1 de julio de 2025

Piura es la octava región con mayor cantidad de niñas forzadas a ser madres. Solo en lo que va del año 2025, ya se ha registrado 17 de estos casos. Se trata, en su gran mayoría, de casos de violación sexual cometidos por hombres adultos, en muchos casos del círculo cercano de la víctima. Según cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), solo entre enero y junio de 2025, 328 niñas menores de 14 años fueron forzadas a continuar con embarazos en todo el país. Además, por sexto año consecutivo, las regiones de Lima, Loreto y Ucayali han concentrado de forma sostenida cerca del 30 % de los nacimientos en niñas de ese grupo etario. En el balance, desde el año 2019 hasta el 2025, un total de 405 niñas han sido obligadas a ser madres en la región Piura. Y en todo el país el total asciende a 8211, siendo Lima, Loreto y Ucayali las regiones con más caso. El tema volvió al debate público debido a que, hace unos días, mediante la Resolución Directoral N° 200-2025-DG-INMP/MINSA se oficializó la aprobación de la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”,  dejando sin efecto la directiva anterior. La iniciativa, que fue promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular, reduce a once los quince supuestos, por lo que un médico podría aplicar un aborto terapéutico, eliminando las causales vinculadas a la salud mental de la gestante. En abril del 2024, una niña de 13 años fue sometida a una cesárea de emergencia debido a complicaciones graves a causa de su embarazo. La menor, quien fue víctima de violación sexual desde los 9 por parte de Hermes Gutapaña Gómez (42 años), fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, en Ucayali, tras presentar un cuadro de preeclampsia.  Aunque el embarazo de la menor representaba un alto riesgo para su salud física y mental, los familiares denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo correspondiente para salvaguardar su bienestar. El fiscal, que acudió al centro médico tras ser notificado, sostuvo que el embarazo debía continuar, argumentando que el bebé serviría como “prueba” del delito, ignorando el procedimiento de asentimiento tanto de la menor como de sus parientes. Continuar un embarazo forzado que ha sido producto de una violación es degradante, cruel e inhumano. Así lo califican organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité de Derechos del Niño.