Testimonios revelan abusos, corrupción y persecución de grupos religiosos en Arequipa, Ayacucho y Piura

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Foto referencial.

Los escándalos del Sodalicio de Vida Cristiana y del exarzobispo de Lima Juan Luis Cipriani han dejado una profunda marca en las regiones del Perú. Tras la disolución del Sodalicio y la revelación de una denuncia por abuso sexual por parte de Cipriani, víctimas y testigos de casos de abusos, despojos y manipulación por parte de organizaciones religiosas en Arequipa, Ayacucho y Piura dieron sus testimonios en una entrevista con la Red de Medios Regionales del Perú.

Marcelino Inga, dirigente de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos (Piura), señaló que desde 2011 su comunidad ha enfrentado hostigamientos por parte de la Asociación Civil San Juan, fundada por el sacerdote Anthony Liguri. “Nos han criminalizado, nos han perseguido y hasta nos han envenenado el agua”, afirmó. También denunció la presencia de vigilantes armados y represión policial para intentar desalojarlos.

En Arequipa, el oftalmólogo Héctor Guillén Tamayo expuso la forma en que el Sodalicio captó a varios jóvenes mediante manipulación psicológica. Su hijo fue reclutado en el colegio Max Uhle en cuarto de secundaria, durante retiros de confirmación. Según Tamayo, estos eventos eran “laboratorios de lavado de cerebro”.

El Sodalicio, según cuenta, contó con el respaldo del Estado, el Poder Judicial, la Policía y sectores de la élite económica y social. “Han usado el Concordato con la Iglesia Católica para infiltrarse en instituciones educativas, cementerios y otros espacios, siempre con el objetivo de obtener poder y dinero“, señaló.

A pesar de las denuncias, el Sodalicio siguió operando con impunidad. Guillén reveló que la organización habría trasladado mil millones de dólares a cuentas offshore en Panamá y Denver. “Han transferido sus bienes a terceros para evitar pagar reparaciones”, aseguró.

Las denuncias han revelado un entramado de abusos de poder, violencia y manipulación con respaldo institucional. Mientras las víctimas exigen justicia, la pregunta sigue abierta: ¿habrá un cambio real o la impunidad de los apéndices del Sodalicio continuará en las regiones del Perú?

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