Corte Suprema absuelve al prófugo Vladimir Cerrón en el caso Aeródromo Wanka

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Vladimir Cerrón, expresidente regional de Junín.

El prófugo expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas, quedó absuelto en el caso Aeródromo Wanka, al no haberse probado el delito de colusión simple, por el que se le había imputado una pena de tres años y seis meses y se ordenó su captura.

La decisión fue de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que declaró fundado en parte el recurso de casación presentado por Vladimir Cerrón. Sin embargo, le impuso el pago de una reparación civil de 250 mil soles.

La sala consideró que «sí hubo un perjuicio a la imagen del gobierno regional de Junín, en el contrato inconcluso para construir un aeropuerto en Huancayo».

Los jueces consideraron excesivo el monto de 800 mil soles que le habían impuesto en la Corte Superior de Justicia, en la sentencia del 6 de octubre del 2023, fecha en la que Vladimir Cerrón huyó y pasó a la clandestinidad, sin que la Policía pudiera ubicarlo hasta ahora.

Mientras seguía huyendo de la justicia, Vladimir Cerrón tuvo además dos pedidos de prisión preventiva y uno sigue vigente, por lo que no podría salir aún de su escondite. Como se recuerda, se le impuso esta medida restrictiva de la libertad por el caso Antalsis, pero fue revocada en enero de este año 2025.

Vladimir Cerrón y Los Dinámicos

Por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ sigue con orden de detención para que cumpla una orden de prisión preventiva. Asimismo, por otros presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en supuestos contratos con efectivos policiales para que le brindaran seguridad en el cargo de Gobernador Regional, el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, este 28 de febrero de 2025, se requirió nueve años de prisión para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros implicados.

Según los magistrados, la única prueba fehaciente en el caso Aeródromo Wanka es la suscripción del contrato entre el Gobierno Regional (Vladimir Cerrón) y el consorcio. «No se puede sostener que con la sola suscripción del contrato se pueda probar que hubo la intención de defraudar al Estado», sostuvieron.

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