Patricia Benavides Vargas quedó con el camino habilitado para volver como fiscal suprema. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial (PJ) declaró improcedente la suspensión preventiva de derechos, por el plazo de 24 meses, que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria había dictado en primera instancia como parte de una investigación penal en su contra.
La decisión se sustentó en que el Congreso archivó la denuncia constitucional en su contra, impidiendo que proceda una medida cautelar sin autorización parlamentaria previa.
Según Jorge Del Castillo, abogado de Patricia Benavides, corresponde ahora que el Ministerio Público, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, reponga a Patricia Benavides como fiscal suprema. Sin embargo, hasta el momento no hay resolución que establezca aquello.
La suspensión que pesaba sobre Benavides se le impuso por presuntamente haber obstaculizado las labores del Equipo Especial de la Fiscalía encargado del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Los magistrados de la Sala Penal Permanente explicaron que Patricia Benavides, al ser investigada por delitos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones, goza de la prerrogativa de acusación constitucional conforme al artículo 99 de la Constitución. Esta protección establece que solo el Congreso puede levantar tal inmunidad mediante una resolución acusatoria de contenido penal, autorización que no se obtuvo tras el archivo de la denuncia constitucional.
