El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó que 34 militares están secuestrados en el área rural del municipio de El Retorno, en el amazónico departamento del Guaviare.
El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó que el secuestro ocurrió el último lunes, tras un enfrentamiento con un grupo armado que comanda el guerrillero Iván Mordisco.
El choque del enfrentamiento produjo la captura de 10 integrantes del grupo armado, conocido como Estado Mayor Centro o EMC, entre ellos un menor de edad, y la muerte Willington Vanegas Leyva, Dumar, un alfil de Mordisco en la región. Fue entonces cuando personas de la comunidad cercaron e impidieron moverse a los 34 militares.
No es la primera vez que las Fuerzas Militares denuncias que civiles secuestran a uniformados bajo la presión de las disidencias. En junio pasado, en el municipio de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca, Colombia, 57 militares fueron secuestrados en medio de otro operativo contra el Estado Mayor Central. En ese momento, Sánchez calificó el hecho como una violación al Derecho Internacional Humanitario.
En los primeros meses de 2025, el departamento del Guaviare vivió un deterioro de la seguridad debido al conflicto entre la disidencia que lidera Mordisco y la que encabeza su antiguo subordinado, Calarcá Córdoba. Las dos facciones buscan controlar la zona con una violencia tal que, entre finales de mayo y junio, la Defensoría del Pueblo reportó que más de 10.000 personas quedaron confinadas en zonas rurales el norte del departamento.
La tragedia alcanzó un punto crítico en julio, con el hallazgo de una fosa común en el municipio de Calamar. Allí estaban los cuerpos de ocho líderes religiosos y sociales que habían desaparecido semanas antes, cuando participaban de una misión humanitaria. Fueron secuestrados y asesinadas, supuestamente, por el frente Armando Ríos, del ala de Mordisco. El presidente Gustavo Petro calificó el acto como una grave violación de derechos fundamentales, mientras la ONU y la Iglesia hicieron un llamado urgente para incrementar las medidas de protección a los líderes comunitarios.
