El gobierno de la presidenta Dina Boluarte quiere someter a los medios de comunicación. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, anunció que presentará un proyecto de ley para que, durante los estados de emergencia por la inseguridad ciudadana, los medios de comunicación transmitan los «logros» de la Policía contra la delincuencia.
“(Se presentará) un proyecto de norma legal que modifica la Ley de Radio y Televisión, y que crea la franja informativa mediante el cual los medios de comunicación tendrán que difundir en estados de emergencia las acciones y actividades que viene realizando el Ejecutivo en contra de la delincuencia y en la lucha que estamos haciendo frontal contra la inseguridad ciudadana”, dijo Arana en conferencia de prensa.
El proyecto será presentado ante el Congreso, que este mes ya aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que amenaza el ejercicio de la prensa, ya que busca elevar las penas previstas para los delitos de calumnia y difamación y además propone desnaturalizar el derecho a la rectificación.
A través de un comunicado, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) rechazó la propuesta de una franja informativa alegando que se trata de un objetivo propagandístico del régimen de Dina Boluarte.
El ministro Eduardo Arana también comunicó que se preparan tres normas con los que se intentará frenar el avance de la delincuencia.
“Existe una disposición que no permite construir ni edificar ningún tipo de vivienda o actividad alrededor de los 200 metros de los penales. Sin embargo, esta ha sido vulnerada porque los municipios a veces dan licencias o permiten la construcción. Eso nos estamos encargando. Pero la norma pretende que más allá de los 200 metros también se establezca un mecanismo de control y supervisión”, declaró.
También se presentará un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal para que los celulares incautados en penales puedan ser deslacrados “con permiso del Ministerio Público”.
Finalmente, el gobierno impulsará un Decreto Supremo sobre la verificación de identidad. Esto para “buscar requisitoriados y migrantes en todos los centros comerciales, espacios públicos y espectáculos públicos no deportivos a nivel nacional”.
