Gobierno gasta S/ 1125 millones contra manifestantes y S/ 63 mlls. contra la minería ilegal

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Policía Nacional del Perú.

Las prioridades del gobierno de Dina Boluarte están de cabeza, por ejemplo en cuanto a la Policía Nacional. En 2023 el Ministerio del Interior (Mininter) destinó S/ 62 millones para su programa de lucha contra la minería ilegal. En 2024, elevó la cifra a S/ 79.7 millones y apenas la incrementó a S/ 83.6 millones en 2025.

Por otro lado, el programa del Mininter denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” recibió en 2023 un total de S/ 687.4 millones. En 2024 este presupuesto aumentó a S/ 715.6 millones y en 2025 incrementó a S/ 1125 millones.

En efecto, entre 2023 y 2025 el presupuesto para enfrentar a las movilizaciones populares subió en 63.74 %, mientras que los fondos de la Policía dirigidos al programa de lucha contra la minería ilegal solo fue incrementado en 1.98% en el gobierno de Dina Boluarte.

Que el presupuesto para financiar el combate a la minería ilegal (S/ 63 274 186) represente el 5.62 % respecto al monto dirigido a enfrentar los conflictos sociales (S/ 1 125 084 624), causa efectos negativos directamente sobre los policías los encargados de combatir a las organizaciones criminales, empezando por la carencia de hombres y equipamiento. Una guerra muy desigual.

Ahora bien, de los S/ 63.2 millones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, asignada a la tarea de enfrentar a la minería ilegal, le corresponde únicamente S/ 15 millones. Es decir, menos del 24% del total. El resto es distribuido entre otras dependencias que participan de las acciones de represión a la minería ilegal.

Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta en US$ 6840 millones el monto que moviliza anualmente la minería ilegal aurífera, superando al narcotráfico y a la trata de personas. Esto se debe al incremento explosivo del precio mundial del oro. No obstante, el dinero que dispuso el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a las organizaciones criminales no ha experimentado una subida significativa entre 2024 y 2025.

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