23 de junio de 2025

Junta Nacional de Justicia insiste en sacar ilegalmente a la fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) volvió a insistir en sacar ilegalmente de su cargo a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Con ello, busca imponer por la fuerza a Patricia Benavides, con una resolución inconstitucional. La directora encargada de la oficina de procesos disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo envió un oficio en el que amenaza a la fiscal de la Nación con «usar la fuerza pública» si en el plazo de un día no repone y proclama a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Sin embargo, nada dice sobre los reiterados pedidos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que la JNJ exhiba y notifique el acta de la sesión en la que se declaró la nulidad del procedimiento disciplinario de destitución seguido a Patricia Benavides con el voto y la firma de los siete miembros de la JNJ. Cabe recordar que, el pasado viernes 13 de junio, la JNJ emitió una resolución que busca reponer a Benavides como fiscal de la Nación, pero que es firmada únicamente por el presidente, Gino Ríos Patio, cuando lo que corresponde es que firmen todos los miembros del pleno de la JNJ, dando a conocer el sentido de sus votos y motivando (justificando) su decisión. Además, la audiencia de votación debió ser pública y debió contar con la asistencia de todos los miembros del pleno, a fin de lograr la unanimidad. Sin embargo, en la sesión faltó el magistrado Francisco Távara, quien posteriormente dio a conocer que su voto era en contra de reponer a Benavides. Por si eso fuera poco, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación, ya que esa es una atribución única y exclusivamente de la Junta de Fiscales Supremos, que corresponde al Ministerio Público. Y en caso quisiera reponerla como fiscal supremo, todavía hay en curso dos denuncias constitucionales pendientes contra Patricia Benavides, que deben ser resueltas para decidir su situación.

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Piura: Motos nuevas del Serenazgo se empolvan por falta de personal

La Contraloría General de la República reveló deficiencias críticas en el servicio de patrullaje que brinda el Serenazgo Municipal en la región Piura, en medio de una crisis de seguridad ciudadana, con robos, asesinatos y asaltos a mano armada varios puntos. Según el informe de control, de los 204 vehículos destinados a este servicio e la región, 22 están inoperativos y una parte significativa de los vehículos operativos no está siendo utilizada por falta de personal. La Municipalidad de Piura encabeza la lista de vehículos que se empolvan mientras urge que el Serenazgo brinde un patrullaje eficiente en la ciudad. Este municipio, a cargo del alcalde Gabriel Madrid, tiene 24 motocicletas en buen estado que permanecen inactivas. A ello se suman otras municipalidades provinciales como Talara, Sullana, Huancabamba y Paita, que también registran vehículos operativos fuera de uso, incluyendo camionetas y scooters. Esta situación limita severamente la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana. Además, el informe advierte que más de la mitad de los radios utilizados por los serenos están inoperativos y solo una cuarta parte de los municipios inspeccionados cuenta con equipamiento completo de protección. En contraste, otro 25 % carece por completo de equipos para el personal de serenazgo, como es el caso de Morropón, Catacaos y Bellavista. En el caso de Sechura, se detectó que, pese a haber adquirido chalecos antibalas, escudos y otros implementos en mayo de 2024, estos permanecen almacenados sin ser distribuidos ni haber capacitado al personal en su uso. La Contraloría exhortó a las autoridades locales a tomar medidas urgentes para optimizar los recursos disponibles y reforzar la seguridad ciudadana en la región.

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