El gobierno de Javier Milei sigue mutilando las áreas del Estado argentino abocadas a la defensa y protección de los derechos humanos. Mientras aumenta el gasto en la Secretaría de Inteligencia, por ejemplo, los organismos públicos enfocados en los derechos humanos sufren una nueva tanda de recortes, despidos de trabajadores y degradación institucional.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acaba de ser degradada a subsecretaría. El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA (que funciona donde estuvo el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada) han perdido sus estructuras y su autonomía. Lo mismo ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos, el organismo creado para colaborar con la búsqueda de los hijos de desaparecidos que fueron apropiados durante la dictadura (1976-1983).
Las Abuelas de Plaza de Mayo, que todavía buscan a unos 300 nietos, denuncian que estas medidas impulsan “el vaciamiento de las políticas de memoria y derechos humanos”, por lo que piden ayuda a la sociedad argentina y mundial: “Hay que frenar el avasallamiento de derechos y la destrucción del Estado antes de que sea tarde y ya no quede nada”.
Desde su llegada al poder, el gobierno de Javier Milei viene desfinanciando y desguazando las instituciones y las políticas de derechos humanos desarrolladas tras la restauración de la democracia y que le valieron a Argentina reconocimiento internacional.
El presidente y sus funcionarios han cuestionado el número de 30,000 víctimas del régimen militar, un símbolo del reclamo sostenido por los organismos de derechos humanos, y han insistido en equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con los cometidos por la guerrilla en los años setenta.
El último embate del gobierno contra el sector fue ejecutado mediante sucesivos decretos del presidente, dictados desde el 21 de mayo pasado. La justificación oficial fue la habitual: reducir gastos y personal. “Menos burocracia, más servicios, más responsabilidad y respeto por los recursos de los argentinos”, afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El gobierno asegura haber despedido a más de 400 trabajadores que se desempeñaban en el área y, con los nuevos cambios, los sindicatos temen que haya más de 150 nuevos ceses.
La conversión del área de derechos humanos en una subsecretaría implicará, según la Casa Rosada, “recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal”, así como “un ahorro de 9.000 millones de pesos anuales [unos 7,5 millones de dólares]”.
