Colombia

Colombia sigue sumida en la conmoción tras el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Las imágenes del ataque, ocurrido en un mitin improvisado en Bogotá, muestran a un joven alto entre la multitud que se acerca por la espalda al político y le dispara varias veces, hasta que Uribe cae al suelo por el impacto de dos balas en la cabeza. Las autoridades han revelado que se trata de un adolescente de 14 o 15 años que perteneció al programa ‘Jóvenes en Paz’. La fiscalía colombiana le imputa los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. ‘Jóvenes en paz’ es un programa creado por el gobierno de Gustavo Petro que busca ayudar a jóvenes colombianos que viven en condiciones de pobreza extrema o que residen en regiones afectadas por la violencia generalizada, en parte para evitar que caigan en redes de violencia e ilegalidad. La detención del joven ocurrió a los pocos minutos del atentado contra Miguel Uribe Turbay, contra quien usó una pistola Glock. Aunque alcanzó a huir de la escena, varios policías y personal de seguridad le dispararon en una pierna y lo alcanzaron mientras cojeaba. En un video grabado en el momento de la aprehensión se le oye decir: “Perdón, lo hice por plata, por mi familia”. Que el atacante sea un menor de edad ha abierto un debate sobre su futuro judicial. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad estatal encargada de proteger a los niños y adolescentes, rechazó la “manipulación” y la instrumentalización de los jóvenes para cometer actos delictivos. La sanción máxima para el adolescente es de ocho años de arresto, pues los castigos son más bajos cuando los comete un menor de edad. Como ha explicado la fiscal general, la ley colombiana entiende que estos jóvenes delincuentes son víctimas de un contexto y eso facilita su negociación con la justicia. De ser hallado culpable, el joven no irá a una cárcel: sería recluido en uno de los llamados Centro de Atención Especializada, en donde están detenidos los menores de entre 14 y 17 años que han cometido un delito. Está previsto que el joven sea imputado este martes, después de que la audiencia programada para el día anterior fuera aplazada a petición del equipo médico que le brinda atención.

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay, uno de los candidatos presidenciales del partido uribista Centro Democrático, fue herido de gravedad en un atentado durante un acto de campaña en Bogotá. El atentado fue perpetrado en el barrio Modelia, situado en el occidente de Bogotá y el senador, de 39 años, fue trasladado de urgencia a una clínica. Según las primera versiones, Uribe Turbay recibió seis impactos de bala y fue llevado a la Clínica Colombia por sus colaboradores, que, en videos divulgados en redes sociales, se ve como lo cargan en medio del llanto. Las primeras versiones indican que dos individuos que al parecer participaron en el atentado fueron detenidos poco después por la Policía con la ayuda de la comunidad. Uribe Turbay es un político cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente colombiano, Gustavo Petro, especialmente por el deterioro de la seguridad en el país. Miguel Uribe Turbay es hijo de Diana Turbay, periodista que fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó el país entre 1978 y 1982. Uribe Turbay fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, así como secretario de Gobierno en la Alcaldía de Enrique Peñalosa y desde 2022 ocupa un escaño en el Senado por el Centro Democrático. 

Luego de que el Congreso de Colombia rechazara la realización del referendo sobre el proyecto de reforma laboral, en una votación que el mandatario denunció como fraudulenta, el presidente Gustavo Petro anunció que convocará vía decreto una consulta popular. El objetivo de Petro es ampliar los derechos de los trabajadores, por ejemplo, el fortalecimiento de las garantías sindicales, el aumento del recargo nocturno, la ampliación de la licencia de paternidad y la regulación del trabajo en plataformas digitales. Pero este propósito ya fue rechazado por el Senado colombiano en abril. Petro propuso entonces una consulta popular con 12 preguntas, con el objetivo de someter sus reformas al voto ciudadano. Pero la ejecución del referendo se estancó también en el Senado, luego de una confusa votación a mediados de mayo que el mandatario considera fraudulenta. El último martes, el mandatario colombiano anunció, en una alocución transmitida por televisión, que convocará por decreto el referendo. «La Corte Constitucional tendrá en sus manos (…) el decreto de convocatoria a  consulta  popular, que haré en esta semana», anunció Petro. El ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó en una declaración a medios que, una vez emitido el decreto presidencial, la consulta popular se llevará a cabo «a finales de julio o principios de agosto». El presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien ha sido uno de los principales opositores en el Legislativo a los proyectos de Petro, anunció que demandará el decreto. “Lo he venido diciendo (desde) hace varios días y en el momento en el que lo firmen, si lo llegan a firmar, será demandado inmediatamente”, sentenció. “Lo vamos a enfrentar, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar”, agregó.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia multó con más de 21,000 millones de pesos colombianos (equivalentes a más de 5 millones de dólares) a cuatro de las principales productoras lácteas del país. Se trata de Gloria, Lactalis, Hacienda San Mateo y Sabanalac. La razón: comercializar leche entera higienizada con lactosuero sin informarlo al consumidor. La adición de lactosuero en la leche está prohibida en cualquier etapa de la cadena de producción en Colombia. Sin embargo, estas compañías lo incorporaron en sus productos, obteniendo ventajas económicas significativas sobre sus competidores. Al reducir costos sin reducir el precio de venta, lograron márgenes de ganancia más altos mientras el consumidor pagaba por un producto de menor calidad sin saberlo. La SIC determinó que esta práctica constituyó un acto de engaño, pues los compradores no tenían herramientas para detectar la presencia de lactosuero y, por tanto, no podían tomar una decisión informada al elegir qué leche consumir. ¿Qué es el lactosuero? El lactosuero es un subproducto del proceso de fabricación de quesos. Aunque tiene usos en la industria alimentaria, no se puede añadir a la leche entera sin declararlo. Su presencia altera la composición nutricional del producto y puede representar una competencia desleal frente a empresas que cumplen con la normativa. Las normas vigentes en Colombia prohíben la adición de lactosuero en la leche cruda o procesada. Esto, precisamente, para evitar que los consumidores sean engañados y para garantizar condiciones equitativas en la industria. La investigación de la SIC se basó en los análisis del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Durante visitas de inspección en 2020, se recolectaron muestras de leche que fueron sometidas a pruebas de calidad. El hallazgo clave fue la detección de altos niveles de caseinomacropéptido (CMP), un marcador químico que permite identificar la adición de lactosuero. Estas pruebas se realizaron en productos distribuidos por las empresas sancionadas bajo marcas reconocidas como Medalla de Oro, Máxima, Algarra, De la Cuesta, Alkosto Hiperahorro, Parmalat, Latti y Pomar.