9 de julio de 2025

El congresista por Piura que votó a favor de violadores de derechos humanos

Se llama César Revilla, es piurano y votó a favor de criminales. El último miércoles, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o sentenciados en primera instancia por cometer graves violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000). Fueron 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención. Uno de los congresistas que votó a favor de la norma fue el piurano César Revilla Villanueva, de la bancada de Fuerza Popular. El fujimorista es conocido también por haber votado a favor de la minería ilegal y el REINFO. En 2024, Revilla Villanueva ya había votado a favor de una ley a favor de criminales de lesa humanidad, junto con sus colegas piuranos Eduardo Castillo, Maricruz Zeta y Miguel Ciccia. César Revilla es actualmente investigado por el Ministerio Público por el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, en el cual se presume la existencia y actuación de una presunta organización criminal encabezada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Por este caso, en 2024, César Revilla pidió al Congreso más de 40 mil soles para pagar su defensa legal, asumida por el estudio de Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Familiares de César Revilla contratan con el Estado Pese a estar prohibidos por la ley, dos familiares del congresista César Revilla registran 11 órdenes de servicio por S/ 84.229, emitidas entre el 26 de agosto de 2021 y 21 de marzo de 2023. Seis de esas órdenes corresponden a José David Revilla Villanueva, hermano del congresista e ingeniero pesquero, que contrató con la Municipalidad Provincial de Talara en cuatro oportunidades. Otras dos fueron con el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes). Estas adjudicaciones, fechadas entre agosto de 2021 y junio de 2022, suman S/ 53.000. El 24 de julio de 2023, Sanipes declaró la nulidad de oficio de una de las órdenes de servicio —por S/7.000— correspondiente al 1 de diciembre de 2021. En la actualidad, José Revilla se encuentra inhabilitado de manera temporal como proveedor, por dicha contratación con Sanipes. Esto debido a su impedimento por el parentesco con el legislador de Fuerza Popular, según la resolución del OSCE. Otro hermano del legislador, Julio César Revilla Villanueva, es entrenador de natación y registra, además, cinco órdenes de servicio por un total de S/31.229. Estos documentos, emitidos entre el 8 de noviembre de 2021 y el 21 de marzo de 2023, se gestionaron con la Universidad Nacional de Piura (UNP).  En esta casa de estudios, el congresista fue docente entre 2014 y 2020, según su hoja de vida declarada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, como secretario de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el último 5 de noviembre, sostuvo una reunión con el rector encargado Enrique Cáceres Florián para “evaluar el estado presupuestal y financiero de la universidad”. En mayo pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a Julio Revilla con una inhabilitación temporal por una de las cinco órdenes de servicio de la UNP. Según la resolución, del 6 de mayo de 2024, la universidad no proporcionó la constancia de recepción de la orden de servicio solicitada por OSCE como parte de este proceso.

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José Ordinola Boyer gana las elecciones al rectorado de la UNP para el periodo 2025-2028

El economista José Ordinola Boyer (Dignidad Universitaria) será el próximo rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP) para el periodo 2025-2028, tras ganar en segunda vuelta al candidato oficialista Enrique Cáceres Florián. José Ordinola Boyer se impuso tanto en la votación de docentes como en la de alumnos. Los comicios se desarrollaron los días 8 y 9 de julio. El candidato de Dignidad Universitaria, que representa a la oposición, obtuvo 291 votos entre los docentes de todas las facultades; mientras que el candidato Enrique Cáceres, quien representaba el continuismo de César Reyes Peña, sumó 283 votos. Este resultado parcial equivale al 2/3 del resultado final. Por otro lado, entre los más de 14 mil estudiantes de pre y postgrado, Ordinola Boyer se impuso con el 56.51% de los votos, mientras que Cáceres Florián solo logró el 43.49%. Estos resultados equivalen a 1/3 del resultado. Con la sumatoria, José Ordinola Boyer asumirá el cargo de rector de la UNP para el próximo periodo de gobierno en la casa superior de estudios. La jornada electoral transcurrió con algunos incidentes, como la distribución de volantes alusivos a Dignidad Universitaria, con propuestas falsas. Asimismo, uno de los miembros del comité electoral habría intentado hacerse pasar como asistente de un fiscal adjunto de Prevención del Delito que supervisaba el desarrollo de las elecciones.

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Congreso aprueba amnistía para policías y militares violadores de derechos humanos

El Congreso de la República aprobó de manera definitiva la ley de amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000). La norma permite que quienes hayan cometido delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo señalado queden exentos de responsabilidad penal; sin embargo, esto no aplica para los que se encuentren procesados por terrorismo o corrupción. Además, también la ley incluye además que personas mayores de 70 años también puedan acogerse a esta norma. Según especialistas, esto podría incluir a sentenciados en casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Es importante precisar que en el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inválidas las leyes de amnistía para policías y militares en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la norma como «un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad», y advirtió que podría afectar más de 150 sentencias ya emitidas y dejar sin justicia a cientos de víctimas. «Procesos aún en trámite podrían ser archivados sin posibilidad de apelación, consolidando la impunidad y negando el derecho de acceso a la justicia», alertó la organización en un pronunciamiento público.

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