Policía otorga seguridad del Estado a Patricia Benavides pese a que no es fiscal
La Policía Nacional del Perú (PNP) otorgó seguridad del Estado a Patricia Benavides Vargas, pese a que no es fiscal suprema ni fiscal de la Nación. El comandante general, Víctor Zanabria, ordenó a las dependencias policiales que se reconozca y preste protección a Benavides como fiscal de la Nación de facto, sin que haya ningún documento legal que la reconozca como tal. La directiva de Zanabria fue dispuesta el pasado 16 de junio último, mediante el documento Nº 863-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-SEC. En este documento se pone de conocimiento que, mediante la Resolución 231-2025-JNJ, Patricia Benavides supuestamente fue restituida en el cargo de fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, esta resolución es inaplicable, porque solo la firma el presidente de la JNJ y no se ha hecho público el sentir de los votos de todos los magistrados. Además, no obtuvo el voto unánime de los miembros y, según la Constitución, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos ya informó que luego de la destitución de Benavides, en mayo de 2024, procedió a elegir y nombrar a una nueva fiscal de la Nación por lo que el mandato de la anterior fiscal de la Nación ya feneció, de acuerdo con la legalidad vigente. Todo esto fue pasado por alto por el actual comandante general de la Policía Nacional que, indica el mismo documento policial, desde el 14 de junio a dispuesto brindar protección a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria es objeto de una investigación preparatoria por parte de la fiscalía anticorrupción por presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado doloso por hechos ocurridos durante su gestión en la IX Macro Región Policial de Arequipa, entre los años 2019 y 2020. La fiscalía detectó irregularidades en la asignación de obras a un contratista sin cumplir con los requisitos legales, la ejecución de remodelaciones en instalaciones policiales por parte de agentes fuera de su horario laboral, y la simulación de un contrato de patrullaje a pie por más de S/17.000, sin evidencia de que dicho servicio se haya realizado.
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