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Han pasado 21 días desde que el Congreso envió al Poder Ejecutivo la autógrafa que rectifica y restablece la detención preliminar en casos de no flagrancia, modificando la cuestionada Ley 32181. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte sigue sin promulgar ni observar la norma, pese al golpe que representa esta situación para la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. Ante la demora, el 6 de enero, la bancada de Renovación Popular emitió un comunicado reiterando su solicitud para que promulgue con “urgencia” la mencionada norma. Además, enviaron un oficio a la mandataria. El jueves 2 de enero, tras la primera sesión del Consejo de Ministros del 2025, el titular del gabinete ministerial, Gustavo Adrianzén, reiteró que se encuentran dentro del plazo (que termina el martes 14 de enero) y afirmó entre “hoy y mañana” tendrán los informes que faltaban para decidir si promulgan u observan autógrafa. Formalmente, el gobierno tiene 15 días hábiles para evaluar si promulga o devuelve al Congreso con observaciones las leyes que apruebe el Parlamento. En el caso de la norma que restablece la detención preliminar ese plazo concluye todavía el 14 de enero. Pero no se trata de un tema nuevo, desconocido o complejo, ya que la propia mandataria fue quien firmó el dispositivo que ahora se busca derogar. Además, el Congreso se encuentra en receso hasta marzo y no sesiona el pleno, solo la Comisión Permanente. Ley 32181 impedía la detención preliminar El 11 de diciembre, la propia mandataria promulgó la Ley 32181, aprobada por el Congreso que en la práctica beneficia a los criminales dado que la Fiscalía ya no puede solicitar la detención preliminar, por ejemplo, de funcionarios, políticos o delincuentes de alta peligrosidad salvo que sea en flagrancia. De inmediato distintos sectores protestaron porque se abría las puertas a la delincuencia. Por ejemplo, el 12 de diciembre, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que advertía de las nefastas consecuencias de este cambio y pidió al Congreso que de marcha atrás. La Fiscalía alertó que 10 investigados por integrar la presunta organización criminal ‘Las Hienas Verdes’ fueron liberados por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Se trataba de investigados por extorsión, homicidio calificado, encubrimiento, tenencia ilegal de armas de fuego. Tras al ola de críticas, el Parlamento retrocedió y la madrugada del sábado 15 de diciembre, al cierre de la legislatura, eliminó ese artículo para que se permita la detención preliminar. No obstante, este cambio solo estará vigente cuando la norma sea publicada en el Diario Oficial El Peruano.