El Congreso de la República quiere asegurar la impunidad de policías y militares criminales.
La Comisión de Constitución, presidida por el fujijmorista Fernando Rospigliosi, aprobó (con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones) el dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno.
Votaron a favor:
- Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)
- Martha Moyano (Fuerza Popular)
- Patricia Juárez (Fuerza Popular)
- Nilza Chacón (Fuerza Popular)
- Rosangella Barbarán (Fuerza Popular)
- José Williams (Avanza País)
- Alejandro Cavero (Avanza País)
- Alejandro Muñante (Renovación Popular)
- Noelia Herrera (Renovación Popular)
- Juan Lizarzaburu (APP)
- José Elías (APP)
- Jorge Morante (Somos Perú)
- Alfredo Azurín (Somos Perú)
- Gladys Echaíz (Honor y Democracia)
- Luis Aragón (Acción Popular)
Votaron en contra:
- Isaac Mita (Perú Libre)
- Jorge Cruz Mamani (Perú Libre)
- Víctor Cutipa (JP – Voces del Pueblo)
- Alex Flores (Bancada Socialista)
- Ruth Luque (Bloque Democrático Popular)
- Heidy Juárez (Podemos Perú)
En tanto, se abstuvieron:
Wilson Soto (Acción Popular)
Segundo Quiroz (Bloque Magisterial)
Alex Paredes (Bloque Magisterial)
Impunidad para policías y militares: ¿Qué dice el proyecto?
El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú.
La medida ha sido impulsada por el congresista derechista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo.
El dictamen ha generado fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia.
La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales que cometieron policías y militares.
Una de las voces críticas a esta iniciativa es de la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, quien recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional (TC) sostuvieron la improcedencia de este tipo de propuestas en casos de crímenes de lesa humanidad.
«Hace mucho la CIDH y el TC han rechazado el uso de amnistías para graves violaciones de derechos humanos, así que este proyecto no solo es inconstitucional, sino burdo», explicó Mantilla.
La expresidenta de la CIDH rememoró casos importantes como Barrios Altos en Perú y Almonacid Arellano en Chile.
