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La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso de la República varias denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte por diversos casos en los que habría cometido delitos en agravio del Estado. Todas las denuncias corresponden al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La primera denuncia fue presentada por las muertes de manifestantes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 contra el gobierno de Dina Boluarte. Por este caso, la Fiscalía de la Nación le impua los delitos de lesiones leves y graves. Otra de las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte es por el caso Qali Warma, por el que se le imputa el delito de colusión agravada, al haber contratado como proveedor del Estado a un amigo de su hermano Nicanor Boluarte. Por otro lado, la Fiscalía de la Nación también presentó una denuncia contra la presidenta por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones de documentos. Esto por el incremento de su patrimonio de manera irregular e injustificada, al haber ostentado joyas, relojes Rolex y un incremento inusual de dinero en sus cuentas bancarias. Asimismo, Dina Boluarte también fue denunciada constitucionalmente por el caso ‘Cofre’, en el cual habría facilitado la fuga del prófugo Vladimir Cerrón Rojas a través del vehículo oficial de la presidencia, para que pueda ser trasladado a un condominio ubicado en el distrito de Asia, en Cañete. Todas estas denuncias son presentadas ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, debido a que se trata de una alta funcionaria del Estado. En dicha comisión, los congresistas deberán debatir y votar si procede o no la acusación, para su respectiva votación en el Pleno y, consecuentemente, la presidenta pueda ser acusada judicialmente por los delitos imputados.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes de personas durante las protestas 2022-2023. La denuncia, por los presuntos delitos de lesiones leves y graves, se extiende también a los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Arana y Luis Alberto Otárola Peñaranda. También a los exministros Jorge Luis Chávez Cresta (Defensa) César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández (Interior). La denuncia constitucional señala que la presidenta Dina Boluarte y las referidas exautoridades habrían cometido abusos en agravio de Ronald Rojas Ramos, Michael Chipana Vega y otros manifestantes durante las protestas ocurridas entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana. Según la investigación preliminar, alrededor de 70 personas fallecieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, en el contexto de las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte. Este panorama constituyó una grave afrenta a los derechos humanos por la violenta represión policial y de las fuerzas armadas.