Congreso de la República

Un total de seis denuncias constitucionales contra Dina Boluarte han sido archivadas en la segunda legislatura de este año por el Congreso de la República. En todas ellas, la bancada de Fuerza Popular y sus partidos aliados votaron a favor del archivo y blindaron a la jefa de Estado en investigaciones que iban desde los asesinatos en protestas hasta el caso Rolex. La situación más controversial se desarrolló el último viernes 20 de junio cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó, en un solo día y sin debate, cuatro denuncias presentadas por congresistas contra Dina Boluarte. De las cuatro, tres dotaron de impunidad a las muertes durante las manifestaciones sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, hecho por el cual se acusaba a Boluarte y a algunos de sus entonces ministros por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves. Además de estas tres relacionadas a las manifestaciones, se archivó una que acusaba a Dina Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo (del expresidente Pedro Castillo). En los cuatro casos, los informes de calificación que recomendaban el archivo tuvieron 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor vinieron de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular. El pasado 23 de mayo, la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que sugería no dar curso a la investigación del caso Rolex, pese a los señalamientos de presuntos regalos no declarados. Hubo 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Votaron a favor principalmente los miembros del partido naranja, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular. De la misma forma, el 2 de abril, la SAC archivó una denuncia por presunto abuso de autoridad. La acusación fue presentada por el abogado Rudecindo Vega, quien indicó que Boluarte junto a la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar habrían presionado para removerlo de su cargo como gerente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conaforiver). Si bien ya terminó la segunda legislatura, hay una denuncia constitucional pendiente de resolverse contra Dina Boluarte y algunos exministros por las muertes en las protestas. El delegado a cargo de elaborar el informe final es el congresista de Somos Perú, José Jerí, quien es voceado para candidatear por la presidencia del Congreso el próximo mes.

El Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por Eduardo Arana. Luego de una sesión que se prolongó por más de tres horas, el pleno le dio el sí nuevamente al gobierno de Dina Boluarte, con 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones.  Durante su discurso, Eduardo Arana, aseguró que los pilares de su gestión serán la lucha contra la criminalidad organizada, la inversión y el empleo para garantizar el crecimiento del país, y garantizar elecciones libres y transparentes en 2026. Como parte del primer punto, planteó también la creación de una comisión para decidir si el país continúa siendo parte del Tratado de derechos humanos de San José. «La permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un aspecto de sumo interés (…) propongo ante este honorable Parlamento, la creación de una Comisión (…) para evaluar la continuidad del Perú en dicho sistema», mencionó. Sin embargo, el año pasado, cuando Arana era titular de Justicia, observó el proyecto de ley que planteaba evaluar la permanencia en el Pacto de San José impulsado por la Comisión de Constitución presidida por el fujimorismo con Fernando Rospigliosi, mismo partido que hoy votó en bloque a favor del voto de confianza. En la misma línea, Arana ratificó que el gobierno de Dina Boluarte tiene intenciones de enviar a reos extranjeros de alta peligrosidad a a cárceles de máxima seguridad como el CECOT ubicado en El Salvador. El ministro aseguró que esto disminuiría el hacinamiento en los penales y desorganizaría a las mafias que operan desde las cárceles.