El presidente de Argentina, Javier Milei, decidió reformar por decreto a la Policía Federal Argentina y habilitarla para realizar detenciones y actividades de espionaje sin orden judicial, además de “tareas de prevención del delito” en espacios públicos digitales.
Según el gobierno argentino, estas medidas tienen amparo legal y si alguien entiende lo contrario “se puede presentar ante la justicia”.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina (PFA) y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, anunció Milei. La medida fue tomada sin debate parlamentario, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso el año pasado.
En Argentina, cada estado provincial cuenta con su propia fuerza de policía. La PFA tiene jurisdicción nacional y hasta 2016 se ocupó de la prevención del delito en la ciudad de Buenos Aires.
Pero desde la creación de una fuerza policial en la capital argentina, que conllevó la cesión de agentes y dependencias antes federales, la PFA quedó a la espera de una reformulación de sus objetivos y funciones.
Con su estatuto ahora reformado por Milei, la PFA tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, así como “colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
“Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”, declaró Javier Milei al defender su reforma inconsulta.
El decreto presidencial permite a la PFA detener a personas sin autorización judicial por hasta diez horas, con una condición sujeta al criterio policial: “Si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
Además, sin orden de un juez, la policía federal podrá “realizar requisas personales”, es decir, revisar e inspeccionar a las personas, sus pertenencias y vehículos, cuando “existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito”.
