La corrupción sigue siendo una de las principales amenazas para el desarrollo del Perú. Entre 2021 y 2023, los peruanos perdimos más de S/ 72 000 millones de nuestro dinero público debido a delitos cometidos por corruptos en el sector público, según cálculos de la Contraloría General de la República.
Este grave problema no solo se explica por el comportamiento de algunas autoridades o funcionarios públicos, sino también por una preocupante “tolerancia social” de los peruanos, que han normalizado prácticas de corruptos, como los sobornos o las coimas. Al respecto, el sociólogo Samuel Rotta advirtió que, si bien existe indignación frente a estos hechos, también hay cierta aceptación ciudadana frente a esos hechos e incluso tendencia a cometerlos.
Desde una perspectiva económica, las pérdidas por corrupción representan alrededor del 13 % del presupuesto destinado a obras públicas, según el economista Sergio de la Piedra, docente de la Universidad de Lima:
“De cada 100 soles, 13 se pierden por corrupción. Eso retrasa y encarece la ejecución de proyectos”.
De acuerdo con Roberto De La Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), esta situación también desincentiva la inversión privada, que muchas veces percibe la necesidad de pagar sobornos para acceder a licitaciones públicas.
De esta manera, los peruanos deben exigir que las próximas autoridades que resulten electas en 2026 generen mecanismos para sancionar a los corruptos y erradicar estos actos ilícitos en el Estado, a través de más inversión en educación y desarrollo.
El abogado Eduardo Herrera, exdirector del Consejo Privado Anticorrupción, sostuvo que el auge de las redes sociales ha contribuido a visibilizar más casos, pero no necesariamente implica un aumento en la frecuencia de los actos corruptos. “Muchas entidades públicas están divorciadas por los egos”, criticó, señalando la falta de coordinación como un obstáculo clave en la lucha contra esta amenaza.
