Fiscalía Anticorrupción

Paita: Exalcalde Enrique Silva es condenado a ocho años de prisión por corrupción

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó sentencia de ocho años de prisión efectiva para Enrique Silva Zapata, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Paita, quien fue hallado responsable penal del delito de peculado doloso por apropiación agravado. En el adelanto de sentencia fueron condenados también por el mismo periodo Joe Villegas y Carlos Puruguay.. En tanto que para Kevin Vallejos y Beyzaida Aguirre obtuvo siete años de pena suspendida, por un periodo de prueba de cinco años, por el mismo delito. El juzgado acogió la demanda de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) de Piura que acusó al exburgomaestre de Paita. La acusación fue sustentada por la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo quien probó en el juicio que entre enero de 2019 y mayo de 2022, los sentenciados se apropiaron de más de 372,977.97 soles mediante la anulación fraudulenta de recibos de pago de tributos municipales; causando un grave perjuicio económico a la municipalidad. En audiencia de adelanto de fallo, estando presentes las partes procesales, el juzgado también dispuso la inhabilitación de ejercer cargo público y el pago de días multa para el exalcalde Enrique Silva y los demás sentenciados. La lectura íntegra de la sentencia se realizará el 9 de abril.

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Ica: Exgobernador Fernando Cillóniz es sentenciado por corrupción junto a su gerente general

El Poder Judicial dictó una sentencia condenatoria de cuatro años y dos meses de prisión para el exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz Benavides, y el exgerente general de su gestión, Carlos Ramón Noda, tras haber sido hallados responsables penalmente del delito de peculado doloso. La sentencia impuesta es suspendida en su ejecución por un periodo de dos años de prueba, sujeto a las siguientes reglas de conducta: prohibición de cometer nuevos delitos contra la administración pública, no ausentarse del lugar de su residencia, entre otras. Además, se fijó una reparación civil solidaria de S/ 12,608.90, que deberán cancelar ambos sentenciados en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de aplicar las medidas legales correspondientes en caso de incumplimiento. Los hechos que motivaron la condena se refieren a la apropiación indebida de fondos del Estado por parte del exgerente general regional, Carlos Ramón Noda, quien se ausentó de su lugar de trabajo para participar en 11 eventos durante el periodo 2015-2018 en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica. A pesar de ello, no justificó su ausencia en esos días en el Gobierno Regional de Ica, ni solicitó el descuento correspondiente de su remuneración como trabajador de la referida jurisdicción. Dicho acto fue aprobado a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, suscrita por el exgobernador regional Fernando Cillóniz Benavides.

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Fiscalía allana casa del ministro Juan José Santiváñez por investigación de audios

La Fiscalía Anticorrupción allanó el domicilio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en el marco de la investigación fiscal por las conversaciones grabadas con el capitán Junior Izquierdo, también conocido como ‘Culebra‘, en las que se le escucha a Santiváñez confesarle a su amigo lo que sucedía dentro del Gobierno de Dina Boluarte antes de asumir el cargo. Las diligencias también se realizaron en simultáneo en la sede del Ministerio del Interior, por disposición del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el requerimiento fiscal. La investigación por parte de las autoridades se da debido a los audios —grabados en agosto del 2024 por ‘Culebra en el chifa Wang Xiang Yuan, de San Borja — en los que se escucharía al supuestamente, el titular del Mininter decirle a Izquierdo que la presidenta Dina Boluarte —quien viene siendo investigada por presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón en el caso Cofre— le habría exigido la desactivación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como una condición para que pueda ser nombrado en el cargo. Por ello, el capitán Junior Izquierdo entregó a la Fiscalía un USB que contiene los audios con las conversaciones con su examigo Juan Santiváñez. Además, como parte de las diligencias en la investigación, el Ministerio Público solicitó al ministro del Interior entregar su teléfono para recabar toda la información que permita esclarecer los hechos; sin embargo, este solo brindó su móvil sin chip y formateado. El tuit de Harvey Colchado sobre Santiváñez El coronel PNP (r) Harvey Colchado publicó un tuit en el que se refiere al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, como «abogado del diablo», recordándole que defendió a la presunta organización criminal Los Pulpos. Según el exagente de Inteligencia, Santiváñez está inhabilitado «moral y políticamente» para ejercer el cargo en el Ejecutivo, por lo que no puede garantizar la seguridad ciudadana. «El Perú necesita un ministro que enfrente el crimen, no a un abogado de criminales condenados por integrar organizaciones sanguinarias», escribió Colchado.

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Fiscal de la Nación advierte graves riesgos en cambios a la Ley de Extinción de Dominio

Los cambios en la Ley de Extinción de Dominio que impulsa el Congreso de la República buscan excluir los delitos de corrupción, lavado y crimen organizado de la incautación de bienes obtenidos en forma ilícita. Así lo advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. A través de un pronunciamiento público, precisó que de prosperar las modificaciones, pendientes de una segunda votación en el Parlamento, se limitaría la Ley de Extinción de Dominio y llevarían a que el Ministerio Público retroceda en su misión de investigar y perseguir el delito. “Nos pronunciamos de manera firme contra las modificaciones que pretenden eliminar la efectividad del Decreto Legislativo 1373 que hoy faculta de autonomía a los procesos judiciales de extinción de dominio”, aseveró. Los cambios, de acuerdo a Espinoza, solo permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme, lo que facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita. Además, permitiría que las investigaciones se limiten a los cinco años y prescriban en este tiempo, lo que dejaría a los delincuentes con sus ganancias ilícitas cuando es sabido “que un bien ilícito nunca se convierte en legal”. La fiscal de la Nación consideró que representa un riesgo mayor para la lucha contra la criminalidad la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional el Decreto Legislativo 1373, sobre Extinción de Dominio. “Esperamos con optimismo sea declarada infundada porque, de lo contrario, favorecería a la delincuencia, afectando a más de 5500 casos que hoy en día se encuentran bajo esta ley”, refirió. ¿Qué permite la Ley la Extinción de Dominio? Delia Espinoza dijo a la población que la extinción de dominio no es una confiscación ni expropiación de bienes, sino una restauración de la legalidad, dado que la posesión no legaliza los bienes adquiridos mediante la comisión de delitos, principalmente relacionados con corrupción, crimen organizado, minería ilegal, trata de personas y otros. Lo que facilita la ley, según explicó, es quitarle a los delincuentes su patrimonio mal habido, más no afectar a aquellos comerciantes, emprendedores, pequeños empresarios y personas honestas que con su trabajo legal aportan al desarrollo económico y social del país.  Recordó que con la aplicación de esta ley el país ha podido recuperar hasta el momento más de 560 millones de soles en bienes y dinero obtenido en forma ilícita y evitó que los delincuentes o testaferros disfruten de fortunas mal habidas.

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Fiscalía Anticorrupción interviene oficinas de la Municipalidad de Piura por caso de licencias de rutas

Un equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Piura y la Policía Nacional realizó este martes una intervención en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Piura tras una denuncia sobre presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de licencias de rutas de transporte en la ciudad. El personal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecof) Piura intervino en la Subgerencia de Transportes y Comunicaciones de la Municipalidad de Piura a fin de realizar la diligencia de constatación de información pública, como parte del inicio de una investigación preliminar para esclarecer los detalles de la convocatoria y determinar posibles responsabilidades penales. A través de un comunicado, la Municipalidad de Piura dio a conocer que el equipo fiscal fue atendido por el gerente de Transportes, Eduardo Merino, quien se comprometió a presentar los documentos solicitados por la Fiscalía en un plazo de 48 horas. «La presencia de los representantes del Ministerio Público responde a un procedimiento de rutina enfocado en el trámite de la convocatoria de la ruta diametral (RD) 09», señaló la Municipalidad de Piura. La ruta RD-09 va desde el sector de Villa California, en el distrito de Castilla, hasta la Av. María Arguedas, en el distrito Veintiséis de Octubre. En noviembre de 2024, el Concejo Municipal aprobó la modificación de la Ordenanza 092-02-CMPP con la finalidad de habilitar cuatro rutas de transporte (RD-09, RD-13, RD-15 y RD-18) que habían quedado desiertas en la actualización del Plan Regulador de Rutas. Según la municipalidad, estos trayectos buscaban cubrir las zonas históricamente desatendidas y garantizar la movilidad urbana en diversos sectores de la ciudad, ya que la cobertura solo alcanzaba el 28 %. Cabe mencionar que la propuesta fue presentada por el regidor Cristhian Carreño Yarlequé como presidente de la Comisión de Transportes de la municipalidad. En julio de 2024, Carreño fue sentenciado por corrupción en calidad de exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

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