El Congreso de la República aprobó de manera definitiva la ley de amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000).
La norma permite que quienes hayan cometido delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo señalado queden exentos de responsabilidad penal; sin embargo, esto no aplica para los que se encuentren procesados por terrorismo o corrupción.
Además, también la ley incluye además que personas mayores de 70 años también puedan acogerse a esta norma. Según especialistas, esto podría incluir a sentenciados en casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la norma como «un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad», y advirtió que podría afectar más de 150 sentencias ya emitidas y dejar sin justicia a cientos de víctimas. «Procesos aún en trámite podrían ser archivados sin posibilidad de apelación, consolidando la impunidad y negando el derecho de acceso a la justicia», alertó la organización en un pronunciamiento público.
