El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, anunció que el procedimiento disciplinario iniciado contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y cuatro jueces de la Corte Suprema, por presunta falta grave, podría demorar hasta 12 meses para que se tome una decisión.
Gino Ríos hizo esta precisión a través de un comunicado público, señalando que el procedimiento disciplinario inmediato «puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres meses (adicional a un plazo inicial de nueve meses), por causa justificable».
Esa precisión demuestra que no era necesario recurrir al procedimiento disciplinario inmediato, conforme han señalado diversos académicos y juristas, para investigar a la presidenta del Poder Judicial. Si se deseaba aclarar si los jueces supremos Janet Tello, Edwin Corrales, Carlos Calderón, Omar Toledo y Rosa Dávila cometieron alguna falta al resolver un recurso de casación cuando integraban la Primera Sala Transitoria Constitucional y Social de la Corte Suprema se pudo recurrir a procedimiento disciplinario ordinario.
JNJ: Amenaza permanente
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) creó el procedimiento disciplinario inmediato para casos de extrema gravedad donde se requiere un pronunciamiento de las autoridades de control judicial en un plazo breve que impidan que sigan cometiendo actos que generen inquietud e inestabilidad en el sistema judiciales. Ese fue el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto» y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Pero el comunicado de la JNJ demuestra una intencionalidad política en la decisión de investigar a Tello, como lo que han advertido diversas asociaciones de jueces y juristas. La JNJ mantendría bajo investigación y amenaza latente a la presidenta del Poder Judicial durante casi todo su mandato que dura dos años, de enero de 2025 hasta diciembre de 2026. De esos 24 meses, Tello permanecería bajo investigación 12 meses, de marzo de 2025 hasta marzo de 2026.
