27 de agosto de 2025

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja. Al hermano de la presidenta Dina Boluarte se le investiga por un presunto favorecimiento a una empresa minera, aprovechando sus contactos en el gobierno. Un equipo de cinco fiscales, liderados por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, con el apoyo de personal policial, ingresó al inmueble ubicado en el segundo piso de un condominio. El allanamiento incluyó un total de 13 inmuebles en la ciudad de Lima y uno en Ayacucho, entre ellos oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos a Nicanor Boluarte. Los fiscales precisaron que esta diligencia no está vinculada al caso ‘Los Waykis en la sombra’, sino al caso ‘Ícaro’, en el cual el hermano de la presidenta, el nuevamente ministro Juan José Santiváñez, el general PNP Máximo Ramírez y otras personas son investigadas por los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y cohecho pasivo. Según la investigación fiscal, el coronel PNP (r) Percy Tenorio habría recibido el apoyo de Santiváñez (cuando este era ministro del Interior) para asumir la defensa de policías investigados por las muertes ocurridas durante las protestas de 2020, en el gobierno de Manuel Merino. A cambio, Santiváñez, con el apoyo de Nicanor Boluarte, habría utilizado la oficina de Tenorio como un espacio para ocultar objetos personales y documentos frente a posibles allanamientos fiscales en su contra. La investigación también alcanza a la empresa minera El Dorado, titular de las concesiones Agripina I y II, en Ayacucho. Según el Ministerio Público, Percy Tenorio sostuvo reuniones en su oficina de San Isidro con el empresario Franco Parodi, representante de la compañía. En esos encuentros se habría planteado la ejecución de un operativo policial encubierto bajo la figura de una intervención ambiental, con el fin de recuperar la posesión de los terrenos. En ese contexto, se habrían pactado dos pagos: USD 60 mil para una primera inspección entre agosto y septiembre de 2024 y USD 100 mil adicionales para llevar a cabo el operativo en diciembre del mismo año. En total, el presunto soborno ascendería a USD 160 mil. Precisamente, se trata de la mina en la que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado a Santiváñez gestionar la contratación de su hermano Nicanor como consultor, con el fin de presentar arraigo laboral y así evitar una eventual prisión preventiva.