La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos y modificó el financiamiento público directo que podrá ser utilizado para pagar a los abogados de dirigentes y representantes de las organizaciones políticas.
Los partidos podrán captar mayores recursos de origen privado, como de empresas, para financiar sus campañas electorales y también utilizar con mayor flexibilidad los recursos públicos que reciben para formar y capacitar a sus cuadros y cubrir sus gastos de funcionamiento.
El Financiamiento Público Directo (FPD) se entrega a los partidos que cuentan con representación parlamentaria. En 2021, fueron 10 las organizaciones que lograron llegar al Congreso.
Estos partidos reciben anualmente más de 15 millones y medio de soles del Estado peruano (es decir de los impuestos) y los utilizan para el pago de sueldos a dirigentes, la contratación de asesores legales y supuestas capacitaciones.
La iniciativa que restablece el financiamiento privado y que fue aprobada por la Comisión Permanente fue propuesta por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. Modifica la legislación actual que contempla que solo personas naturales y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro puedan realizar donaciones a las organizaciones políticas.
Esta limitación fue establecida en 2018, luego de conocerse los aportes irregulares a los partidos implicados en el Caso Lava Jato. Antes, las empresas podían aportar a las campañas electorales en el Perú sin ninguna limitación.
El dictamen aprobado en segunda votación en el Congreso con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. La propuesta modifica los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, aprobada en el año 2003.
