El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró fundada por mayoría la reconsideración de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y revocó la destitución que se le impuso por la remoción del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles. En su lugar, se le impuso una sanción de suspensión por 60 días.
La revocación de la destitución fue propuesta por el ponente Jaime de la Puente y respaldada con los votos de sus colegas Cayo Galindo, German Serkovic, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera y Gino Ríos. Solo voto en contra el consejero Francisco Távara.
La ponencia de De la Puente también planteaba la suspensión por 120 días de Patricia Benavides; sin embargo, esto se cambió a solo 60 días con los votos de Chanduví, Galindo, Cabrera y Ríos.
Cabe precisar que aún está vigente la primera destitución que se le impuso a Benavides Vargas por el trato degradante a la exfiscal Bersabeth Revilla y por interferir en el proceso penal contra su hermana Enma Benavides. Esta última sanción fue impuesta por la anterior JNJ, aunque la exfiscal de la Nación busca que esta decisión sea anulada de oficio por los nuevos consejeros.
¿Por qué sancionaron a Patricia Benavides?
Patricia Benavides fue sancionada por haber removido al fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles como represalia por investigar al fiscal Miguel Vegas Vaccaro. Este último había sido promovido a fiscal adjunto supremo por la exfiscal de la Nación pese a que registraba diversas sanciones disciplinarias y había sido investigado por corrupción. Benavides no permitió formalizar esta investigación.
Para lograr la remoción injustificada, Benavides se valió de un informe que arrojaba una supuesta baja productividad por parte del fiscal Zapata Gonzáles. Lo mismo hizo para retirar indebidamente a la exfiscal Bersabeth Revilla.
La nueva JNJ determinó que, efectivamente, Patricia Benavides se valió de un informe con datos falsos para sacar al fiscal Luis Felipe Zapata de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.
Sin embargo, afirma la ponencia, no se ha podido corroborar que luego de ello el magistrado haya sido víctima de actos de humillación o trato degradante “ni menos aún en actos que permitan concluir que se configuraron actos de coacción laboral”.
Por ello, se consideró que, en este proceso disciplinario conta Patricia Benavides, la sanción de destitución “no resulta necesaria”.
