La ampliación del penal de Piura ha generado preocupación entre los vecinos del centro poblado Río Seco, en el distrito de Castilla, Piura. El proyecto busca aumentar la capacidad del penal, pero implica el desalojo de unas 300 familias, lo que afectaría a más de mil personas, según advirtió Ronald Sernaqué, presidente de la junta vecinal comunal.
Sernaqué dijo a Cutivalú que las familias de Río Seco se asentaron en la zona mucho antes de la construcción del penal de Piura, ya que el centro poblado se formó tras la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco Alvarado, cuando los terrenos fueron entregados a la comunidad y a la clase trabajadora.
«Eso quiere decir que tenemos 25 años como centro poblado y 42 años asentados formalmente en este lugar”, señaló el dirigente vecinal.
Según la figura de adquisición por prescripción adquisitiva de dominio, la posesión de este área alrededor del penal de Piura les otorga legalmente la propiedad. En tal sentido, anunciaron que presentarán una denuncia formal ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que se reconozca su derecho de propiedad y se tome en cuenta en el proyecto de ampliación de dicho establecimiento.
“Vamos a defender nuestras tierras y no vamos a permitir que se priorice un penal antes que a la propia gente. Somos una comunidad humilde y trabajadora, que ha nacido y vivido toda su vida en este lugar”, finalizó el dirigente vecinal.
