Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte cambió solo a dos miembros del nuevo Consejo de Ministros de su gobierno. Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén a la presidencia del Consejo de Ministros, Boluarte optó por cambiar únicamente a los titulares del gabinete ministerial y de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Eduardo Arana, quien ocupaba el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos, pasó a reemplazar a Gustavo Adrianzén como presidente del Consejo de Ministros. En tanto, Juan Alcántara Medrano asumió la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Lejos de nombrar a una figura externa a su Gobierno para liderar un renovado Consejo de Ministros, Boluarte colocó a Arana al frente del gabinete, en lo que ha sido interpretado como un gesto de continuismo respecto a la gestión de Adrianzén. El ahora extitular de Justicia y Derechos Humanos ha sido uno de los ministros que más han defendido y respaldado públicamente el trabajo de Boluarte al frente de la presidencia. Arana no ha estado exento de polémicas. Durante su gestión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recibió diversas críticas por algunas de sus acciones. En marzo de este año, propuso obligar a los medios de comunicación a difundir las actividades del Ejecutivo durante los estados de emergencia. Asimismo, en los presuntos audios entre el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior ‘Culebra’ Izquierdo, se menciona que Arana sería uno de los principales “asesores en las sombras” de la mandataria Dina Boluarte.

El norte del Perú muestra un rotundo rechazo al gobierno de Dina Boluarte. Según una encuesta de Ipsos, en el norte del país su nivel de respaldo ya está en 0%, una cifra que se veía venir de acuerdo con la tendencia que se observaba en las últimas encuestas de opinión pública. En todo el país, la aprobación de Dina Boluarte apenas llega al 2%. Al considerar que el margen de error de la encuesta es de +/-2.8%, este resultado equivale, en términos estadísticos, a que podría estar también en 0%. Según el director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, el margen de error de la encuesta es de +/-2.8%, por lo que indicó que así como Boluarte podría tener alrededor de 4% de aprobación, también podría alcanzar el 0%. En entrevista con Perú21, Loli dijo que «más allá de los números, apenas asumió la presidencia hubo un rechazo hacia ella«, y por ello «hay un serio problema de legitimidad. La legalidad la tiene porque se ciñó al proceso constitucional». En el centro del país, la aprobación alcanza apenas el 1%, en el sur 2%, y en la región oriente, un 4%. Estos niveles revelan un rechazo generalizado, lo que complica seriamente la gobernabilidad y limita cualquier intento de consolidar una agenda política estable.  

Diversos periodistas y medios de comunicación han suscrito un pronunciamiento que rechaza la Ley N.º 32301, conocida como «Ley APCI», por considerar que constituye “un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema”. La Ley N.º 32301, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte el 14 de abril pasado, afecta directamente a los medios de comunicación que funcionan bajo la figura legal de «asociaciones civiles sin fines de lucro» e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional. La norma establece disposiciones que constituyen un ataque directo a la libertad de prensa, ya que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema. En principio, al exigir ―de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones― la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). De acuerdo con el pronunciamiento, la «Ley APCI» constituye una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional. Con esta nueva norma, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de falta de transparencia por parte de autoridades y funcionarios públicos. No solo los fondos pueden ser vetados y las investigaciones periodísticas, bloqueadas desde el origen. A causa de estos controles previos, los medios, además, tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución” de los mismos. Es decir, puede existir censura previa. Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que serefiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública. El pronunciamiento ha sido firmado por periodistas freelance y que trabajan en medios de comunicación peruanos y extranjeros. Además, por organizaciones peruanas abocadas a la defensa de libertad de prensa, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Fundación Mohme, así como también por organizaciones de la sociedad civil.