El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, advirtió que la presidenta de la república, Dina Boluarte, no es bienvenida en su región debido a la falta de legitimidad que tiene entre la población de esa región a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su gobierno.
«No creo que sea posible que [Dina Boluarte] venga a visitar Puno (…) Primero tiene que haber un sinceramiento de los casos, y cada día aparecen muchas cosas (…) Siempre hemos dicho que lo dejamos a la población, pero se siente cierta extrañeza por algunos actos presentados en los últimos días, y creo que la población tiene su opinión. El resultado de ello son las estadísticas. Y el dolor es latente», declaró a La República.
Para Hancco Soncco, la primera condición para avanzar hacia la reconciliación entre la región de Puno sería que la presidenta Dina Boluarte se someta a las investigaciones en su contra por la muerte de civiles puneños durante las manifestaciones ocurridas a finales del 2022 e inicios del 2023. La autoridad regional enfatizó que esto está reglamentado según la jurisprudencia tanto nacional como internacional.
«Que se investigue. (…) Uno, como autoridad, tiene que priorizar la investigación, más cuando se trata de vidas humanas. No lo digo yo, sino que existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional y jurisprudencia internacional que establecen que el Estado debe esclarecer estos hechos. Mientras eso no se haga, estamos incumpliendo lo estipulado por las instituciones», señaló.
Asimismo, Hancco Soncco no descartó que, más adelante, su decisión de no comunicarse con Dina Boluarte cambie. «No podemos descartar que hablemos con la presidenta, pero las condiciones que hemos puesto para que haya diálogo no varían. Cuando manifestamos algo, debo hablar pensándolo bien. Eso no va a cambiar mientras no haya voluntad de esclarecer. (…) Hay derechos fundamentales que deben respetarse», dijo.
Dina Boluarte tiene una investigación en curso por las muertes en protestas, en las que miles de ciudadanos exigieron adelanto de elecciones generales y más de 50 personas perdieron la vida por la violenta represión policial y de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía investiga si la presidenta ordenó a la Policía y al Ejército actuar de manera violenta.
