Congreso de la República

Una vez más un bono entregado por el Congreso está bajo discusión. La gestión del presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso (APP), dio en enero un beneficio económico por concepto de escolaridad equivalente a un sueldo completo (S/ 15,600). Lo que llama la atención, sin embargo, es que el bono ha sido entregado incluso a aquellos congresistas que no tienen hijos, lo que desnaturaliza la finalidad del bono y genera indignación en la población, sobre todo entre los padres y madres de familia. De acuerdo con el Diario El Comercio, el monto total desembolsado por el Congreso equivale a S/ 25 millones, dinero que proviene de fondos públicos. Sin duda, se trata del poder del Estado que más gastos injustificados realiza, sin que instituciones como la Contraloría General de la República realicen acciones efectivas al respecto. Cabe recordar que los congresistas reciben un equivalente a 14 sueldos al año (incluidas las gratificaciones de julio y diciembre) más varios beneficios como un equipo parlamentario, seguridad personal, movilidad y viáticos completos para sus viajes de representación. En enero también se reveló que los trabajadores del Congreso recibieron un bono de 20 mil soles como parte del convenio colectivo 2024-2025. Este beneficio, firmado por la gestión del entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP), incluye además un aumento salarial del 15% y dos bonificaciones adicionales de 200 soles cada una.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Francisco Sagasti e inhabilitarlo por 10 años del ejercicio de la función pública por cambios efectuados en la Policía Nacional. La votación se realizó de forma separada. En el caso de la acusación, 18 congresistas votaron a favor, 4 en contra y 2 se abstuvieron; mientras que sobre la inhabilitación, 22 se expresaron a favor, 2 en contra y nadie se abstuvo. Según el informe final, a Francisco Sagasti Hochhausler se le acusa por la presunta infracción a los artículos 45, 139 y 172 de la Constitución y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal. Esta acusación se sustenta en la presunta emisión de las resoluciones supremas que arbitraria e ilegalmente disponen el pase al retiro y que declaran infundados los recursos de reconsideración interpuestos por los tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, así como la Resolución Suprema N° 094-2020-IN que designa al nuevo comandante general. De igual modo, se aprobó la acusación constitucional contra José Elice en su calidad de exministro del Interior y también se dispuso la inhabilitación por 10 años en el ejercicio de función pública.  Asimismo, respecto al delito de abuso de autoridad, previsto y penado en el artículo 376 del Código Penal, se aprobó el levantamiento del fuero a Francisco Sagasti y José Elice, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales. El informe final también tenía dentro de los acusados a Rubén Vargas, quien fue exministro del Interior, pero no fue incluido dentro de las votaciones porque no ejerció su derecho a la defensa y se reprogramó su comparecencia. De igual modo, se aprobó la conformación del grupo de congresistas que sustentarán ante el pleno del Parlamento las acusaciones constitucionales e inhabilitación de Francisco Sagasti, José Elice y Rubén Vargas. En noviembre de 2020 el expresidente Francisco Sagasti pasó al retiro a 18 generales PNP y renovó el Alto Mando. El general PNP César Cervantes Cárdenas fue designado como nuevo comandante general de la Policía Nacional.