30 de abril de 2025

Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Pedro Castillo por cohecho

La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones (2021-2022), como presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado. El anuncio se hizo a través de un comunicado público. La denuncia constitucional también alcanza a Geiner Alvarado, en su calidad de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio; y Félix Chero, en su actuación de ministro de Justicia y Derechos Humanos, como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio. Los hechos están referidos a la solicitud de dinero que habría efectuado Pedro Castillo a Geiner Alvarado, a cambio de mantenerlo en el cargo de ministro de Vivienda. En tanto, que Geiner Alvarado habría solicitado dinero a Sada Goray Chong, representante de la empresa Markagroup, por intermedio de Salatiel Marrufo Alcántara, a cambio del reemplazo del presidente y miembros del directorio del Fondo Mivivienda.  Además, Sada Goray se beneficiaría con 376 millones de soles que el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar programas del referido fondo. En cuanto a Félix Chero, habría solicitado dinero a Geiner Alvarado a cambio del reemplazo del superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, requerido por este último al expresidente Pedro Castillo.

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Desestiman inhabilitación de Martín Vizcarra por cierre del Congreso en 2019

El Pleno del Congreso no alcanzó los 66 votos necesarios y desestimó la Resolución Legislativa 10977/2024-CR, que planteaba la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por supuestamente haber infringido el artículo 134 de la Constitución Política, tras haber cerrado el Congreso de la República el 30 de setiembre del 2019. La propuesta solo obtuvo 61 votos a favor, 12 votos en contra y 8 abstenciones.  Seguidamente, también se desestimó la Resolución Legislativa 10975/2024-CR que propone inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos Salinas, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Obtuvo 64 votos a favor, 12 votos en contra y 5 abstenciones.  Por otro lado, mediante una cuestión de orden planteada por Roberto Sánchez Palomino (JP-VP), se declaró la caducidad en el extremo referido al exministro Salvador del Solar, debido a que el artículo 99 de la Constitución establece que solo se le puede acusar “por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”.  La titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y miembro de la Comisión Acusadora, María Acuña Peralta (APP), fue quien sustentó el informe final correspondientes a las Denuncias Constitucionales 384, 400 y 466, acumuladas.  En dicho informe final, se concluye que Martín Vizcarra Cornejo, en su condición de exjefe de Estado, es acreedor de esta inhabilitación “por su conducta, comportamiento y hechos objetos de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política por el cierre del Congreso de la República”. Martín Vizcarra se hizo presente en el Congreso y sostuvo que lo hizo “para enfrentar un nueva persecución política”.  Desde que asumió el liderazgo del país, continuó, “he sido objeto de ataques sistemáticos: me vacaron ilegalmente, me inhabilitaron arbitrariamente, me acusaron sin pruebas, me difamaron sin descanso. La razón: porque no me sometí, porque defendí al pueblo frente a los intereses que han secuestrado parte de nuestras instituciones”.  Del Solar Labarthe, a su turno, dijo que su presencia se debía a “un juicio político que nunca debió iniciarse, por una sencilla razón, y es que este asunto tuvo ya un proceso, y tuvo ya una sentencia que zanjó el tema”.

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Congreso rechaza inhabilitar a Francisco Sagasti por pase al retiro de generales PNP

El pleno del Congreso desestimó el Proyecto de Resolución Legislativa 10969/2024-CR, que planteaba la inhabilitación del expresidente Francisco Sagasti por 10 años para el ejercicio de la función pública, por supuesta infracción de los artículos 45, 139 (inciso 3) y 172 de la Constitución. La propuesta obtuvo 61 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. Al exmandatario Francisco Sagasti se le acusaba de haber resuelto arbitraria e ilegalmente el pase al retiro de tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional del Perú. El informe final fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña (APP). Por su parte, el parlamentario Jorge Montoya, delegado y miembro de la subcomisión acusadora, expuso endebles argumentos. En la sesión, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sostuvo que los denunciados no justificaron su ausencia en la sesión del pleno, por lo que la Mesa Directiva calificó ello como una inasistencia injustificada, de acuerdo al artículo 89, literal K, del Reglamento del Parlamento. Por otro lado, con 60 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso 10972/2024-CR, que declara haber lugar a la formación de causa penal contra el expresidente Francisco Sagasti Hochhausler, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

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«Hija política» de César Acuña gana S/ 19 mil en oficina recién creada en el Congreso

Yessenia Lozano Millones (36), una afiliada del partido político Alianza Para el Progreso (APP), es conocida como la «hija política» de César Acuña Peralta. Es también la jefa de Centro de Modalidades Formativas del Poder Legislativo y gana un sueldo de S/ 19 mil, según reveló un reportaje de Cuarto Poder. Lozano obtuvo el grado de abogada en el 2013 y la colegiatura en el Colegio Profesional de Abogados en el 2016. Cuenta con estudios de maestría en Administración y Gestión Pública en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN). Asimismo, cuenta con más de 11 años de experiencia profesional en la administración pública en los tres niveles de gobierno, especialmente, en temas parlamentarios. Pero aunque cuenta con la experiencia requerida para el puesto, que según su estatuto requiere acreditar cinco años de experiencia profesional, haber laborado en el Congreso, entre otros requisitos, se trata de una persona que mantiene un vínculo cercano con César Acuña, al punto de ser considerada su «hija política». Lozano evitó dar declaraciones y dijo que la oficina que lidera no está vinculada al fundador de Alianza Para el Progreso. Sin embargo, su afirmación contrasta con un cuadro de gran tamaño ubicado en la parte central del lugar y que luce una fotografía de César Acuña. Dicho cuadro fue posteriormente retirado del lugar por una disposición de la Oficialía Mayor del Congreso, la cual ordenó que ninguna oficina de servicios parlamentarios cuente con imágenes o referencias a partidos políticos. Justamente esta medida se dio a conocer en un comunicado del Parlamento en el que se pronuncia sobre el referido reportaje.

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