides con el voto y la firma de los siete miembros de la JNJ. Cabe recordar que, el pasado viernes 13 de junio, la JNJ emitió una resolución que busca reponer a Benavides como fiscal de la Nación, pero que es firmada únicamente por el presidente, Gino Ríos Patio, cuando lo que corresponde es que firmen todos los miembros del pleno de la JNJ, dando a conocer el sentido de sus votos y motivando (justificando) su decisión. Además, la audiencia de votación debió ser pública y debió contar con la asistencia de todos los miembros del pleno, a fin de lograr la unanimidad. Sin embargo, en la sesión faltó el magistrado Francisco Távara, quien posteriormente dio a conocer que su voto era en contra de reponer a Benavides. Por si eso fuera poco, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación, ya que esa es una atribución única y exclusivamente de la Junta de Fiscales Supremos, que corresponde al Ministerio Público. Y en caso quisiera reponerla como fiscal supremo, todavía hay en curso dos denuncias constitucionales pendientes contra Patricia Benavides, que deben ser resueltas para decidir su situación.

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JNJ intenta reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentó reponer a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, anulando el procedimiento disciplinario en su contra por el que fue destituida. Este proceso se inició porque Benavides interfirió directamente en una investigación fiscal contra su hermana, la jueza superior de Lima Enma Benavides Vargas. La decisión de la JNJ intenta retrotraer todo el proceso hasta antes de la emisión del informe de instrucción 063-2024-LITÑ-JNJ. Este informe sustentaba la sanción contra Patricia Benavides por haber removido a la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien investigaba a Enma Benavides por presuntamente haber recibido pagos de narcotraficantes a cambio de su liberación, lo que constituiría delitos de cohecho y organización criminal. Como fiscal de la Nación y aduciendo una supuesta “baja productividad”, en 2022 Benavides Vargas cesó de forma arbitraria a Bersabeth Revilla con el propósito de apartarla de la investigación clave que comprometía directamente a su hermana. Según la decisión del pleno del JNJ, al anularse el procedimiento disciplinario, Patricia Benavides debe ser repuesta como fiscal de la Nación, sin embargo, según la Constitución, el cargo de fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y no por ningún organismo externo. Esto implicaría que Delia Espinoza renuncie o se auto-destituya, lo cual no tiene sustento legal. Además, la JNJ nunca destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, sino que la apartó de su cargo como fiscal suprema titular. El acuerdo de la JNJ también alcanza a Enma Rosaura Benavides Vargas, hermana de Patricia, por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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‘Cuello Blanco’ de vuelta: JNJ rehabilita a Tomás Gálvez como fiscal supremo titular

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la rehabilitación del título de fiscal supremo titular a Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien fue destituido de ese cargo por sus vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto‘. Según la JNJ, esta reposición obedece a lo resuelto por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, como parte del proceso constitucional de amparo que promovió el mismo Tomás Gálvez. Como parte de esta decisión, el pleno de la JNJ, presidido por Gino Ríos Patio, también resolvió dejar sin efecto la inscripción de la sanción disciplinaria impuesta anteriormente en el registro personal del fiscal supremo, restituyendo su condición funcional conforme a los alcances del mandato judicial. En el año 2020, Tomás Aladino Gálvez Villegas fue acusado por la JNJ de participar en actos de interferencia en procesos judiciales y de favorecer intereses particulares. Entre las acusaciones principales figuraban supuestos favores relacionados con el ex juez supremo César Hinostroza. Adicionalmente, se le imputó por declaraciones realizadas en una entrevista pública que, según la JNJ, comprometían el decoro del Ministerio Público. Como resultado de estas imputaciones, el fiscal fue destituido de su cargo en abril de 2021. Y aunque el tribunal reconoce que las acciones imputadas eran de una naturaleza sumamente grave, determinó que la forma en que se aplicó la destitución no se ajustó al marco legal aplicable. Por ello, se dispuso la nulidad total del proceso y de todas las resoluciones que derivaron en su destitución, incluidas las relacionadas con el Ministerio Público.

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JNJ revoca destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides

El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundada por mayoría la reconsideración de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y revocó la destitución que se le impuso por la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles. En su lugar, se le impuso una sanción de suspensión por 60 días. La revocación de la destitución fue propuesta por el ponente Jaime de la Puente y respaldada con los votos de sus colegas Cayo Galindo, German Serkovic, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera y Gino Ríos. Solo voto en contra el consejero Francisco Távara. La ponencia de De la Puente también planteaba la suspensión por 120 días de Patricia Benavides; sin embargo, esto se cambió a solo 60 días con los votos de Chanduví, Galindo, Cabrera y Ríos. Cabe precisar que aún está vigente la primera destitución que se le impuso a Benavides Vargas por el trato degradante a la exfiscal Bersabeth Revilla y por interferir en el proceso penal contra su hermana Enma Benavides. Esta última sanción fue impuesta por la anterior JNJ, aunque la exfiscal de la Nación busca que esta decisión sea anulada de oficio por los nuevos consejeros. ¿Por qué sancionaron a Patricia Benavides? Patricia Benavides fue sancionada por haber removido al fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles como represalia por investigar al fiscal Miguel Vegas Vaccaro. Este último había sido promovido a fiscal adjunto supremo por la exfiscal de la Nación pese a que registraba diversas sanciones disciplinarias y había sido investigado por corrupción. Benavides no permitió formalizar esta investigación. Para lograr la remoción injustificada, Benavides se valió de un informe que arrojaba una supuesta baja productividad por parte del fiscal Zapata Gonzáles. Lo mismo hizo para retirar indebidamente a la exfiscal Bersabeth Revilla. La nueva JNJ determinó que, efectivamente, Patricia Benavides se valió de un informe con datos falsos para sacar al fiscal Luis Felipe Zapata de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Sin embargo, afirma la ponencia, no se ha podido corroborar que luego de ello el magistrado haya sido víctima de actos de humillación o trato degradante “ni menos aún en actos que permitan concluir que se configuraron actos de coacción laboral”. Por ello, se consideró que, en este proceso disciplinario conta Patricia Benavides, la sanción de destitución “no resulta necesaria”.

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JNJ busca amordazar a la presidenta del Poder Judicial con procedimiento disciplinario

El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, anunció que el procedimiento disciplinario iniciado contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y cuatro jueces de la Corte Suprema, por presunta falta grave, podría demorar hasta 12 meses para que se tome una decisión. Gino Ríos hizo esta precisión a través de un comunicado público, señalando que el procedimiento disciplinario inmediato «puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres meses (adicional a un plazo inicial de nueve meses), por causa justificable». Esa precisión demuestra que no era necesario recurrir al procedimiento disciplinario inmediato, conforme han señalado diversos académicos y juristas, para investigar a la presidenta del Poder Judicial. Si se deseaba aclarar si los jueces supremos Janet Tello, Edwin Corrales, Carlos Calderón, Omar Toledo y Rosa Dávila cometieron alguna falta al resolver un recurso de casación cuando integraban la Primera Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte Suprema se pudo recurrir a procedimiento disciplinario ordinario. JNJ: Amenaza permanente La Junta Nacional de Justicia (JNJ) creó el procedimiento disciplinario inmediato para casos de extrema gravedad donde se requiere un pronunciamiento de las autoridades de control judicial en un plazo breve que impidan que sigan cometiendo actos que generen inquietud e inestabilidad en el sistema judiciales. Ese fue el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto» y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Pero el comunicado de la JNJ demuestra una intencionalidad política en la decisión de investigar a Tello, como lo que han advertido diversas asociaciones de jueces y juristas. La JNJ mantendría bajo investigación y amenaza latente a la presidenta del Poder Judicial durante casi todo su mandato que dura dos años, de enero de 2025 hasta diciembre de 2026. De esos 24 meses, Tello permanecería bajo investigación 12 meses, de marzo de 2025 hasta marzo de 2026.

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Hermana de la presidenta Dina Boluarte es asesora en la Junta Nacional de Justicia

La abogada René Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta Dina Boluarte, es una de las principales asesoras del nuevo pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Comenzó sus actividades el 6 de enero, pero esto podría comprometer la independencia y autonomía del sistema judicial. El nuevo pleno parece tener una intención política de desmantelar el Poder Judicial y el Ministerio Público, como respuesta a las investigaciones que involucran a la presidenta, su hermano Nicanor Boluarte y otros líderes políticos. René Boluarte viene de las canteras del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), organismo que fue desactivado por la infiltración de la red criminal «Los Cuellos Blancos del Puerto» y el partido político Podemos Perú, del congresista José Luna Gálvez. La hermana de la presidenta de la República ingresó a laborar en el ex CNM el año 2001 como coordinadora y ascendió hasta ubicarse actualmente como Asesora 1. René Boluarte: Poder Judicial y Fiscalía en la mira Según informó el Diario La República, los antiguos funcionarios de la JNJ que se sentían relegados han «entablado muy buenas relaciones» con el nuevo grupo de poder, en especial con la consejera y excongresista de Podemos Perú, María Teresa Cabrera. La ex parlamentaria preside la Comisión de Procesos Disciplinarios que se encargará de investigar a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La República también asegura que la presidenta Dina Boluarte y el partido Podemos Perú han colocado a tres allegados en los más importantes cargos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A través de su hermana, la presidenta conoce la importancia de la JNJ dentro del sistema de administración de justicia en el país. La JNJ se encarga de seleccionar, nombrar, ratificar cada siete años y evaluar el desempeño profesional, ético y buen desempeño de los fiscales y jueces, a nivel nacional. Con los nuevos consejeros han ingresado a la JNJ dos excolaboradores de Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. El 25 de enero de 2025, ingreso Giovanna María Díaz Revilla para hacerse cargo de la secretaría general, el más alto cargo administrativo de la Junta. Días antes, el 14 de enero de 2025, llegó Joel Bolivia Revolledo para ponerse al frente de la dirección general de la institución. En tanto, que el 9 de enero de 2025, junto con los nuevos consejeros, llegó José Antonio Jáuregui Silva, vinculado a Podemos Perú y Luna Gálvez, para dirigir la Oficina de Comunicaciones e Imagen institucional. Estos tres funcionarios, dicen las fuentes, junto a la consejera María Teresa Cabrera se han convertido en el nuevo poder de la JNJ.

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