Donald Trump volvió a amenazar a los indocumentados. Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva en la que pone en marcha un programa para fomentar las autodeportaciones entre migrantes, y dejó un mensaje:
“Los sin papeles que permanezcan en Estados Unidos se enfrentarán a duros castigos: tiempo significativo en prisión, enormes multas, confiscación de sus propiedades, embargo de sus sueldos y se enfrentarán a deportaciones sorpresa al lugar y en la forma en que queramos”.
Trump aseguró que su gobierno está “haciendo que sea lo más fácil posible irse de Estados Unidos” en referencia directa a los indocumentados. Por ello, ha habilitado para ellos la aplicación CBP Home para puedan encontrar una forma de retorno a sus países de origen, lo que se hará sin costo y con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones, una agencia que depende de fondos de la ONU.
La orden ejecutiva presidencial se suma a una avalancha de medidas que Trump ha dirigido a reducir el número de personas que ingresaron al país durante los cuatro años de su antecesor. “Lo que Joe Biden hizo a este país nunca podrá explicarse y es inaceptable”, ha asegurado el republicano. El mandatario afirma que su país está bajo una invasión de extranjeros que ha dejado una ola de “crimen, vagancia, violencia y muerte”.
El texto del decreto asegura que será creado un “servicio de conserje” que permitirá a cualquier indocumentado llegar a un aeropuerto del país y pedir un vuelo de ida sin costo y sin necesidad de tener los papeles en regla. “Pueden irse adonde quieran que no sea aquí”, señaló Trump.
Estados Unidos también ofrece un “bono de salida” a quien decida autodeportarse. No se ha revelado los montos de esta ayuda, pero el presidente afirma que ayudarán al gobierno a ahorrarse “billones de dólares” en servicios de salud, educación y programas de combate a la pobreza.
Donald Trump ha otorgado un plazo de dos meses para que los indocumentados se acojan al programa de autodeportaciones. Agotado ese periodo, el mandatario ha instruido al Departamento de Seguridad Interior a contratar a 20.000 elementos (agentes federales en activo y en retiro, además de autoridades de los niveles estatales y locales) para que lleven a cabo una “campaña intensiva” de expulsión a quienes no quisieron hacerlo de manera voluntaria.
