Congreso blinda a Dina Boluarte y archiva denuncia fiscal por caso ‘Rolex’

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Dina Boluarte mostrando su reloj. (Foto: Andina)

La Comisión Permanente del Congreso archivó definitivamente la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Dina Boluarte por el uso de relojes Rolex de lujo no declarados con una votación de 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.

Con 14 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el Congreso blindó nuevamente a la presidenta y cerró el paso a una investigación penal por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Mientras tanto, acusó al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Luis Salas Arenas en represalia por el inexistente ‘fraude electoral’ del año 2021.

La denuncia por el caso ‘Rolex’ fue presentada luego de que la Fiscalía de la Nación detectara que Boluarte había recibido relojes de alta gama, un par de aretes de oro y una pulsera del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. El informe final, elaborado y sustentado por la congresista Nilza Chacón de Fuerza Popular, se basó en el artículo 117 de la Constitución, que impide investigar a un presidente en funciones por este tipo de delitos.

Durante el debate, Chacón afirmó que “los hechos imputados no están previstos en el artículo 117” y que el informe se elaboró respetando la legalidad. La votación se dio en medio de cuestionamientos sobre un presunto cogobierno entre Dina Boluarte y las bancadas mayoritarias, como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP). Cabe señalar que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que evaluó el caso, es presidida por María Acuña, congresista de APP y hermana de César Acuña.

El único legislador que se abstuvo fue Jorge Coayla, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo.

El caso tuvo su origen en una investigación periodística que identificó que Dina Boluarte usaba relojes Rolex en eventos oficiales. Inicialmente, la presidenta sostuvo que se trataba de una joya familiar, pero luego admitió que le fueron prestados por Oscorima. La polémica escaló cuando, el 31 de marzo de 2024, se realizó un allanamiento en su vivienda y Palacio de Gobierno, encabezado por el entonces jefe de la Diviac, Harvey Colchado, quien poco después fue pasado al retiro.

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