Congreso de la República

José Jerí, investigado por violación sexual, es elegido presidente del Congreso

José Jerí Oré, candidato de la lista 1, fue elegido presidente del Congreso para el último periodo legislativo, 2025-2026. Esta lista obtuvo 79 votos, mientras que la lista número 2, que lideraba José Cueto, obtuvo 40 votos. Además, tres congresistas votaron en blanco y cuatro votos se contabilizaron como nulos. Sobre José Jerí pesa una investigación por el delito de violación sexual en agravio de una mujer, ocurrida durante una fiesta de Año Nuevo 2025 en una casa de campo en Canta, Lima. El juzgado civil de dicha jurisdicción admitió la denuncia y ordenó medidas de protección a favor de la agraviada. Asimismo, dispuso que Jerí reciba tratamiento psicológico por impulsividad y conducta sexual patológica. La fórmula que ganó la votación por la Mesa Directiva la conformó José Enrique Jerí Oré (Somos Perú) en la presidencia, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) en la primera vicepresidencia, Waldemar Cerrón (Perú Libre) en la segunda vicepresidencia, e Ilich López (Acción Popular) en la tercera vicepresidencia. La sesión del Congreso de la República se inició a las 10:00 horas y una hora después comenzó la votación donde participaron 126 parlamentarios de manera presencial. Durante su discurso de asunción al cargo, José Jerí señaló: «Después de haber abierto las puertas del Congreso, hoy nos corresponde dar un paso más: acercar el Congreso de la República a las regiones, a cada rincón del país. Ese será nuestro sello: un Congreso proactivo, que escucha, que dialoga y que rinde cuentas. Un Congreso que asuma los problemas como propios y que legisle con el oído puesto en la calle, allí donde late el pulso real del país«, manifestó. Según José Jerí, la Mesa Directiva que preside mantendrá un rol neutral e imparcial frente al Poder Ejecutivo, siendo que no serán «complacientes, pero tampoco caerán en obstrucciones inútiles«.

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Eran otros tiempos: Estos son los senadores que alguna vez representaron a Piura

El Senado de la República volverá a funcionar en Perú desde el año 2026, pese a que en el referéndum del 2018 la población decidió por mayoría que no fuera así. Con el retorno del Senado, en esta nota recordamos a los senadores que alguna vez representaron a Piura. El Senado volverá a funcionar luego de 34 años, pues fue disuelto en 1992 por el exdictador Alberto Fujimori. El departamento de Piura tuvo senadores representantes que trascendieron. Ellos fueron elegidos directamente o a través de distrito electoral único, es decir, elegidos entre todos los candidatos del país. Pero eran otros tiempos, cuando ser político era un honor y a la política solían llegar los más capacitados. Aquí repasamos algunos nombres. Luciano Castillo Colonna Uno de los nombres más destacados es, sin duda, el de Luciano Castillo Colonna (La Huaca, Paita, 1899), quien fue abogado, escritor y catedrático, así como fundador del Partido Socialista del Perú, del que fue presidente hasta su fallecimiento. Luciano Castillo Colonna postuló a la presidencia en las elecciones de 1962 y en las de 1980. Previamente, ocupó los cargos de diputado y congresista constituyente. Fue elegido senador por el departamento de Piura para el periodo 1950-1956. Castillo Colonna destacó entre varios políticos piuranos, al punto de que hoy una de las Subregiones de la región Piura lleva su nombre. Miguel Cerro Guerrero Otro piurano que nos representó en el Senado de la República fue Miguel Félix Cerro Guerrero (Huancabamba, 1871). Abogado, político, empresario y periodista, Cerro fue fundador y director de la cadena de diarios La Industria del norte peruano. En 1901 fue elegido diputado titular por la provincia de Huancabamba y diputado suplente por la provincia de Trujillo.​ Similar figura se generó en 1913 cuando fue elegido como diputado titular por la provincia de Piura​ y como senador suplente por el departamento de La Libertad. En 1939 volvió a ser elegido senador por el departamento de Piura. Durante el ejercicio de su función parlamentaria, presentó importantes proyectos de ley, entre ellos los relativos al uso del agua. Enrique Coronel-Zegarra El ingeniero Enrique Coronel-Zegarra Castro, (Piura, 1851) fue miembro del Partido Demócrata o pierolista, ministro de Fomento y Obras Públicas (1899-1900), ministro de Gobierno y presidente del Consejo de Ministros (1900). Fue también senador por Piura en varios períodos, entre 1895 y 1919. Como senador por Piura, participó en la construcción de la vía férrea de Piura a Catacaos, así como en la instalación de maquinarias para la irrigación de las principales haciendas de dicha zona. Hoy una institución educativa lleva su nombre. Guillermo Gulman Lapouble Un nombre que suena hasta hoy es el de Guillermo Gulman (Piura, 1900): abogado, docente y periodista. Fue alcalde de Piura entre 1947 y 1951, y senador por Piura de 1956 a 1958 por la agrupación política Unificación Nacional, junto al otro senador elegido en Piura, Enrique Verdeguer López, también exalcalde de la ciudad. Guillermo Gulman llegó a ser segundo vicepresidente de la Cámara de Senadores. Falleció en la víspera de Nochebuena del año 1958, a consecuencia de un accidente de tránsito, mientras ejercía su mandato legislativo. En su memoria, una avenida principal de Piura lleva su nombre, así como una institución educativa en el distrito de Veintiséis de Octubre. Otros senadores por Piura Otros nombres que también han trascendido en la política peruana han sido el del economista José Linares Gallo (Talara, 1943), miembro del Partido Aprista Peruano; y el del docente Eugenio Chang Cruz (Sullana, 1927), dirigente del Partido Aprista y senador en dos ocasiones. Chang Cruz fue, además, uno de los impulsores de la creación de la Universidad Nacional de Piura (UNP). En tanto, el ingeniero civil Gustavo Mohme Llona (Chulucanas, 1930) fue un importante empresario y periodista, fundador del diario La República y senador por Izquierda Unida de 1980 a 1992. Asimismo, el docente Andrés Cardó Franco (Sullana, 1932) fue ministro de Educación en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y senador por el Frente Democrático en el breve periodo 1990-1992. ¿Y ahora quiénes postulan al Senado?

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Así será la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso este 26 de julio

La elección de la Mesa Directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2025-2026, se efectúa cada año en julio, antes de las celebraciones por Fiestas Patrias. Dicho proceso tendrá una significativa importancia por tratarse del último periodo parlamentario 2021-2026. La elección de la Mesa Directiva del Congreso es conducida por el presidente de este poder del Estado. El acto electoral se realizará mediante cédula, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual de sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento del Congreso. Leídas las listas de candidatos, la Mesa Directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el desarrollo del acto electoral, quienes firmarán las cédulas de votación que serán distribuidas entre los congresistas.  El presidente suspende la sesión por breves minutos, a efecto de que los congresistas llenen las cédulas. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto, seguido de los demás miembros de la mesa y los congresistas escrutadores. Luego votarán los legisladores, uno a uno, en orden alfabético. Concluida la votación por parte de los legisladores, el presidente del Congreso procede al escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada. Terminado el escrutinio, si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. A continuación, los candidatos elegidos prestarán juramento y asumirán sus funciones de inmediato. El presidente electo lo hará ante el presidente de la mesa que condujo el acto electoral. El resto de miembros de la Mesa Directiva lo hará ante el nuevo titular del Congreso. La fórmula de juramentación será la de uso común: “Por Dios y por la Patria”; salvo que algún congresista pida lo contrario. Es importante señalar que ninguno de los nuevos miembros elegidos puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento. El resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la república, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al fiscal de la Nación, al defensor del Pueblo, a las instancias regionales y a las municipalidades provinciales del país.

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El congresista por Piura que votó a favor de violadores de derechos humanos

Se llama César Revilla, es piurano y votó a favor de criminales. El último miércoles, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o sentenciados en primera instancia por cometer graves violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000). Fueron 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Uno de los congresistas que votó a favor de la norma fue el piurano César Revilla Villanueva, de la bancada de Fuerza Popular. El fujimorista es conocido también por haber votado a favor de la minería ilegal y el REINFO. En 2024, Revilla Villanueva ya había votado a favor de una ley a favor de criminales de lesa humanidad, junto con sus colegas piuranos Eduardo Castillo, Maricruz Zeta y Miguel Ciccia. César Revilla es actualmente investigado por el Ministerio Público por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, en el cual se presume la existencia y actuación de una presunta organización criminal encabezada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Por este caso, en 2024, César Revilla pidió al Congreso más de 40 mil soles para pagar su defensa legal, asumida por el estudio de Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Familiares de César Revilla contratan con el Estado Pese a estar prohibidos por la ley, dos familiares del congresista César Revilla registran 11 órdenes de servicio por S/ 84.229, emitidas entre el 26 de agosto de 2021 y 21 de marzo de 2023. Seis de esas órdenes corresponden a José David Revilla Villanueva, hermano del congresista e ingeniero pesquero, que contrató con la Municipalidad Provincial de Talara en cuatro oportunidades. Otras dos fueron con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Estas adjudicaciones, fechadas entre agosto de 2021 y junio de 2022, suman S/ 53.000. El 24 de julio de 2023, Sanipes declaró la nulidad de oficio de una de las órdenes de servicio —por S/7.000— correspondiente al 1 de diciembre de 2021. En la actualidad, José Revilla se encuentra inhabilitado de manera temporal como proveedor, por dicha contratación con Sanipes. Esto debido a su impedimento por el parentesco con el legislador de Fuerza Popular, según la resolución del OSCE. Otro hermano del legislador, Julio César Revilla Villanueva, es entrenador de natación y registra, además, cinco órdenes de servicio por un total de S/31.229. Estos documentos, emitidos entre el 8 de noviembre de 2021 y el 21 de marzo de 2023, se gestionaron con la Universidad Nacional de Piura (UNP).  En esta casa de estudios, el congresista fue docente entre 2014 y 2020, según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, como secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el último 5 de noviembre, sostuvo una reunión con el rector encargado Enrique Cáceres Florián para “evaluar el estado presupuestal y financiero de la universidad”. En mayo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Julio Revilla con una inhabilitación temporal por una de las cinco órdenes de servicio de la UNP. Según la resolución, del 6 de mayo de 2024, la universidad no proporcionó la constancia de recepción de la orden de servicio solicitada por OSCE como parte de este proceso.

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Congreso aprueba amnistía para policías y militares violadores de derechos humanos

El Congreso de la República aprobó de manera definitiva la ley de amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000). La norma permite que quienes hayan cometido delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo señalado queden exentos de responsabilidad penal; sin embargo, esto no aplica para los que se encuentren procesados por terrorismo o corrupción. Además, también la ley incluye además que personas mayores de 70 años también puedan acogerse a esta norma. Según especialistas, esto podría incluir a sentenciados en casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la norma como «un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad», y advirtió que podría afectar más de 150 sentencias ya emitidas y dejar sin justicia a cientos de víctimas. «Procesos aún en trámite podrían ser archivados sin posibilidad de apelación, consolidando la impunidad y negando el derecho de acceso a la justicia», alertó la organización en un pronunciamiento público.

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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Excongresista de APP Freddy Díaz es condenado a 18 años de prisión por violador

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena por violación sexual para el excongresista Freddy Díaz Monago y elevó su pena de 13 años y cuatro meses a 18 años de cárcel. La decisión fue tomada tras revisar la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que había solicitado una pena de 20 años. Díaz fue hallado culpable en agosto de 2024 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, luego de que se demostrara que abusó sexualmente de una trabajadora del Congreso que se encontraba incapacitada para resistirse debido al consumo de alcohol. En esa primera sentencia, el exparlamentario recibió 13 años y cuatro meses de prisión. El abogado de la víctima, José Ugaz, informó que el máximo tribunal consideró agravantes como la relación de subordinación laboral entre el excongresista y la agraviada, así como el estado de vulnerabilidad de la víctima. Además del incremento en la pena privativa de libertad, la reparación civil también fue modificada. Inicialmente fijada en S/ 352,197, fue aumentada a S/ 500,000, atendiendo al pedido formulado por la defensa de la víctima durante el proceso de apelación. Freddy Díaz fue expulsado del Congreso en 2022, tras el escándalo que generó la denuncia en su contra, ocurrida en una oficina parlamentaria. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso como un ejemplo de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual cometidos desde el poder.

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Nuevo blindaje: Congreso archiva denuncias contra la JNJ por caso Benavides

Un nuevo blindaje. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) del Congreso decidió archivar los informes de calificación de dos denuncias constitucionales contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por intentar restituir por la fuerza a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La primera denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por los congresistas Elías Varas y Alex Flores contra la JNJ porque consideraron irregular la resolución que pretendió reponer a Benavides en la Fiscalía de la Nación, y sacar ilegalmente del cargo a Delia Espinoza. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), había propuesto declarar procedente la denuncia constitucional únicamente en el extremo de señalar a los magistrados de la JNJ por presunta infracción del artículo 38 de la Carta Magna. Sin embargo, no hubo consenso. Solo cuatro congresistas apoyaron el informe, ocho se opusieron y cinco votaron en abstención. La segunda denuncia constitucional declarada improcedente había sido presentada por el congresista Alfredo Pariona, quien había señalado al presidente de la JNJ, Gino Ríos, por presunta infracción de los artículos 139 y 158 de la Constitución y abocamiento ilegal, usurpación de funciones y abuso de autoridad. En este caso, la propuesta de la subcomisión fue declararla improcedente en todos sus extremos. Solo dos congresistas se opusieron, mientras que 13 apoyaron enviar al archivo la denuncia constitucional. Los informes de calificación fueron elaborados por la presidenta de la subcomisión, María Acuña. Pero para que el archivo de las dos denuncias constitucionales sea definitivo, la Comisión Permanente del Congreso también tendrá que pronunciarse. Con la improcedencia de ambas denuncias constitucionales, la JNJ quedará blindada en este Congreso. Los congresistas que apoyaron el archivo, son los mismos, en su mayoría, que respaldaron la restitución de Benavides.

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Elecciones 2026: ¿Cuántos senadores y diputados tendrá mi región a partir del próximo año?

Vuelve la bicameralidad. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el número de escaños que tendrá el Congreso de la República a partir de las Elecciones 2026. Este número corresponderá a cada uno de los 27 distritos electorales del país, conformados por los 24 departamentos, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y Peruanos Residentes en el Extranjero. Según la Ley N.º 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, a partir del próximo año el Poder Legislativo estará conformado por 60 senadores y 130 diputados. ¿Cuántos senadores y diputados tendrá mi región? En el caso del Senado, el JNE estableció una primera distribución de 30 escaños para una elección por distrito electoral múltiple. Es decir, se otorga 1 escaño a cada circunscripción, con excepción de Lima Metropolitana, a la que se le asignan directamente 4 escaños. Respecto de los otros 30 escaños del Senado, los representantes serán elegidos en distrito electoral único nacional, es decir, con el voto de todos los electores que forman parte del padrón electoral del país. En cuanto a los escaños de la Cámara de Diputados, se hará una primera distribución de 28 escaños, otorgando 1 escaño a cada circunscripción electoral, con excepción de los Peruanos Residentes en el Extranjero, que tendrán 2 representantes. Los otros 102 escaños de la Cámara de Diputados que se distribuirán de manera proporcional al número de electores hábiles de las otras 26 circunscripciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Así, a partir de las Elecciones 2026, Lima Metropolitana tendrá 32 diputados, y las regiones con mayor número de representantes en esta Cámara serán Piura y La Libertad, con 7 escaños cada una. Por número de población, les siguen Arequipa y Cajamarca, con 6 escaños cada uno en la Cámara de Diputados. Mientras que las regiones con menos número de representantes (2) son Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes.

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Todas las denuncias constitucionales que el Congreso archivó a favor de Dina Boluarte

Un total de seis denuncias constitucionales contra Dina Boluarte han sido archivadas en la segunda legislatura de este año por el Congreso de la República. En todas ellas, la bancada de Fuerza Popular y sus partidos aliados votaron a favor del archivo y blindaron a la jefa de Estado en investigaciones que iban desde los asesinatos en protestas hasta el caso Rolex. La situación más controversial se desarrolló el último viernes 20 de junio cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó, en un solo día y sin debate, cuatro denuncias presentadas por congresistas contra Dina Boluarte. De las cuatro, tres dotaron de impunidad a las muertes durante las manifestaciones sociales de fines del 2022 e inicios del 2023, hecho por el cual se acusaba a Boluarte y a algunos de sus entonces ministros por la presunta comisión de homicidio calificado y lesiones graves. Además de estas tres relacionadas a las manifestaciones, se archivó una que acusaba a Dina Boluarte y al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo (del expresidente Pedro Castillo). En los cuatro casos, los informes de calificación que recomendaban el archivo tuvieron 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor vinieron de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular. El pasado 23 de mayo, la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que sugería no dar curso a la investigación del caso Rolex, pese a los señalamientos de presuntos regalos no declarados. Hubo 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Votaron a favor principalmente los miembros del partido naranja, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular. De la misma forma, el 2 de abril, la SAC archivó una denuncia por presunto abuso de autoridad. La acusación fue presentada por el abogado Rudecindo Vega, quien indicó que Boluarte junto a la exministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar habrían presionado para removerlo de su cargo como gerente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conaforiver). Si bien ya terminó la segunda legislatura, hay una denuncia constitucional pendiente de resolverse contra Dina Boluarte y algunos exministros por las muertes en las protestas. El delegado a cargo de elaborar el informe final es el congresista de Somos Perú, José Jerí, quien es voceado para candidatear por la presidencia del Congreso el próximo mes.

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