14 de junio de 2025

Buenaventura tiene 3 años para lograr acuerdo social de proyecto minero El Algarrobo en Tambogrande

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció que la ejecución del proyecto minero El Algarrobo, en Tambogrande (Piura), está estructurada en cuatro etapas sucesivas, que inician con una fase de hasta tres años para la construcción de un acuerdo social y la elaboración de estudios técnicos de un proyecto hídrico que garantice el acceso al agua para la población de la margen izquierda del río Piura. La concesión minera del proyecto fue otorgada recientemente a la Compañía de Minas Buenaventura, de propiedad de la familia Benavides. Según José Rogger Incio Sánchez, director de Proyectos de Proinversión, solo si se logra este acuerdo social, se dará paso a la segunda etapa —de hasta cinco años— para el desarrollo de estudios técnicos mineros y de impacto ambiental. En tanto, la tercera y cuarta etapas incluyen la implementación y eventual operación de una mina subterránea, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones técnicas, legales y sociales. El representante de Proinversión enfatizó que no habrá actividad minera sin consentimiento previo de la comunidad de Tambogrande, y que el componente hídrico del proyecto El Algarrobo es prioritario. Proyecto El Algarrobo: No habrá voladuras En respuesta a las preocupaciones por posibles impactos negativos, la agencia estatal afirmó que no habrá voladuras debajo de zonas habitadas, ya que la operación subterránea se desarrollará a más de 200 metros de profundidad y lejos de áreas urbanas y agrícolas. El procesamiento del mineral se realizará fuera del área de influencia directa, en zonas desérticas, a más de 10 kilómetros de Locuto. Además, el uso del agua será regulado, eficiente y reciclado en circuito cerrado, sin comprometer fuentes destinadas al consumo humano o agrícola. Asimismo, se descartó la presencia de relaveras cerca del río Piura. Cualquier disposición de residuos será diseñada bajo estándares modernos de seguridad, impermeabilización y monitoreo continuo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.

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Médicos del hospital JAMO de Tumbes marcan asistencia y se retiran sin trabajar

¡Indignante! Médicos del hospital regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO) de Tumbes marcan asistencia y luego se retiran del establecimiento de salud sin trabajar. La Contraloría General de la República detectó ausencias injustificadas del personal asistencial en este nosocomio, pese que registraban su ingreso a la entidad. Esto significa el incumplimiento de su jornada laboral y que realicen actividades ajenas a sus funciones, lo que podría generar un grave riesgo a la vida e integridad de los pacientes y a una oportuna atención en casos de emergencia. Al respecto, de una muestra aleatoria, se advirtió por ejemplo que una médico anestesióloga, responsable de acudir ante cualquier emergencia para garantizar la seguridad al momento de las intervenciones quirúrgicas de los pacientes, no estaba en la entidad, pese a que se encontraba programada, según el cronograma. Además, durante una guardia nocturna se constató que personal de hospitalización y emergencia de los servicios de laboratorio, triaje, salud mental y la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos marcaba su ingreso al hospital para luego retirarse y reingresar a los 30 minutos o luego de más de dos horas, tiempo en que estuvieron ausentes en sus respectivas áreas, registrándose el hecho en el acta de Contraloría. Por otro lado, las guardias hospitalarias en el hospital regional de Tumbes no se programan con la anticipación debida, incluso se aprueban cuando ya inició el mes. Estas jornadas son de máximo 12 horas continúas; sin embargo, once trabajadores de diversos departamentos y servicios tenían guardias continuas de día y noche (24 horas), vulnerando la optimización del uso del recurso humano, seguridad, oportunidad y cobertura de los servicios.

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FMI advierte que las leyes del Congreso golpean a la economía peruana

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó su evaluación anual sobre la economía peruana, como parte del seguimiento regular que le hace a todos sus países miembros. En su reporte, alertó de los impactos legislativos que ha aprobado el Congreso peruano en detrimento de las finanzas públicas del país. En solo una década, entre 2014 y 2024, el número de proyectos de ley tributarios aumentó en un 190%, “buscando otorgar tratamientos fiscales preferenciales», remarca el organismo multilateral. Según el Consejo Fiscal, desde el 2021, el Congreso actual ha aprobado 168 iniciativas con impacto fiscal. «La actividad legislativa en este ámbito ha generado costos no despreciables en el mediano plazo, afectando la credibilidad fiscal. Algunas de las medidas recientemente aprobadas reducen la recaudación tributaria», precisó el FMI sobre el severo impacto en la economía peruana. En cálculos del FMI, el proyecto de la nueva ley agraria conocida como la Ley Chlimper 2.0, que recorta impuestos del 29,5% al 15% a las agroexportadoras, impactará en 0,2% del producto bruto interno (PBI) anuales, lo que representa aproximadamente S/ 1800 millones de recaudación tributaria. Esta propuesta aguarda su segunda votación en el Pleno del Congreso para la estocada final, toda vez que el Poder Ejecutivo se alista para promulgarla, según confirmó el ministro de Agricultura Ángel Manero. Condonación de deudas y tasa reducida al IGV Respecto a la iniciativa de la condonación de multas, recargos e intereses del programa Reactiva Perú, el FMI señala que tendrá un impacto de 8% en la economía peruana, mientras que la condonación de deudas tributarias será de 7% del PBI. Ambas propuestas se encuentran en la Comisión de Economía del Congreso. Otro detalle no menor es que la proporción de medidas aprobadas por insistencia, es decir, con opinión negativa del Ministerio de Economía, aumentó al 20% en esta legislatura, comparado con solo 9% en los 20 años anteriores. Otra de las iniciativas incluyen la extensión de una tasa reducida del Impuesto General a las Ventas (IGV) para micro y pequeñas empresas del sector turismo; un nuevo marco general para zonas económicas especiales con tasas reducidas del impuesto a la renta (IR) durante 25 años y la condonación de multas e intereses para los participantes en programas de amnistía tributaria.

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