inseguridad ciudadana

Mariano Antonio Altamirano Ramos, principal sospechoso del asesinato de Paul Flores de Armonía 10, ya había sido detenido e incluso fue sentenciado por el delito de extorsión. Sin embargo, fue liberado al acogerse a un decreto promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, luego de que el Congreso aprobara otorgarle facultades legislativas. Se trata del Decreto Legislativo 1585, una norma que, con el argumento de reducir el hacinamiento en los centros penitenciarios del país, facilitó la liberación de delincuentes que enfrentan o han sido condenados a penas de privación de libertad, permitiéndoles evitar la prisión o ser liberados de ella, respectivamente. Sin la aplicación de dicha norma, el principal sospechoso de la muerte de Paul Flores habría ingresado a un penal, ya que la conversión de prisión efectiva en servicios a la comunidad únicamente aplicaba para condenas de máximo cuatro años. Pero el decreto suscrito por Dina Boluarte aumentó este rango a cinco años. El caso de Altamirano comenzó el 23 de abril de 2023, cuando fue detenido por las autoridades tras ser acusado por extorsión luego de negociar la devolución de un vehículo robado a cambio de dinero. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, bajo la dirección del fiscal provincial Gary Martín Rojas Auqui, solicitó prisión preventiva para el joven, la cual fue aprobada por un periodo de nueve meses. El 25 de abril de 2023, apenas dos días después de su detención, la Fiscalía formalizó el pedido de prisión preventiva contra Altamirano. El joven permaneció bajo esta medida desde el 23 de abril de 2023 hasta el 15 de enero de 2024, cumpliendo así los nueve meses establecidos por el tribunal. Durante este periodo, el caso avanzó hacia una audiencia preliminar de control de acusación, que tuvo lugar el 15 de enero de 2024. En esta instancia, la Fiscalía logró que Altamirano fuera sentenciado a cinco años y diez meses de pena privativa de libertad, una condena que reflejaba la gravedad del delito de extorsión por el que había sido procesado. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 1585. El abogado de Altamirano presentó un pedido para que su cliente se beneficiara de esta ley, argumentando que cumplía con los requisitos estipulados en el artículo 57 del Código Penal. Entre los criterios considerados para la suspensión de la pena se encontraba la ausencia de antecedentes penales y el hecho de que Altamirano tenía menos de 25 años al momento de cometer el delito. Estas condiciones, junto con la nueva legislación, permitieron que el joven obtuviera su libertad, a pesar de la sentencia inicial que lo condenaba a varios años de prisión. Con su salida, los actos delincuenciales no se detuvieron. Además de los antecedentes por fraude informático, receptación y robo agravado, se le atribuye tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. De hecho, este miércoles 26 de marzo, el Poder Judicial dictó para Mariano Altamirano siete días de prisión preliminar por los últimos cargos mencionados, dado que, durante su intervención el 25 de marzo, las autoridades policiales incautaron un arma de fuego cargada con siete municiones, así como varios paquetes de estupefacientes.