Por: Federico Chunga Fiestas, consultor internacional en derechos humanos
La Ley de Amnistía, promulgada el 14 de agosto pasado, es, históricamente, uno de los peores ultrajes que un presidente de la república y una clase política corrupta han podido cometer contra el país. Como muchos expertos ya han señalado, esta ley:
- viola los derechos humanos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas;
- rompe el principio básico del equilibrio de poderes;
- envía el mensaje de que las fuerzas armadas y policiales pueden cometer impunemente violaciones sexuales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etcétera, en contra de personas adultas sospechosas de haber cometido delitos (terrorismo, por ejemplo), pero, también contra personas inocentes, entre ellas niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, y personas adultas mayores, grupos a los que pertenecen la mayoría de víctimas del periodo 1980-2000.
- contraviene, de modo grosero, tratados internacionales que, por mandato constitucional, forman parte de nuestro ordenamiento interno; y más, aún, incumple prepotentemente sentencias y otras resoluciones de la Corte IDH que expresamente le han prohibido al Estado peruano aprobar amnistías, puesto que son incompatibles con la idea misma de democracia, y solo son propias de estados fallidos, dictaduras y satrapías.
A ello, quisiera agregar algunos puntos adicionales. El primero es evidenciar que la ley es profundamente racista porque las personas directamente perjudicadas (las víctimas y sus familiares) son, casi todas, personas quechuahablantes o de otros grupos racializados.
La violación de sus derechos más elementales, hoy, es una extensión del racismo estructural que permitió que crímenes atroces fueran perpetrados, en su inmensa mayoría, contra ese grupo de personas. Varios congresistas y ex altos mandos militares se han referido a esas víctimas como «daños colaterales necesarios”.
Por supuesto, es un razonamiento que ni siquiera se les ocurriría si las víctimas fuesen «ciudadanos» miraflorinos, sanisidrinos, o sus “iguales”. Así, la ley remarca un desprecio, ahora nuevamente institucionalizado y legalizado, contra personas a las que se les vuelve prescindibles en nombre de la paz y la tranquilidad de “todos”.
Otro punto a destacar es que un importante sector del gran empresariado apoya la ley o guarda silencio, como si le fuese un tema ajeno, lo que, sin dudas, es un error. Primero, porque, dada su gran influencia sobre el Estado —que suelen usar sin dudas para temas de su interés— tienen la obligación moral de exigirle a este que respete los derechos humanos, más aun si en todos los foros públicos, nacionales e internacionales, aseguran que las empresas peruanas «tienen a los derechos humanos en su ADN».
En segundo lugar, porque la ley es propia de un Estado que incumple sistemática y abusivamente sus obligaciones internacionales más básicas y, por tanto, no merece ningún nivel de confianza en el ámbito internacional. Eso hará imposible, por ejemplo, que Perú ingrese a la OCDE, o que tenga una posición respetable en cualquier espacio internacional, afectando su desarrollo económico a mediano plazo, y perjudicando, también, los negocios.
Ya publicada la ley, corresponde a los jueces inaplicarla caso por caso, haciendo uso de su función constitucional de control difuso. Para ello cuentan con sólidos e irrefutables argumentos aportados por la Constitución, la Convención Americana y la reiterada jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional peruano, previo al vigente, el cual hoy se encuentra capturado, al igual que la Defensoría del Pueblo, por organizaciones políticas antiderechos.
